La Fiscalía Nacional Económica (FNE) de Chile envió un oficio de recomendación normativa al Ministerio de Energía sobre la posible migración de clientes regulados tras la reducción del límite de 500 kW a 300 kW de potencia conectada para que los usuarios puedan optar al mercado libre de energía. ¿Por qué? La Fiscalía Nacional Económica considera que no se dispone de "información suficiente" para tomar decisiones eficientes que tengan en cuenta la dinámica del mercado de mediano y largo plazo, en particular por la complejidad para determinar el costo total del suministro en el régimen de cliente libre y la obligación de permanecer en tal régimen por al menos 4 años. "Preocupa a la FNE el hecho que esas asimetrías de información y sesgos conductuales puedan influir en la decisión de migrar de un régimen regulado a uno libre, en circunstancias que un agente económico más sofisticado hubiese tomado una decisión distinta", señala la carta de la Fiscalía. "Adicionalmente, la existencia de asimetrías de información y sesgos conductuales podrían tener la capacidad de reducir la intensidad competitiva dentro de este segmento de clientes en particular, considerando además el incipiente desarrollo y ausencia de regulación relativa a los comercializadores de energía", agrega. Y cabe recordar que a partir de la baja del límite de potencia, había entre 5000 y 8000 clientes que podrían acceder al mercado eléctrico libre, lo que representa alrededor de 1,5 2 TWh que podrá comprar energías renovables, firmar contratos que promuevan inversiones y ayuden a la transformación energética del país, según estimaciones gremiales del sector. "La preocupación de la FNE es que la existencia de la asimetría y sesgos de conducta podrían tener la capacidad de reducir la intensidad competitiva dentro del segmento de clientes que pasarían de regulados a libres.
Y la complejidad regulatoria que la negociación no sólo se agota en el suministro de energía, sino que hay una serie de elementos a considerar, como por ejemplo los costos sistémicos", analizó Miguel Pelayo, abogado senior de Arteaga Gorziglia, en diálogo con Energía Estratégica. En este sentido, la FNE recomienda la implementación de diversas herramientas para "fomentar un correcto desempeño competitivo del mercado", incluyendo el establecimiento de información sobre los costos adicionales y obligaciones que enfrentarán quienes opten por el régimen libre y la mejora del registro público de usuarios entre 300 kW y 5000 kW, y nuevos indicadores de precios medios que consideren factores relevantes para la evaluación de sus opciones tarifarias. 
Miguel Pelayo - Abogado senior de Arteaga Gorziglia Por otro lado, es preciso recordar que la CNE recientemente redujo los volúmenes de energía a subastar en las próximas licitaciones de suministro (2000 GWh a 1600 GWh en 2025), producto de la rebaja del límite de potencia para optar a la condición de cliente libre y la definición de definición de comunas en transición energética (Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quintero y Coronel). SLa autoridad debería ponderar bien y brindar alguna aproximación a partir de un análisis caso a caso, dependiendo dónde se emplazan los clientes y dónde se darían los impactos.
Pero cuando se tiene incertidumbre de los volúmenes, se traduce en incertidumbre regulatoria y mayores precios", complementó Pelayo. Asimismo, esta medida tendría un impacto en materia de calificación de instalaciones de redes de transporte eléctrico por aquellas líneas que sean mixtas (público - privadas) y por la posibilidad de que los nuevos clientes deban realizar contratos de peaje con transmisores si es que alguno de sus consumos requieren pasar por una línea privada. "Eso significa que hay otra capa de riesgo que se suma al precio del suministro y de los costos sistémicos, en un tiempo acotado y si esa nueva ecuación tiene sentido", indicó el abogado senior de Arteaga Gorziglia Próximos pasos El Ministerio de Energía no está obligado a responder el oficio de recomendación de la Fiscalía Nacional Económica ni a ninguna carta de otra entidad, pero lo más "prudente" sería que el gobierno se pronuncie oficialmente sobre el tema y eventualmente, requerir información o mayores antecedentes para efectos de evaluar la factibilidad de las medidas. "Aunque sí llama la atención que el Ministerio de Energía haya dictado la resolución que rebajó el umbral de manera tan rápida y sin abordar o hacerse cargo de la totalidad de las observaciones del proceso, ya que hay una serie de aspectos regulatorios de competencia del Ministerio que debe ponderar", agregó. "De todos modos, la migración de clientes regulados a libres no es inmediata, sino que los efectos empezarán a verse a fines del 2025 y comienzos del 2026.
Por tanto, habría espacio o tiempo para tomar medidas mitigadoras de los potenciales impactos de esta medida y riesgos que se pudiesen avisorar", concluyó.
