En nuestro país hay más de 600 cooperativas en funcionamiento que abastecen a 2.500.000 usuarios de energía eléctrica, lo que representa aproximadamente el 12 por ciento del mercado.
Están asentadas por todo el territorio, con fuerte presencia en las localidades del interior y rurales, cumpliendo un rol social fundamental para las comunidades.
FACE es la federación que las representa, cuyo presidente, Luis Pozzo, asegura que "está trabajando en el desarrollo de un proyecto de generación de energía a través de la Biomasa a partir de la producción de biomasa de maíz, sorgo y maní.
Respecto de la Ley 27.191, se mostró a favor, en el sentido de crear un marco regulatorio que propicie las inversiones, pero se mostró preocupado por el precio máximo de 113 dólares del MWh, dado que en su opinión sólo beneficia a la tecnología eólica.
"No alcanza para promover solar, biomasa y otras renovables", señaló.
Y también advirtió sobre las exenciones impositivas que establece hasta 2017 para traer molinos, turbinas, paneles solares y otros equipos de energías limpias.
"Si bien contiene objetivos loables y deseables no se inscribe en un plan de desarrollo energético integral, no promueve desarrollo de la industria local existente, sino que por el contrario alienta la importación de equipos extranjeros, especialmente europeos, aunque también chinos.
Esto implica una mala señal para esa incipiente industria nacional de componentes para la energía eólica, consideró.
Por otra parte, alertó que la obligación de compra que dispone sobre los usuarios con demanda de potencia de 300 Kw "puede llegar a impugnarse por discriminatoria y por lo tanto inconstitucional. Además, cuestionó que "no está claramente garantizada la financiación de los desarrollos eólicos, que fue el error de la ley anterior, 26.190.
Solamente una adecuada reglamentación que contemple estos inconvenientes puede permitir un buen desempeño de la ley en una cuestión esencial para el desarrollo energético.