El gobernador Francisco Pérez mantuvo ayer a la tarde una reunión de trabajo con el titular de hacienda a nivel nacional, Axel Kicillof, y los empresarios José Cartellone y Enrique Pescarmona en Buenos Aires.
En el encuentro se evaluaron variables sobre el avance de la obra hidroeléctrica Los Blancos, un proyecto de un complejo hidroeléctrico que comprende la construcción de dos represas sobre el río Tunuyán.
Ambas centrales compartirán una planta transformadora de energía eléctrica y la red de cableados de alta tensión.
Esta iniciativa, prometida desde hace años, incluye las presas Los Blancos y Los Tordillos y sus respectivas centrales hidroeléctricas, llamadas Los Blancos I y Los Blancos II.
Una de las posibilidades que analiza en conjunto el Gobierno nacional y el Ejecutivo provincial es que Impsa participe en el desarrollo del proyecto hidroeléctrico.
La obra fue adjudicada a la firma Cartellone y la idea es que Impsa realice algunas tareas de equipamiento e ingeniería.
El Estado nacional podría financiar la obra hidroeléctrica, aunque por ahora sólo es una alternativa que se evalúa.
La agenda de reuniones entre el Gobierno nacional, el Ejecutivo provincial y los privados continuará a fin de lograr avanzar en el desarrollo del proyecto.
Recordemos que el Gobierno provincial se comprometió a realizar gestiones ante la Nació para aliviar la situación financiera que atraviesa Impsa, que la obligó a entrar en default en octubre y a suspender trabajadores en sus plantas ubicadas en nuestra provincia.
Desde la empresa esperan también que se agilice la entrega de los planes Repro para abonarle a los trabajadores.
En medio de la crisis que afecta profundamente a IMPSA, desde la empresa tienen en claro que más allá de los subsidios que llegasen desde el Gobierno nacional para pagar sueldos, la verdadera solución radica en el cobro de la deuda de otros países y en la realización de obras.
Paralelamente, IMPSA aguarda el resultado de la licitación de Chuhuido (Neuquén), una obra hidroeléctrica por la que Pescarmona presentó la mejor oferta: $ 11.994 millones.
Sin embargo, esta licitación arrastra varios fracasos.
En 2003, fue preadjudicada a Pescarmona, pero el Gobierno dio marcha atrás con esa decisión.
En 2010, tras otro concurso, se preadjudicó a Electroingeniería y CPC, pero esos grupos no contaban con el financiamiento necesario.