Alemania puso en marcha su primera subasta de capacidad de largo plazo, con un volumen de 4500 MW de potencia y el objetivo de incorporar recursos capaces de respaldar al sistema eléctrico durante períodos de baja generación renovable o elevada demanda.
La Agencia Federal de Redes de Alemania (Bundesnetzagentur) fijó el 8 de septiembre de 2026 como fecha límite para presentar las ofertas. Los proyectos seleccionados accederán a un período de compromiso de 15 años, una condición que busca aportar previsibilidad financiera para nuevas inversiones.
El procedimiento marca el comienzo de una estrategia más amplia para sumar capacidad firme y gestionable al mercado alemán. En ese marco, el país proyecta nuevas convocatorias por más de 10 GW, mientras acelera la incorporación de energía eólica y solar y necesita recursos disponibles para cubrir sus variaciones.
La competencia no estará limitada a una única tecnología. La documentación oficial contempla la participación de centrales eléctricas y sistemas de almacenamiento, aunque la potencia reconocida dependerá de la capacidad efectiva de cada instalación para responder cuando el sistema la requiera.
En el caso de las baterías y otras instalaciones de almacenamiento, la Bundesnetzagentur aplicará factores de reducción vinculados con su duración máxima de suministro. Esto significa que los proyectos no competirán únicamente por su potencia nominal, sino también por la cantidad de horas durante las cuales puedan sostener la entrega de electricidad.
Así, un sistema de almacenamiento de 100 MW no necesariamente recibirá el reconocimiento de la totalidad de esa potencia dentro de la subasta. El volumen computable será ajustado según los criterios establecidos en la Ley de Seguridad del Suministro Eléctrico y Provisión de Nuevas Capacidades, conocida como StromVKG.
Los proyectos de mayor duración podrían partir con una ventaja frente a las baterías concebidas para ciclos breves. La capacidad de sostener la descarga durante más horas será determinante para calcular la potencia firme que podrá ofertarse y, en consecuencia, la remuneración potencial.
La regulación también admite propuestas compuestas por grupos de instalaciones, siempre que todos los activos pertenezcan a la misma clase tecnológica. En esos casos, el factor de reducción se calculará mediante el promedio ponderado de los coeficientes individuales, de acuerdo con la potencia nominal de cada unidad.
Por el contrario, las cargas gestionables y los grupos de pequeñas instalaciones no podrán participar en esta primera convocatoria. La propia Bundesnetzagentur aclara que estas categorías quedan fuera del procedimiento de capacidad de largo plazo.
Contratos a 15 años y un máximo de 244.000 euros por MW
Uno de los principales atractivos del mecanismo será su horizonte contractual de 15 años. Esta extensión podría facilitar el financiamiento de centrales gestionables, almacenamiento de larga duración y otras infraestructuras con elevados costos iniciales.
La Bundesnetzagentur estableció un precio máximo de 244.000 euros por MW de potencia reducida al año. Las empresas deberán competir por debajo o hasta ese límite, mientras que la remuneración definitiva dependerá de los valores presentados por los proyectos adjudicatarios.
Si los 4.500 MW se contrataran al precio máximo, el compromiso económico teórico ascendería a aproximadamente 1.098 millones de euros anuales. Durante todo el período de 15 años, el desembolso alcanzaría cerca de 16.470 millones de euros.
Sin embargo, ese cálculo representa únicamente un techo de referencia. El costo efectivo podría ser menor como resultado de la competencia entre participantes, mientras que la potencia nominal instalada podría superar los 4.500 MW por la aplicación de los factores de reducción.
La convocatoria también incorpora exigencias financieras relevantes. Para cada oferta, los participantes deberán constituir una garantía equivalente al 15% del precio máximo, multiplicado por la potencia reducida incluida en la propuesta.
Esto equivale a 36.600 euros por cada MW reducido ofertado. Una propuesta por 100 MW reconocidos, por ejemplo, necesitaría una garantía inicial de 3,66 millones de euros.
Seguir leyendo
Los adjudicatarios tendrán que presentar además una garantía de ejecución dentro de los 20 días hábiles siguientes a la comunicación del resultado. El importe corresponderá a 1,5 veces el valor de la oferta, multiplicado por la potencia reducida comprometida.
A ello se suma una tarifa administrativa de 956 euros por propuesta, que deberá abonarse antes del cierre de la licitación. El pago no será devuelto incluso cuando el participante retire su oferta dentro del plazo permitido.
El hidrógeno aparece entre los requisitos centrales
Las centrales eléctricas que busquen competir deberán presentar un concepto para su futura conversión al funcionamiento con hidrógeno. El documento tendrá que elaborarse en alemán e incluirse obligatoriamente junto con el resto de los antecedentes técnicos.
Esta condición posiciona a las plantas preparadas para utilizar hidrógeno como una de las alternativas contempladas para aportar respaldo al sistema. Estas instalaciones podrían operar inicialmente con otro combustible y adaptarse posteriormente, conforme avance la disponibilidad del vector energético.
No obstante, la exigencia también plantea interrogantes sobre los costos y los plazos de conversión. La viabilidad económica dependerá de la infraestructura de suministro, el precio futuro del hidrógeno y las condiciones que finalmente deban cumplir los activos adjudicados.
Los desarrolladores tendrán que acreditar además un punto de conexión a la red eléctrica o presentar un compromiso vinculante del operador correspondiente. La capacidad de conexión deberá ser, como mínimo, equivalente a la potencia nominal ofertada y estar disponible antes del inicio del período contractual.
La Bundesnetzagentur exigirá también información sobre el origen de los principales componentes de cada instalación. Los participantes deberán identificar las piezas específicas más relevantes y declarar el país donde fueron fabricadas.
Este requisito incorpora la trazabilidad de la cadena de suministro dentro de la licitación. Además de evaluar la capacidad técnica y económica de los proyectos, el regulador contará con información sobre la procedencia de los equipos utilizados.
La presentación de las ofertas será exclusivamente electrónica. Las empresas deberán registrarse y autenticar su identidad en la plataforma cerrada de comunicación de la Bundesnetzagentur antes del 1 de septiembre de 2026, una semana antes de la fecha límite.
La adjudicación aún depende de Bruselas
La convocatoria se publicó mientras la StromVKG todavía no había entrado formalmente en vigor. Al 21 de julio de 2026, la ley ya había sido aprobada por el Bundestag y no había recibido objeciones del Bundesrat, pero aún faltaba su publicación oficial.
La Bundesnetzagentur decidió mantener el calendario ante la expectativa de una entrada en vigencia próxima. El organismo aclaró que no publicará una nueva convocatoria cuando concluya ese trámite legislativo.
Sin embargo, distintos componentes del mecanismo requieren la aprobación de la Comisión Europea bajo las normas de ayudas de Estado. Por ese motivo, el regulador podrá recibir las propuestas, pero no concluir la adjudicación hasta obtener el visto bueno de Bruselas.
Las empresas prepararán sus ofertas bajo su propio riesgo. La autoridad alemana señala que no compensará los gastos asumidos por los participantes en caso de demoras, modificaciones o dificultades vinculadas con la autorización europea.
El resultado de esta primera subasta permitirá conocer qué tecnologías ofrecen la capacidad firme más competitiva. También mostrará si las baterías de larga duración logran ganar espacio frente a las centrales gestionables y a los proyectos preparados para operar con hidrógeno.