El Gobierno nacional dará este miércoles 12 de agosto un paso decisivo para poner en marcha AMBA I, la primera de las 16 iniciativas estratégicas incluidas en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.
Hoy se publicará la resolución que formaliza la convocatoria y el pliego de la licitación, dando inicio al proceso para seleccionar al privado que tendrá a su cargo la construcción, operación y mantenimiento de la nueva infraestructura.
La convocatoria convierte en un procedimiento licitatorio concreto una iniciativa que el sector eléctrico viene siguiendo desde hace meses y será, además, la primera prueba del nuevo esquema con el que el Ejecutivo busca movilizar capital privado hacia las grandes ampliaciones del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
El Gobierno define este mecanismo como un modelo de concesión de obra que habilita al sector privado a invertir, construir y operar infraestructura de transmisión sin comprometer recursos fiscales del Estado.
“Claramente lo vemos como el inicio de una etapa que venía postergada y que ahora se va a concretar. Para nosotros es un paso verdaderamente importante. No sé si llamarlo un cambio estructural, pero sí es el principio de algo muy importante”, sostuvo Héctor Ruiz Moreno, gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA), en diálogo con Energía Estratégica.
La entidad adoptó esa denominación en febrero de 2025, cuando la entonces Cámara Eólica Argentina amplió formalmente su representación al conjunto de las energías renovables. Ruiz Moreno continúa actualmente al frente de la gerencia general.
Una inversión de USD 800 millones
AMBA I contempla una inversión estimada de USD 800 millones y aproximadamente 270 kilómetros de nuevas líneas de transmisión en 500 kV, 220 kV y 132 kV.
Entre sus principales componentes se encuentran una nueva Estación Transformadora Plomer de 500/220/132 kV, sistemas de compensación reactiva STATCOM y obras complementarias de conexión con las distribuidoras del área.
Una vez terminada, la ampliación permitirá incrementar en aproximadamente 2000 MW la capacidad de demanda que el sistema puede abastecer en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se concentra cerca del 40% de la demanda eléctrica nacional.
El proyecto busca responder a una brecha que se profundizó durante la última década: mientras la demanda residencial aumentó un 20%, las líneas de transporte de alta tensión crecieron apenas un 8%, de acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Energía. El resultado fue una mayor saturación de la infraestructura y restricciones crecientes en el principal núcleo de consumo del país.
Para el sector renovable, esa demora en la expansión de la red también se convirtió en uno de los principales condicionantes para seguir incorporando proyectos.
“El crecimiento y la construcción de nuevas líneas de transmisión eran claramente el cuello de botella para la expansión del sector. No solamente del sector renovable, sino de todo el sector eléctrico”, planteó Ruiz Moreno.
La primera prueba para el capital privado
Más allá de la necesidad técnica de la infraestructura, la licitación tendrá otro desafío: medir el interés efectivo de inversores y financiadores por participar bajo el esquema definido por el Ejecutivo.
El marco adoptado prevé que la obra se desarrolle mediante una concesión al sector privado, que deberá afrontar la inversión y asumir posteriormente la operación y mantenimiento de las instalaciones durante el período contractual. El régimen para avanzar bajo esa modalidad había sido estructurado previamente por el Gobierno para AMBA I y otras ampliaciones prioritarias.
El proceso contempla además el respaldo de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente en proceso de estructuración, mientras que el futuro adjudicatario estará habilitado para solicitar su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Desde CEA consideran que existen condiciones para que empresas del sector puedan participar del nuevo escenario.
“Estamos de acuerdo con la inversión privada y claramente es atractiva. No vemos el financiamiento como un inconveniente, sobre todo para las empresas grandes del sector: algunas ya se autofinancian y otras tienen financiamiento ofrecido por organismos multilaterales, bancos y agencias de crédito a la exportación”, explicó Ruiz Moreno.
La cámara venía planteando desde hacía algunos años la necesidad de buscar mecanismos de inversión privada para ampliar la transmisión, ante la falta de capacidad disponible para acompañar el crecimiento de la generación renovable.
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De hecho, Ruiz Moreno recordó que CEA había trabajado sobre una propuesta privada vinculada al corredor Vivoratá, Plomer y Abasto, en territorio bonaerense.
Ese antecedente vuelve a cobrar relevancia porque el mapa oficial que acompaña el nuevo Plan Nacional incluye actualmente a Vivoratá–Plomer y Plomer–O’Higgins como obras independientes dentro del listado de ampliaciones consideradas de urgente y prioritaria ejecución.
Primeras ofertas en diciembre
La formalización del llamado activará también el cronograma del concurso.
Según informó oficialmente la Secretaría de Energía, la presentación y apertura del Sobre N.º 1, correspondiente a la calificación técnica y financiera de los interesados, se realizará a los 120 días corridos, con esa instancia prevista hacia la primera quincena de diciembre de 2026.
Superada esa etapa, se avanzará con la evaluación de los participantes y posteriormente con la apertura del Sobre N.º 2, correspondiente a la oferta económica.
El Gobierno espera completar el proceso y llegar a la adjudicación hacia comienzos de 2027, mientras que la firma del contrato de concesión se concretaría durante los meses siguientes.
La ejecución estará dividida en dos etapas y tendrá un plazo máximo de construcción de 52 meses.
El lanzamiento llega después de varios meses de definiciones sobre el calendario de las grandes obras de transporte.
En diciembre de 2025, la secretaria de Energía, María Tettamanti, había anticipado a Energía Estratégica que esperaba lanzar la licitación de AMBA I durante el primer cuatrimestre de 2026.
Más tarde, durante Future Energy Summit Argentina, el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo, definió a las licitaciones de transmisión como “el objetivo principal del 2026”, en momentos en que el Ejecutivo terminaba de estructurar los procesos para incorporar participación privada.
La primera pieza de un plan por más de USD 6.600 millones
El proyecto es la primera de las 16 iniciativas estratégicas del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, una cartera que en conjunto contempla inversiones superiores a USD 6600 millones y la incorporación de 5610 kilómetros de líneas de 500 kV en todo el país.
El mapa oficial difundido junto con el anuncio permite dimensionar el alcance territorial de esa agenda.
Entre las obras de urgente y prioritaria ejecución figuran AMBA II + STATCOM Rodríguez, Vivoratá–Plomer, Plomer–O’Higgins, Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, Río Diamante–Charlone–O’Higgins, Rodeo–Chaparro–La Rioja Sur y Malvinas–San Francisco–Santo Tomé, entre otras ampliaciones.
La cartera también contempla nuevas estaciones transformadoras, corredores en el NOA y la Patagonia e interconexiones internacionales con Bolivia y Paraguay, además de una futura vinculación en 500 kV entre Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Varias de esas ampliaciones adquieren especial relevancia para regiones con potencial de incorporación de nueva generación, por lo que la capacidad del nuevo mecanismo para avanzar sobre el resto de la cartera será seguida con atención por desarrolladores y generadores.
Para CEA, la infraestructura pendiente no constituye solamente una necesidad futura: existen decisiones de inversión condicionadas por la posibilidad de disponer de mayor capacidad de transporte.
“Hay inversiones que están esperando esto y creo que van a ir fluyendo en la medida en que la Secretaría y las autoridades regulatorias tomen decisiones de esta relevancia”, aseguró Ruiz Moreno.
El resultado de AMBA I servirá como primera señal para determinar si el modelo elegido por Argentina consigue atraer capital privado hacia la transmisión y, a partir de allí, sostener una expansión de la red capaz de acompañar nuevas inversiones en generación.