Severo Buenalaya, gerente de División de Generación y Transmisión de OSINERGMIN, lanzó una advertencia categórica su participación en Future Energy Summit (FES) Perú: avanzar en la transición energética sin reglas claras ni reglamentos definidos es un riesgo que compromete la seguridad del sistema eléctrico, la bancabilidad de las inversiones y el equilibrio económico del mercado. "Lo ideal sería que las reglas estén claras antes de que ustedes inviertan, afirmó Buenalaya, en un mensaje directo a los actores privados presentes en el encuentro.
Su intervención apuntó al atraso en la reglamentación de la Ley 32249, aprobada en enero de 2025, cuyo plazo legal de cuatro meses ya fue ampliamente superado. "Estamos en octubre y no vemos ningún tipo de publicación, advirtió. En su análisis, la falta de definiciones genera un doble problema: por un lado, deja al inversor sin un marco de certeza sobre los mecanismos de remuneración y servicios que debe cumplir; por otro, abre la puerta a que el Estado imponga nuevas exigencias técnicas luego de iniciadas las obras. "Cuando el Estado ponga adecuaciones, muchos van a pensar que los proyectos que han hecho no son bancables, remarcó el funcionario. El ejecutivo recordó que una situación similar ya fue abordada en el pasado, cuando se implementó el Mecanismo de Inversiones sin Ministros en 2006, que permitió garantizar ingresos mínimos para proyectos de generación, sobre todo a gas e hidroeléctricos. "Ese mismo mecanismo también serviría para los próximos proyectos solares e hidráulicos que vienen", sostuvo, aunque aclaró que la falta de reglamentación actual impide su aplicación efectiva. En este contexto, Buenalaya explicó que más de 1000 MW renovables han ingresado en los últimos tres años, y que el país espera incorporar entre 4000 y 6000 MW más en el corto plazo.
Pero este crecimiento trae consigo nuevas responsabilidades técnicas. "El problema que vemos es que esos proyectos no pueden brindar ciertos servicios, como regulación de frecuencia o atención de contingencias", planteó. La preocupación de OSINERGMIN no solo está centrada en los efectos sobre los desarrolladores, sino también en el impacto que podría trasladarse a los consumidores. "Los generadores están ganando con estos proyectos renovables, pero no los usuarios finales, porque no se refleja en precios, indicó.
Su diagnóstico es que el marco actual no garantiza que los beneficios de la transición lleguen de forma equilibrada a todo el sistema. Uno de los riesgos más destacados por Buenalaya es que las decisiones de política pública no lleguen a tiempo para ordenar el proceso. "Mi gran temor es que esto avance como está avanzando, y no haya reglas claras, enfatizó. En su opinión, eso puede desencadenar conflictos legales, paralización de obras y distorsiones económicas que afecten la sostenibilidad del sistema en su conjunto. Frente a esta situación, el funcionario insiste en que la solución es institucional y de gestión.
"Esperamos que el Estado pueda actuar en el tiempo que le queda", concluyó, apelando a una acción inmediata para emitir los reglamentos pendientes y dar respuesta al creciente número de inversionistas que hoy buscan certidumbre para apostar por el desarrollo renovable en el país.