La Asociación de Generadores con Energía Renovable (AGER) recibió positivamente el nombramiento de Francisco Tzirin como viceministro de Energía de Guatemala y trazó cuatro prioridades para sus primeros 100 días: lanzar la PET-4, agilizar las autorizaciones, actualizar la Política Energética Nacional e impulsar la inversión privada en geotermia.
En diálogo con Energía Estratégica, Astrid Perdomo, directora ejecutiva de AGER, destacó que el perfil técnico del funcionario puede resultar determinante en una etapa en la que Guatemala necesita coordinar la expansión de generación y transmisión para incorporar los proyectos adjudicados y sostener el crecimiento de la demanda.
“Desde AGER recibimos de manera positiva el nombramiento del Ing. Francisco Tzirin. Su trayectoria técnica y experiencia tanto en generación como en transmisión de energía le permiten conocer de primera mano los desafíos que enfrenta el sector eléctrico”, manifestó Perdomo.
El cambio de conducción coincide con una etapa decisiva para el mercado eléctrico guatemalteco, atravesada por la incorporación de la capacidad adjudicada en la PEG-5, la preparación de nuevas convocatorias de generación y transporte y la necesidad de garantizar continuidad a esta agenda antes del próximo recambio de gobierno.
La PEG-5 adjudicó alrededor de 1258 MW mediante 57 proyectos, de los cuales cerca del 73% corresponde a tecnologías renovables, con un fuerte predominio de iniciativas solares híbridas con baterías. El precio monómico promedio alcanzó aproximadamente 101 dólares/MWh, por debajo de los valores de contratación vigentes.
A esa expansión se suma la Licitación Abierta 1-2026, cuyas bases fueron autorizadas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) para cubrir los 300 MW pendientes de la PEG-5 y atender nuevas necesidades asociadas al incremento del consumo.
AGER considera que la incorporación de esos proyectos dependerá de que la infraestructura de transporte acompañe los cronogramas de entrada en operación. La disponibilidad de red aparece así como uno de los principales condicionantes de la próxima etapa de inversiones.
“Esperamos que, bajo su liderazgo, se avance en una agenda enfocada en fortalecer la seguridad energética del país, acelerar el desarrollo de nueva generación renovable y garantizar que las obras de transmisión necesarias permitan la incorporación oportuna de las plantas adjudicadas en la PEG-5”, sostuvo la directiva.
Cuatro decisiones para los primeros 100 días
La primera prioridad planteada por AGER es avanzar con la PET-4, cuya configuración deberá contemplar tanto las necesidades de conexión de los proyectos adjudicados en la PEG-5 como las de otras iniciativas actualmente en desarrollo, especialmente solares fotovoltaicas y sistemas de almacenamiento.
“Una de las principales prioridades debe ser el lanzamiento de la PET-4, con un diseño técnico que garantice que las nuevas obras de transmisión respondan a las necesidades de conexión de las plantas adjudicadas en la PEG-5 y de otros proyectos que ya se encuentran en desarrollo, particularmente de generación solar fotovoltaica y sistemas de almacenamiento”, precisó Perdomo.
El proceso cobra mayor relevancia después de que la PET-3 no alcanzara los resultados esperados, antecedente que volvió a poner en discusión las condiciones técnicas, económicas y regulatorias necesarias para desarrollar nueva infraestructura de transporte eléctrico.
La necesidad de reforzar la red también fue uno de los ejes centrales durante Future Energy Summit Guatemala. En ese encuentro, autoridades de la CNEE anticiparon que el país trabaja sobre una expansión superior a 500 kilómetros de líneas de transmisión para acompañar la entrada de nueva capacidad.
AGER sintetizó el riesgo que enfrenta el sistema si ambos segmentos avanzan a velocidades diferentes. “De poco sirve adjudicar nueva capacidad de generación si la infraestructura de transmisión no está disponible cuando los proyectos entren en operación”, advirtió Perdomo.
Por ello, la planificación conjunta entre nueva oferta e infraestructura de red se vuelve indispensable frente al aumento esperado del consumo y el objetivo de disminuir la exposición del sistema a combustibles importados.
El propio Ministerio de Energía y Minas presentó planes de expansión con horizonte 2050, elaborados a partir de las proyecciones de demanda y del calendario previsto para el ingreso de nuevas centrales, entre otras variables del sistema eléctrico.
Autorizaciones, política energética y geotermia
La segunda prioridad señalada por la asociación es agilizar los procesos administrativos dentro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), junto con una aplicación efectiva de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable.
AGER planteó que los desarrolladores necesitan mayor eficiencia, transparencia y previsibilidad en la gestión de permisos.
“La combinación de infraestructura adecuada y procesos ágiles es fundamental para mantener la confianza de los inversionistas”, enfatizó Perdomo.
Guatemala mantiene condiciones macroeconómicas y de mercado que despiertan interés entre desarrolladores internacionales, aunque persisten obstáculos capaces de extender los tiempos de ejecución y elevar el riesgo de los proyectos.
Uno de ellos surge en el ámbito municipal. Diferentes municipios comenzaron a exigir licencias o cobros para la construcción de instalaciones solares sin un respaldo claro en la legislación nacional, situación cuestionada por actores privados debido a su posible impacto sobre iniciativas adjudicadas en la PEG-5.
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La organización pidió avanzar hacia una estandarización de requisitos y procedimientos municipales, además de establecer reglas claras para la consulta previa a pueblos indígenas, bajo responsabilidad del Estado y con plazos previsibles para los desarrolladores.
AGER también identificó como necesaria una mejor coordinación entre el MEM y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para reducir demoras en licencias y autorizaciones vinculadas tanto a generación como a transporte.
En ese escenario, la entidad sigue con interés el avance de la iniciativa de ley 6665, orientada a agilizar la infraestructura urgente de transporte de energía y reducir los tiempos que actualmente afectan la ejecución de inversiones.
A este frente regulatorio se añade la implementación de la nueva Ley contra el Lavado de Dinero, que obliga al mercado a revisar y actualizar determinados modelos contractuales. Distintos actores advirtieron que una adecuación tardía podría provocar que la PEG-6 avance con contratos desactualizados y aumente la incertidumbre jurídica para desarrolladores y financistas.
La tercera medida propuesta para los primeros 100 días tiene un horizonte más estructural: actualizar la Política Energética Nacional, cuya vigencia concluye en 2027.
“La política vigente concluye en 2027 y el país necesita una visión de largo plazo que oriente la planificación, las inversiones y la toma de decisiones, alineada con la transición energética y los compromisos ambientales internacionales asumidos por Guatemala”, señaló la directora ejecutiva de AGER.
La asociación propone que esa nueva hoja de ruta se construya mediante un proceso participativo entre el Estado, el sector privado, la academia y la sociedad civil, con una planificación para los próximos 15 años.
La cuarta acción pasa por acelerar el desarrollo de la geotermia mediante condiciones que fomenten y permitan una mayor inversión privada, aprovechando un recurso que permanece ampliamente subutilizado.
“En particular, la geotermia representa una oportunidad estratégica para Guatemala. El país cuenta con un potencial estimado cercano a los 1,000 MW y actualmente solo aprovecha alrededor de 36 MW”, puntualizó Perdomo.
El atractivo de esta tecnología radica en su capacidad para aportar generación renovable de base y disponibilidad continua, características que pueden complementar una matriz con mayor participación solar y almacenamiento y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad del suministro.
PEG-6 y el desafío de mantener las inversiones
La futura PEG-6 completa la agenda que deberá administrar la nueva conducción energética, después de que la PEG-5 no cubriera la totalidad de la demanda inicialmente requerida.
Durante Future Energy Summit Guatemala, las autoridades anticiparon una nueva convocatoria destinada a incorporar aproximadamente 300 MW de potencia firme, mientras el mercado sigue con atención la definición de sus condiciones y cronograma.
AGER considera indispensable que esa contratación se articule desde el inicio con la expansión de la red. La eventual incorporación de generación a gas natural y geotermia requerirá capacidad de transporte disponible cuando los proyectos comiencen su operación comercial.
“El principal desafío es asegurar que la PET-4 envíe señales claras al mercado mediante una planificación adecuada y un marco que brinde certeza técnica y jurídica para las inversiones en transmisión”, afirmó Perdomo.
La continuidad de PEG-6 y PET-4 también adquirió una dimensión institucional ante las elecciones generales previstas para 2027 y los recientes cambios registrados en el Ministerio de Energía y Minas.
La salida de Víctor Hugo Ventura, uno de los principales impulsores de ambas futuras licitaciones, abrió interrogantes en el sector sobre el ritmo que podrían mantener los procesos. Su reemplazo por Erwin Barrios fue interpretado como una señal de continuidad de la política energética gubernamental.
En ese período también se produjeron modificaciones en el Viceministerio de Energía. El mercado privado sigue especialmente la capacidad de la nueva conducción para mantener los cronogramas de generación y transmisión antes del próximo cambio de administración, preservando previsibilidad para los inversores.
Para AGER, ese escenario obliga a transformar los procesos anunciados en infraestructura efectiva y a resolver, de manera paralela, los obstáculos administrativos y regulatorios que condicionan los tiempos de construcción.
La asociación también considera fundamental que el Estado refuerce la comunicación con la población sobre la importancia estratégica de ampliar la infraestructura eléctrica, debido a su impacto sobre el abastecimiento, la llegada de capitales, la generación de empleo y el desarrollo económico de las comunidades.
“La expansión coordinada de la generación y la transmisión será determinante para atender el crecimiento de la demanda y reducir la dependencia de combustibles importados, fortaleciendo así la independencia energética de Guatemala”, concluyó Perdomo.