Era de esperar que el Gobierno postergara multas a los proyectos de energía limpia que no finalizaron la construcción tal como plantean los contratos PPA, dado que la pandemia afectó los plazos para concluir las obras.
Así refleja la nota que Osvaldo Arrúa, Subsecretario de Energía Eléctrica envió el jueves pasado a Esteban Kiper, Gerente General de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA). "Se instruye a prorrogar los plazos dispuestos en la NO-2020-37458730-APNSE#MDP de fecha 10 de junio del 2020 hasta el 15 de noviembre de 2020 siendo aplicable la presente para aquellos proyectos que no hubieran sido habilitados comercialmente a partir del 12 de marzo inclusive", le expresa Arrúa.
Pero quizás lo más interesante tenga que ver con que Arrúa solicita a Cammesa que remita a la Secretaría de Energía "un informe circunstanciado relacionado con cada programa de la referencia, donde se detalle por cada proyecto la Fecha Prevista de Habilitación Comercial, y se justifique la imposibilidad y/o dificultad o demora en el avance de la obra". ¿Definirá el Gobierno qué actitud tomar con los emprendimientos que ya se sabe que no van a construir? Es una definición esperada por el sector porque libera el camino para proponer nuevos programas de generación renovable.
A priori, Arrúa se muestra un tanto apurado: "este informe deberá ser presentado en los próximos 15 días corridos de la fecha de esta comunicación debiendo solicitar a los agentes generadores la información que sea necesaria al respecto".
Párrafo seguido, el funcionario indica en su nota que se "instruye a CAMMESA a realizar todos los actos y gestiones necesarias a los efectos de conservar la vigencia de los derechos que la asisten en el marco de los Contratos celebrados, pudiendo requerir en su caso la renovación de garantías que correspondan y cualquier acción en resguardo de sus derechos, como también de los derechos de la Secretaría de Energía y del Estado Nacional, incluyendo aquellos enmarcados en la Resolución ex MEyM N° 281/2017".
Según informó días atrás Energía Estratégica existen 2.000 MW de energías renovables que no mostraron avances en la construcción, adjudicados durante el Gobierno de Mauricio Macri en las subastas del Programa RenovAr y el Mercado a Término (MATER).
Si se lo piensa como inversiones, suman algo así como 2.000 millones de dólares que se anunciaron durante la gestión anterior pero que finalmente no se concretaron.
Pasando a limpio, sobre un total de 5.000 MW que aproximadamente se asignaron en las distintas etapas del Programa RenovAr, 1700 MW ingresaron en operación comercial; 1800 MW se encuentran en obras; y 1,400 MW figuran directamente en la «black list» que Energía Estratégica mostró en artículos anteriores.
Del Mercado a Término (MATER) marco regulatorio que se propone impulsar contratos de abastecimiento de energía limpia entre generadores y grandes usuarios de los 1.200 MW que obtuvieron prioridad de despacho, 694 MW están inyectando energía, mientras que 500 MW no iniciaron la construcción. 