Todo el sector energético, en especial los desarrolladores de proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables, ha esperado pacientemente, un instrumento que disipe la incertidumbre que provocó la suspensión" de hecho de la resolución N° 108/11 de Secretaría de Energía.
Muchos apostaban a que esa herramienta sería el Decreto que debía reglamentar la ley 27.191, y pospusieron asociaciones estratégicas y decisiones empresariales, mirando fijo ese punto en el horizonte.
Otros, tal vez los más escépticos, consideraban que una norma jurídica general, que contenía metas, instrumentaba regímenes de fomento, e incentivos al sector privado, no podría colmar tal expectativa, y el gobierno debía resolver que hacía con la resolución N° 108.
Pensamos con alivio que ese momento había llegado, con la publicación del Decreto /16.
Sin embargo, una lectura desapasionada y más profunda de la norma, parece haberles dado la razón a los recelosos.
Esta norma, lamentablemente delega definiciones fundamentales del procedimiento de presentación, selección de los proyectos, y adjudicación de los PPA, esta vez ojalá que sí- en una futura reglamentación de la reglamentación.
Es que el Decreto 531/16, regula con exhaustivo detalle todo lo relativo a metas, incentivos, beneficios impositivos, régimen de fomento (certificados), FODER, lo que no está mal, pero en cambio, deviene abstracta en lo que se refiere, precisamente, a la llave de ingreso al sistema.
Luego de señalar que el mecanismo para seleccionar los contratos de abastecimiento con CAMMESA, o quien la reemplace esto también dependerá de la futura resolución que se dicte-, será la licitación pública, vuelve a encargar a la Autoridad de Aplicación una definición respecto de: a) los plazos de puesta en marcha de la misma pese a que las autoridades señalan el mes de mayo como fecha cada vez más cierta-; b) el plazo, moneda -aunque podrán ser en dólares estadounidenses- y precio de los contratos.
Respecto de los parámetros a tener en cuenta en la licitación, también los delega en la futura regulación que se dicte, enumerando sólo que el proceso será público, competitivo y expeditivo, favoreciendo ofertas con menor precio y plazos de instalación más breves.
También se menciona al pasar, que podrán ser favorecidos aquellos que contengan contratación de mano de obra local.
El Decreto 531/16, guarda absoluto silencio respecto a si el contrato de PPA será transferible o no; si podrán presentarse a la licitación Uniones Transitorias, o si, como lo dice la fría letra de la ley, sólo serán admitidas personas jurídicas; si los proyectos deben concurrir con financiamiento acordado; si es necesario como requisito de presentación, ser agente del MEM; cuáles serán los ponderadores del proceso de selección de oferentes; el nivel del detalle de los proyectos; que grado de avance en estudios eléctricos y ambientales; título jurídico mínimo respecto de los terrenos donde se emplacen, etc.
La provincia de Mendoza, a través de la Empresa Mendocina de Energía S.A., posee una cartera de cerca de 500 MW en energías renovables, de diversas fuentes (solar, eólico, hidroeléctrico).
Nos preocupa que las definiciones necesarias para el éxito de la próxima subasta -si es que ese es el medio elegido- se difundan con la debida anticipación, dado que los silencios del régimen vigente, atentan contra la planificación e imposibilita a los desarrolladores, priorizar los diversos proyectos.
La tan esperada reglamentación, ha terminado dando la razón a quienes pensaron que la solución no pasaba tanto por reglamentar las metas y beneficios que otorga la ley 27.191, sino por delinear un sistema eficaz que permitiera generar proyectos confiables, realizables y seguros.
Nuestro mayor beneficio, pasa por generar las bases de un mercado de las energías renovables serio, seguro, eficiente y con equidad territorial.
Donde los plazos sean acordes al tipo de procedimientos y obras a realizar, y en el cual, tanto el desarrollador como el inversor, encuentren seguridad jurídica.
De lo contrario, la industria y el mercado pagarán las consecuencias de la improvisación y el apuro.
Nos resulta, al menos llamativo, la mención que se realiza de los proyectos encuadrados bajo la resolución N° 108, en el sentido que sólo escaparán al nuevo régimen, aquellos que hayan comenzado su construcción.
Esto constituye, sin dudas, el punto más débil de la nueva reglamentación.
Los proyectos con PPA suscriptos antes de la "suspensión" de la resolución N° 108/11, deberían ser respetados dentro del marco jurídico anterior.
De lo contrario, si a ello sumamos lo acotado de los plazos declamados por las autoridades- para realizar la primera subasta, y las indefiniciones que todavía subsisten, no podemos sino concluir que pareciera que sólo estarían destinados a ella, aquellos proyectos.
Esperemos que no.