A pocas semanas de las elecciones generales en Honduras (30 de septiembre), el rumbo del sector energético se perfila como una de las principales áreas de contraste entre los tres principales candidatos presidenciales: Rixi Moncada por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Nasry Asfura por el Partido Nacional, y Salvador Nasralla por el Partido Liberal.
Según describió Leonardo Deras, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), cada uno representa un modelo energético distinto. "La candidata del partido de gobierno continuará por la senda de la estatización del sector energético y dos de ellos han expuesto la intención de volver a la ruta de la liberalización del mercado, afirmó Deras, en referencia directa a Rixi Moncada, actual representante del oficialismo, como la figura que daría continuidad al modelo estatal vigente.
El contexto actual del sistema eléctrico hondureño está marcado por limitaciones estructurales, especialmente en materia de transmisión, y por una creciente participación estatal en generación y distribución.
Esta tendencia se intensificó durante el actual gobierno de Xiomara Castro, con la reversión parcial de procesos liberalizadores iniciados en administraciones anteriores.
En paralelo, el proceso electoral ha puesto de relieve la ausencia de definiciones claras sobre el futuro de entidades clave, como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Ministerio de Energía y la propia CREE.
La falta de estructura institucional consolidada genera incertidumbre entre los actores del sector y debilita la planificación de largo plazo.
Desde una óptica opuesta, Nasry Asfura y Salvador Nasralla se han manifestado públicamente a favor de reactivar un mercado más abierto y competitivo, apuntando al retorno de esquemas que favorezcan la participación del sector privado, especialmente en generación y comercialización.
Esa postura, según analistas del sector, implicaría modificar los marcos regulatorios vigentes y redefinir el rol del Estado en el mercado eléctrico.
Para el sector, lo que está en juego no es solo un cambio de gobierno, sino la definición de un modelo de desarrollo energético para los próximos diez años.
Si la nueva administración logra consolidar una visión estratégica, con instituciones fortalecidas y reglas claras, Honduras podría posicionarse como destino clave para inversiones en energías renovables dentro de Centroamérica.
En ese marco, la elección entre estatización o liberalización no es meramente ideológica: impacta directamente sobre la atracción de capital, la expansión de la infraestructura eléctrica y la velocidad de la transición energética.
La CREE, como organismo técnico, deberá aplicar el modelo definido por la futura presidencia, garantizando estabilidad regulatoria y seguridad jurídica para todos los actores involucrados.
Más allá del resultado electoral, lo cierto es que Honduras se encuentra en un punto de inflexión en su política energética, y lo que ocurra en las urnas tendrá consecuencias directas en el funcionamiento del mercado eléctrico, en la confianza del sector privado y en la construcción de una matriz energética sostenible y diversificada.