La Unión Europea dio un nuevo paso para atacar uno de los principales cuellos de botella de la transición energética: los años que actualmente pueden demorar los permisos para construir renovables, almacenamiento y nuevas infraestructuras eléctricas.
El Parlamento Europeo y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional para introducir plazos máximos de autorización, simplificar procedimientos y acelerar las conexiones a la red en todo el bloque.
La propuesta establece que los permisos no deberán superar los tres meses para equipos solares y almacenamiento de energía integrado, con excepción del hidrógeno.
Para los sistemas de almacenamiento independientes, así como para las estaciones de recarga, el plazo máximo será de seis meses, mientras que las instalaciones hidroeléctricas de bombeo podrán disponer de hasta dos años.
El cambio resulta significativo frente a los tiempos actuales señalados por las instituciones europeas.
Según el Parlamento, los proyectos renovables pueden enfrentar trámites de hasta nueve años, dependiendo del país y la tecnología, mientras que las instalaciones de almacenamiento pueden tardar entre uno y siete años en conseguir las autorizaciones correspondientes.
La situación es todavía más compleja en la infraestructura eléctrica: las redes de transmisión tardan actualmente alrededor de 10 años en completarse, y los permisos representan más de la mitad de ese período.
El acuerdo busca reducir esa brecha mediante reglas comunes y un portal digital nacional único para centralizar los procedimientos administrativos.
Además, tanto los proyectos renovables como las redes eléctricas pasarán a ser considerados de interés público superior, una presunción que los Estados miembros únicamente podrán dejar de aplicar en casos debidamente justificados vinculados al patrimonio cultural, la seguridad o la defensa.
“Esta noche hemos dado un paso muy importante para garantizar un despliegue más rápido de energías renovables e infraestructura de red”, sostuvo Niels Fuglsang, eurodiputado responsable de las negociaciones.
Tres meses para conectar proyectos a la red
El acuerdo no se limita a los permisos de construcción.
También introduce límites específicos para los procedimientos de conexión a la red eléctrica, otro de los principales obstáculos que enfrentan nuevos proyectos solares, eólicos y de almacenamiento.
El plazo general será de tres meses, aunque podrá ampliarse hasta seis cuando exista una justificación suficiente.
Se contemplarán excepciones para sistemas aislados y pequeños sistemas conectados, como los existentes en determinadas regiones remotas.
El objetivo es aportar mayor transparencia y previsibilidad a un proceso que se vuelve cada vez más relevante a medida que aumenta el número de solicitudes de acceso.
Los cambios también alcanzan a instalaciones de menor escala.
El umbral de capacidad a partir del cual será necesario obtener permisos administrativos para solar, almacenamiento —exceptuando hidrógeno— y estaciones de recarga aumentará de 100 kW a 200 kW.
Además, las estaciones de recarga instaladas sobre estructuras artificiales y con una capacidad total de hasta 1 MW quedarán exentas de autorización administrativa.
“Las conexiones a la red más rápidas para los paneles solares en los tejados de los europeos o los sistemas de almacenamiento de energía son ejemplos de resultados concretos”, señaló Borys Budka, presidente de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo.
Los proyectos de más de 7 MW deberán compartir beneficios
El acuerdo incorpora además cambios sobre la relación entre los nuevos desarrollos energéticos y las comunidades donde se instalan.
El umbral a partir del cual será obligatorio establecer mecanismos de reparto de beneficios económicos con las comunidades locales se reducirá desde 10 MW hasta 7 MW.
De esta manera, los proyectos alcanzados deberán redistribuir parte de los beneficios económicos generados hacia las comunidades que los albergan o resulten afectadas por su desarrollo.
Las iniciativas impulsadas por comunidades de energías renovables quedarán exentas de esta obligación.
Los Estados miembros también podrán establecer apoyos dirigidos a consumidores vulnerables y personas afectadas por situaciones de pobreza energética.
La reforma forma parte del paquete europeo de medidas sobre redes eléctricas, presentado para abordar las barreras administrativas que ralentizan la construcción de nueva generación limpia y de la infraestructura necesaria para transportarla.
El origen de la iniciativa se remonta a la propuesta presentada por la Comisión Europea el 10 de diciembre de 2025, dentro de una estrategia más amplia relacionada con la competitividad y la política industrial del bloque.
Sin embargo, los nuevos plazos todavía no están definitivamente vigentes.
El acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo tiene carácter provisional y deberá ser aprobado primero por la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo.
Posteriormente tendrá que recibir el visto bueno del pleno del Parlamento y del Consejo antes de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Si completa ese proceso, Europa pasará de un escenario en el que determinados proyectos pueden esperar durante años por una autorización a contar con plazos máximos medidos en meses para solar, baterías y conexiones eléctricas, en un intento por acelerar la construcción efectiva de la infraestructura energética que necesita el bloque.








