Colombia realizará la segunda vuelta presidencial este domingo y encuentra al sector energético con una mirada relativamente consensuada sobre un punto: las renovables seguirán avanzando independientemente de quién gane el balotaje.
Sin embargo, cuando la discusión se traslada hacia la confianza inversionista, la seguridad energética, el futuro de Air-e y la política sobre hidrocarburos, comienzan a aparecer diferencias que inclinan la balanza hacia uno de los candidatos.
El mercado observa con atención el enfrentamiento entre Iván Cepeda, identificado como la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro, y Abelardo de la Espriella, quien propone un giro en la política económica y energética. Tras una primera vuelta muy ajustada, el candidato de derecha obtuvo el 43,73% de los votos frente al 40,91% de su rival. A pocos días de la definición, buena parte de la industria considera que la próxima administración heredará un sistema eléctrico bajo presión, con déficit de energía firme, desafíos de financiamiento y proyectos estratégicos aún pendientes de ejecución.
Fuentes del sector consultadas por Energía Estratégica coinciden en que, desde la perspectiva exclusivamente eléctrica, no existen diferencias radicales entre ambos programas. La energía solar y eólica ya forman parte de la ecuación energética colombiana y su desarrollo responde tanto a objetivos de transición energética como a necesidades de abastecimiento.
Sin embargo, el escenario cambia cuando se analiza el contexto general que heredará el próximo presidente.
Lo cierto es que la discusión ya no pasa sólo por las renovables. La última subasta de Cargo por Confiabilidad dejó en evidencia tanto el interés por seguir incorporando generación limpia como las dificultades que enfrenta el sistema para garantizar energía firme hacia el futuro.
La convocatoria permitió adjudicar cerca de 1,8 GW de nueva capacidad renovable, con participación destacada de compañías como Enel, AES y Celsia. No obstante, el resultado abrió interrogantes sobre si la nueva oferta será suficiente para cubrir los requerimientos futuros del sistema y evitar déficits hacia el final de la década.
Precisamente, una eventual administración de Cepeda es asociada por parte del mercado con la continuidad de las licitaciones de largo plazo y de los mecanismos impulsados durante el Gobierno Petro para acelerar la incorporación de renovables y almacenamiento.
Esa expectativa cobra relevancia luego de que el Gobierno nacional publicara recientemente las bases de una nueva subasta de largo plazo para proyectos renovables y sistemas BESS, considerada una de las principales apuestas para fortalecer la confiabilidad del sistema durante los próximos años. El proceso será una de las primeras pruebas que deberá enfrentar la próxima administración y servirá para medir el apetito de compradores y desarrolladores en un contexto marcado por la incertidumbre regulatoria.
No obstante, también persisten dudas sobre la capacidad de sostener esas políticas sin resolver los problemas financieros y regulatorios que hoy enfrenta el sector.
A ello se suma la controversia generada tras la reciente subasta de Cargo por Confiabilidad. Pese a la adjudicación de cerca de 1,8 GW renovables, el propio presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente los resultados y abrió un debate sobre el diseño del mecanismo y la participación de algunas tecnologías. Las declaraciones también expusieron diferencias dentro del Gobierno y generaron nuevas inquietudes en el mercado respecto a la estabilidad de las reglas de juego.
En paralelo, la candidatura de De la Espriella es vista como una alternativa que podría ofrecer mayor apertura a diferentes tecnologías y una mayor prioridad a la seguridad energética, aunque sin modificar sustancialmente la trayectoria que ya siguen las renovables dentro de la matriz.
Déficit energético, el principal desafío que heredará el próximo presidente
Más allá de las diferencias electorales, existe consenso respecto a que la próxima administración recibirá un sistema energético bajo presión.
El ex ministro de Minas y Energía, Amylkar D. Acosta, advierte que Colombia enfrenta una creciente vulnerabilidad tanto en electricidad como en gas natural. Según señala, el crecimiento de la demanda supera la expansión de la oferta disponible y la situación podría agravarse por retrasos en proyectos estratégicos de generación y transmisión.
En uno de sus más recientes análisis, Acosta sostiene que “el fantasma del apagón nos vuelve a rondar”, al referirse a la estrechez entre oferta y demanda energética que enfrenta el país.
El político también alerta sobre la necesidad de destrabar proyectos de infraestructura y preservar las condiciones económicas que permitan sostener la confiabilidad del sistema. Entre los principales riesgos identifica el atraso en proyectos de generación, transmisión y transporte de gas, además del crecimiento sostenido de la demanda eléctrica.
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Asimismo, Acosta señala que Colombia registra actualmente un déficit de energía firme para los próximos años y advierte que se requieren miles de megavatios adicionales para acompañar el crecimiento de la demanda.
Para el dirigente, una de las prioridades del próximo gobierno deberá ser destrabar la ejecución de proyectos renovables y de transmisión, particularmente los desarrollos eólicos de La Guajira, considerados estratégicos para diversificar la matriz eléctrica.
Confianza inversionista y continuidad de Petro
Aunque la transición energética aparece consolidada como política de Estado, el debate sobre la confianza inversionista sigue siendo uno de los principales factores de diferenciación entre ambos candidatos.
Parte del sector asocia una eventual victoria de Cepeda con la continuidad de la agenda energética impulsada por Petro, incluyendo la profundización de la transición energética y el mantenimiento de la actual estrategia frente a los hidrocarburos.
En ese contexto, una de las incógnitas que sigue de cerca la industria es la conformación del próximo equipo energético. Distintas fuentes consideran que Edwin Palma podría tener continuidad en un eventual gobierno de Cepeda, aunque no existe ninguna definición oficial y la polémica generada tras los cuestionamientos de Petro a la última subasta debilitó parcialmente esa posibilidad. Del lado de De la Espriella, en tanto, todavía no circulan nombres concretos para ocupar el Ministerio de Minas y Energía.
Sin embargo, también existe preocupación respecto de la situación financiera del sistema eléctrico, las señales regulatorias enviadas durante los últimos años y las dificultades para avanzar en proyectos considerados estratégicos.
Por el contrario, De la Espriella es percibido por distintos actores como un candidato más favorable para recuperar la confianza de los inversionistas y brindar mayores garantías regulatorias al sector energético.
Esa visión coincide con los análisis de Acosta, quien considera que Colombia necesita recuperar la seguridad jurídica y la confianza para atraer las inversiones requeridas en generación, transmisión e infraestructura energética. El ex funcionario sostiene que el sector eléctrico necesitará inversiones del orden de $10 billones anuales y que para concretarlas será indispensable restablecer condiciones de estabilidad para los inversionistas.
Air-e y la crisis que condiciona la campaña
Si existe un tema que se coló en la recta final de la campaña presidencial, es la situación de Air-e, empresa comercializadora y distribuidora de energía.
El reciente anuncio del presidente Gustavo Petro sobre una eventual liquidación de la firma encendió las alarmas en toda la cadena energética. En respuesta, ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, SER Colombia, Naturgas y ACP emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que cualquier decisión sobre la compañía debe garantizar previamente la continuidad del servicio y la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Las organizaciones recordaron que Air-e atiende alrededor del 11,3% de la demanda nacional de energía y mantiene obligaciones cercanas a $2,7 billones con distintos agentes del mercado, situación que podría generar efectos sobre la liquidez de toda la cadena.
El tema no es menor para los inversores. La situación financiera de la empresa intervenida se transformó en uno de los principales símbolos de los problemas estructurales que enfrenta actualmente el sector eléctrico colombiano.
En la misma línea, Acosta considera que una eventual liquidación podría profundizar los riesgos financieros existentes y afectar la continuidad del servicio, especialmente en un contexto de estrechez energética y creciente dependencia del gas importado.
Precisamente, buena parte de la industria considera que la elección trasciende el debate entre renovables o combustibles fósiles. La discusión pasa por la capacidad del próximo gobierno para ejecutar proyectos, garantizar seguridad jurídica, ordenar las finanzas del sector y recuperar la confianza necesaria para movilizar las inversiones que requiere el sistema eléctrico colombiano.
De cara al domingo, la percepción predominante dentro del sector parece inclinarse hacia la necesidad de recuperar señales de confianza y resolver los problemas estructurales que hoy condicionan el desarrollo energético del país.
No obstante, más allá del resultado electoral, existe una convicción compartida: la próxima administración tendrá poco margen para postergar decisiones. Entre la necesidad de incorporar nueva energía firme, resolver la crisis de Air-e, garantizar el abastecimiento de gas y acelerar la ejecución de proyectos renovables, el futuro presidente heredará uno de los desafíos energéticos más complejos de las últimas décadas.