Los nuevos lineamientos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de Argentina, recientemente publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, continúan la reconfiguración estructural del sistema eléctrico. Según el abogado Agustín Siboldi, socio del estudio O"Farrell, este documento representa un punto de inflexión, al considerar que los lineamientos consolidan un nuevo marco rector a partir del cual se dictarán las resoluciones que regirán el sistema. "Ya es el programa de normalización del MEM y la Secretaría de Energía dictará las futuras resoluciones en línea con lo que dicen los nuevos lineamientos", indicó en diálogo con Energía Estratégica. Uno de los aspectos que sobresale del análisis jurídico es la transformación del Mercado a Término (MAT), que ahora se abre a un universo más amplio de agentes habilitados.
"El nuevo MAT amplía muchísimo la oferta", observó Siboldi, quien destacó que todos los contratos que se liberen estarán autorizados a contractualizarse y operar también en el mercado spot. No obstante, advirtió que aún resta avanzar en la reglamentación específica que determinará cómo se ejecutarán en la práctica estas aperturas. Otro de los ejes centrales del documento es la suficiencia del esquema de remuneración para las renovables, ya que su efectividad dependerá del nivel de respuesta de los actores privados, por lo que "ese número se debe debatir con las generadoras, y ver si es suficiente incentivo o no Desde su perspectiva, lo positivo del documento es que "trata de anticipar cómo evolucionará el factor de incentivo", aunque reconoce que el componente discrecional sigue siendo alto. En el plano tecnológico y regulatorio, el documento incorpora por primera vez al almacenamiento energético como actor del sistema.
Según Siboldi, esta incorporación está directamente alineada con las condiciones previstas en la licitación nacional AlmaGBA, pronto a adjudicar alrededor de 500 MW de sistemas de baterías a instalarse en las redes de Edenor y Edesur del Área Metropolitana de Buenos Aires. "Está invitando a todo el mundo a que se sume al storage, dando las normas para que pueda ser previsible.
El caso particular de la licitación era contractual, con lo cual lo que dice el contrato es lo que manda, pero ahora se trasladan las normas a a propuestas de a reglas generales", planteó. El esquema permite que las centrales de almacenamiento actúen como demanda al momento de cargar y como generadores al descargar , y contempla una remuneración en función de los costos marginales horarios ajustados por nodo.
Además, establece un pago específico por Potencia Puesta a Disposición (PPAD), siempre que la unidad cuente con al menos cuatro horas validadas de almacenamiento útil. En paralelo, los lineamientos generan un cambio profundo en el modelo de gestión de las centrales hidroeléctricas, que durante dos décadas estuvieron bajo una lógica de control centralizado.
A partir de ahora, las provincias recuperan potestades que habían perdido, en línea con la Resolución N° 1200/2025 del Ministerio de Energía que habilitó la licitación de concesiones hidroeléctricas. En este nuevo escenario, incluso los proyectos binacionales quedan nuevamente bajo la gestión de las jurisdicciones propietarias, lo que representa una descentralización significativa del poder de decisión. Una señal estructural que exige debate sectorial La dimensión del cambio que proponen los nuevos lineamientos no se agota en su contenido normativo.
Requiere también una lectura crítica y articulada por parte del ecosistema energético.
"Se necesita interactuar con el resto de las disciplinas, con economistas, ingenieros, para entender los impactos reales", subrayó el socio del estudio O"Farrell. "Hay que asimilar estos lineamientos, provocar el debate sectorial y acercarse a la Secretaría de Energía con los pros y contras", propuso el abogado.
En otras palabras, lo que el documento establece como marco debe ser contrastado con la realidad operativa del sistema, con las capacidades de inversión del sector y con la planificación de largo plazo.
Solo entonces podrá validarse si este nuevo modelo regulatorio es suficiente para garantizar estabilidad, competitividad y transición energética.