En el artículo 2 del proyecto, Rodríguez Saá resume los objetivos: "promover el uso racional de los recursos en los edificios de la administración pública nacional; disminuir el impacto ambiental producido por la construcción y funcionamiento de nuevos edificios.
Y al mismo tiempo entiende que así se podrá "contribuir con un cambio cultural que fomente hábitos de uso racional y cuidado de las edificaciones públicas a fin de incrementar su vida útil.
La propuesta apunta directamente a las obras de nuevos edificios del sector público nacional.
"Las disposiciones establecidas en la presente ley deberán aplicarse, siempre que sea posible, en los casos de refacción integral o modificación de edificios existentes de la administración pública nacional", precisa el legislador.
Y en el artículo 3, aclara los puntos a considerar: "máximo aprovechamiento de las condiciones naturales del entorno (relieve del terreno, dirección general de los vientos, variables climatológicas, niveles de insolación, entre otros); utilización de materiales e insumos que aporten al acondicionamiento térmico y a la mayor eficiencia energética. Lea también: "En línea con la emergencia energética empresas del sector difunden una guía para estimular el uso racional de la energía" También recomienda la implementación de sistemas e insumos que fomenten el uso medido y el tratamiento del agua, el uso eficiente de los recursos durante todo el proceso de construcción y la utilización de materiales de construcción no tóxicos, priorizando aquellos derivados de procesos de extracción o producción limpia.
Y, siempre que sea posible, materiales reciclados, regionales o renovables.
Para tal meta establece realizar jornadas de formación: "se deberán contemplar medidas de capacitación y adaptación para los empleados públicos que desempeñaran sus tareas en los edificios de la administración pública nacional que se construyan o refaccionen considerando criterios de sustentabilidad. Lea también: "El Gobierno busca activar el programa de uso eficiente y racional de la energía" El Estado, en este caso, daría el ejemplo al resto de la sociedad civil.
"El Poder Ejecutivo Nacional llevará adelante medidas de promoción para la radicación de empresas fabricantes de insumos utilizados en la construcción sustentable y facilitará la entrada al país de aquellos que no puedan fabricarse a nivel nacional", sugiere Rodríguez Saá.