Actualmente en Puerto Madryn están en funcionamiento, en proceso de construcción o en planificación por lo menos 9 parques eólicos por alrededor de 650 MW.
El 24 de abril pasado, el Concejo Deliberante aprobó el cobro de alícuotas y tasas sobre distintas actividades que funcionan dentro del territorio madrynense, entre ellas los proyectos de energías renovables.
Esto despertó luces de alarma por la envergadura de los montos fijados.
"Es un disparate lo que quieren cobrar", lamentó un alto directivo de una las cuatro empresas que operan en la zona con parques eólicos.
Uno de los impuestos comprende una alícuota a pagar una única vez del 2% del "total de la inversión final requerida para afrontar la totalidad de la obra.
Teniendo en cuenta que los emprendimientos motivarán inversiones por unos 1.300 millones de dólares, el municipio se quedaría con alrededor de 26 millones de dólares.
El otro impuesto tiene que ver con el pago de una tasa por Habilitación, Inspección, Seguridad e Higiene y Control Ambiental, que se pagaría una vez al año y en pesos argentinos.
Una de las empresas que tiene en carpeta unos 150 MW calculó que deberían pagar cerca de 2 millones de pesos por esta tasa.
Las empresas evalúan iniciar acciones legales ante la falta de respuestas del municipio por considerar a la medida como excesiva. ¿Es legal? En diálogo con Energía Estratégica, el abogado especialista Carlos Cueva, socio del estudio Beccar Varela, explica que si bien la Ley de Energías Renovables N°27.191 y la Ley de Energía Eléctrica N° 24.065 no permiten este tipo de impuestos, los municipios de igual manera pueden gravar actividades aduciendo que se trata de un cobro por brindar un servicio.
"Los municipios tienen facultades de aplicar tasas pero siempre que lo hagan dentro de los límites de la Ley y la razonabilidad de la contraprestación que se brinda respecto a los montos que pretenden cobrar", indica Cueva.
El abogado especialista señala que en este caso Puerto Madryn está cobrando impuestos con montos excesivos. ¿Marcha atrás? La industria pesquera también es alcanzada por ambos impuestos.
Como respuesta a ello, Conarpesa amenazó al intendente, Gustavo Sastre, que si no se revisan estos impuestos cerrarán su planta procesadora y se llevarán sus buques pesqueros a Santa Cruz.
La advertencia fue extendida al gobernador provincial, Mariano Arcioni.
Ante tantas presiones, el intendente se reunió el jueves de la semana pasada con el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras, Damián Santos, y se comprometió a modificar los impuestos.
"Gracias a todos los que entendieron que el diálogo es el único camino.
Que nadie se puede salvar solo.
Tuvimos una excelente reunión con Gustavo Sastre donde pudimos explicar la situación del sector y lograr un compromiso de modificar la ordenanza", destacó Santos a los medios madrynenses luego de la reunión, sin dar detalles de cuáles podrían ser tales modificaciones.
Rechazo unánime del sector empresario a una tasa que afecta a las energías renovables en Puerto Madryn