El Gobierno ha comenzado a despejar una de las mayores incógnitas para las baterías en los sistemas eléctricos insulares: cómo participar y obtener ingresos dentro del despacho. Sin embargo, definir el precio no equivale todavía a garantizar inversiones.
La propuesta para modificar el Real Decreto 738/2015 permitirá que determinadas instalaciones adquieran la energía destinada a su carga por el equivalente al 25% de su precio de descarga. La señal mejora la ecuación económica del arbitraje, pero deja fuera otros riesgos capaces de retrasar o bloquear los proyectos.
“Es una de las reformas regulatorias más importantes para Baleares en los últimos años y algo que desde hace cinco años se había pedido desde el Gobierno autonómico”, valoró Pep Malagrava, consultor energético y gestor de comunidades energéticas.
Hasta ahora, la necesidad técnica del almacenamiento contrastaba con la falta de un marco económico adaptado a sus características.
“Esta modificación reconoce que las baterías no son un complemento, sino una infraestructura esencial para operar un sistema eléctrico con alta penetración renovable”, señaló en diálogo con Energía Estratégica.
Para Baleares, su incorporación permitiría absorber excedentes renovables, desplazar generación fósil y sumar flexibilidad sin comprometer la seguridad del suministro.
“Pasamos de un sistema pensado para centrales térmicas a otro donde el almacenamiento empieza a ser un actor principal, aunque todavía faltan pasos”, sostuvo.
Malagrava identifica cinco frentes pendientes para que el nuevo régimen se traduzca en capacidad instalada.
El primero es la tramitación administrativa, cuyos plazos todavía pueden alterar los calendarios y costes previstos.
El segundo es el acceso y conexión a la red, especialmente en determinadas zonas de Mallorca donde la disponibilidad condicionará la ubicación de los proyectos.
El tercero será contar con reglas operativas suficientemente claras para que las baterías puedan aprovechar todas sus capacidades y participar de manera eficiente en el sistema.
La cuarta barrera es la financiación. Aunque los costes tecnológicos mantienen una tendencia descendente, siguen siendo activos intensivos en capital y necesitan ingresos previsibles para obtener respaldo bancario.
El quinto reto se encuentra fuera de la regulación eléctrica: la aceptación social.
“En Baleares no basta con que un proyecto sea técnicamente bueno o económicamente rentable. Si la ciudadanía no percibe beneficios claros y no existe un diálogo temprano con el territorio, será muy difícil desarrollar las infraestructuras necesarias”, alerta.
“La transición energética no depende únicamente de la regulación; depende también de la confianza social.”
El descuento reduce riesgo, pero no garantiza inversiones
La posibilidad de adquirir electricidad con una rebaja del 75% respecto del precio de descarga crea una primera referencia para proyectar los ingresos de una batería independiente.
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“Es una señal positiva porque, por primera vez, ofrece una lógica económica específica para el almacenamiento. Los inversores necesitan certidumbre y hasta ahora era complicado construir un modelo financiero para una batería independiente en Baleares”, afirma Malagrava.
No obstante, el incentivo no desencadenará automáticamente una oleada de proyectos.
“Los promotores seguirán analizando la estabilidad regulatoria, el coste del capital, el acceso y conexión, los tiempos administrativos y la aceptación social”, advierte.
El reto será convertir una primera señal económica en un marco previsible durante toda la vida útil de los activos.
Las baterías deberán demostrar cuánto fósil desplazan
El nuevo régimen también vinculará la remuneración de las baterías asociadas a renovables con el hueco térmico de cada sistema. La señal favorecerá su descarga cuando resulte más útil para sustituir generación convencional.
“Lo importante no es simplemente instalar una batería, sino utilizarla cuando realmente aporta valor al sistema. Si permite reducir el funcionamiento de grupos diésel o ciclos combinados durante las horas más críticas, el beneficio económico y ambiental es mucho mayor”, apunta Malagrava.
Este criterio puede ganar relevancia a medida que aumente la capacidad renovable y aparezcan más horas con excedentes de producción.
“La hibridación puede reducir de forma muy significativa los vertidos renovables, uno de los principales problemas que empiezan a aparecer en Baleares. Se remunera el servicio que realmente necesita el sistema y no únicamente la inversión realizada”, destaca.
El cambio de referencia para las renovables insulares también puede reforzar la previsibilidad de los proyectos. Frente al impacto directo de los precios cero o negativos del mercado peninsular, la propuesta utilizará un promedio móvil anual.
“Los precios muy bajos o negativos pueden distorsionar las decisiones de inversión en territorios donde las renovables todavía necesitan seguir creciendo”, plantea.
“No supone eliminar las señales de mercado, sino adaptarlas a las características específicas de unos sistemas eléctricos aislados.”
La inversión también se decidirá en el territorio
Aunque la reforma está orientada principalmente a instalaciones de cierta escala, Malagrava considera que el reconocimiento regulatorio del almacenamiento puede abrir más adelante oportunidades para comunidades energéticas, autoconsumos colectivos y polígonos industriales.
“El verdadero potencial de Baleares estará en combinar grandes baterías que aporten servicios al sistema con almacenamiento distribuido asociado al autoconsumo y a las comunidades energéticas”, proyecta.
Esa convivencia permitiría acercar parte de los beneficios al consumidor y reforzar la resiliencia del sistema. También obligará a incorporar la dimensión territorial desde el inicio, especialmente en una comunidad donde los nuevos desarrollos energéticos compiten por suelo y aceptación ciudadana.
“El almacenamiento deja de ser una tecnología del futuro para convertirse en una pieza estructural del sistema eléctrico balear y canario. Es una muy buena noticia, pero para que las inversiones lleguen de verdad hacen falta tres cosas: estabilidad regulatoria, agilidad administrativa y aceptación social”, concluye Malagrava.
“La transición energética en Baleares no se va a decidir únicamente en los despachos. Se decidirá también en el territorio.”