Brasil estableció el procedimiento con el que identificará y priorizará las áreas que podrán formar parte de sus primeras subastas de energía eólica marina. La metodología introduce una serie de filtros legales, tecnológicos, ambientales y económicos para ordenar el espacio marítimo antes de habilitar proyectos.
El proceso tendrá tres etapas. Primero se delimitarán las regiones potenciales, descartando aquellas con impedimentos legales o tecnológicos. Luego se definirán áreas de interés mediante criterios técnico-económicos y socioambientales. Finalmente, las zonas resultantes serán jerarquizadas para identificar los sectores con mejores condiciones para una futura oferta.
Sin embargo, la publicación no equivale a la selección de las regiones que serán subastadas. La metodología crea el mecanismo de evaluación, pero la decisión sobre qué sectores llegarán al mercado seguirá en manos de la autoridad concedente, de acuerdo con los objetivos de cada ronda y el grado de desarrollo de la industria.
La primera fase aplicará exclusiones estrictas sobre la Zona Económica Exclusiva de Brasil. Quedarán fuera las áreas con restricciones legales insuperables, zonas reservadas para las Fuerzas Armadas, rutas marítimas de tráfico intenso, espacios protegidos y regiones incompatibles con las tecnologías eólicas disponibles.
También se evaluarán variables como la velocidad del viento y la profundidad del lecho marino. Los sectores sin recurso suficiente o ubicados en profundidades que no puedan ser atendidas por soluciones técnicas disponibles serán descartados antes de avanzar hacia análisis más detallados.
La segunda etapa incorporará filtros relacionados con la viabilidad económica y logística. Entre ellos se encontrarán la distancia a puertos de gran porte, la proximidad a puntos de conexión a la red eléctrica, las características del recurso eólico y las condiciones necesarias para instalar cimentaciones fijas o sistemas flotantes.
Al mismo tiempo, se excluirán las zonas con sensibilidad socioambiental extrema. El análisis considerará arrecifes de coral, sitios Ramsar, áreas relevantes para la conservación de aves y especies amenazadas, así como territorios vinculados con comunidades costeras y actividades económicas preexistentes.
La metodología también evaluará la coexistencia de la energía eólica marina con la pesca artesanal e industrial, el turismo, la navegación, la infraestructura portuaria, el patrimonio cultural y la actividad de petróleo y gas.
Cada componente recibirá una calificación de sensibilidad en una escala del 1 al 5. Las zonas con el nivel máximo serán excluidas de la definición de áreas de interés, mientras que el resto de las capas ambientales y sociales se integrarán posteriormente en el proceso de priorización.
En la tercera fase, la EPE comparará las áreas viables mediante un análisis multicriterio. La evaluación combinará factores técnicos, económicos, logísticos y socioambientales para establecer una clasificación de los sectores con mejores condiciones relativas.
El procedimiento tendrá en cuenta variables que influyen directamente sobre el costo de los proyectos, como la calidad del viento, la profundidad, la distancia a la infraestructura de transmisión y la proximidad a puertos capaces de recibir, almacenar y montar componentes de gran tamaño.
La mayor disponibilidad de recurso eólico puede incrementar la producción y reducir el costo relativo de la energía. En cambio, las mayores profundidades o distancias a tierra pueden encarecer las cimentaciones, los cables submarinos, las subestaciones y las tareas de instalación y mantenimiento.
El resultado de este análisis serán los denominados sectores para oferta, áreas indicativas que podrán ser consideradas para los procedimientos de cesión de uso del espacio marítimo. Estos sectores no deben confundirse con los prismas, que son los polígonos específicos correspondientes a cada proyecto y se delimitan posteriormente.
Menos proyectos en carrera y mayor presión por reducir riesgos
La metodología llega después de una fuerte contracción de la cartera brasileña de proyectos eólicos offshore en proceso de licenciamiento.
El pipeline registrado ante el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables pasó de 96 proyectos y 234 GW en enero de 2024 a 59 iniciativas y alrededor de 134 GW en febrero de 2026.
La reducción cercana al 43% coincidió con la salida o el repliegue de distintos desarrolladores internacionales. El ajuste eliminó parte de las iniciativas más especulativas, pero también dejó en evidencia la necesidad de contar con reglas, áreas y señales económicas más claras antes de movilizar nuevas inversiones.
El nuevo proceso busca reducir esa incertidumbre desde las primeras etapas. Al identificar previamente los conflictos legales, ambientales y territoriales, Brasil pretende disminuir el riesgo de que los proyectos sean paralizados después de haber avanzado en estudios, permisos y acuerdos comerciales.
La metodología incorpora además instancias de participación institucional y social. La propuesta recibió aportes de organismos que integran el Grupo de Trabajo sobre Energía Eólica Marina y contribuciones presentadas durante la Consulta Pública 191/2025.
La aplicación del esquema incluirá reuniones informativas en las regiones Nordeste, Sudeste y Sur, además de talleres con comunidades pesqueras y costeras y una nueva instancia de consulta pública sobre los sectores preliminares.
El gobierno también prevé publicar mapas georreferenciados, capas de sensibilidad y fichas técnicas de las zonas analizadas. El objetivo es mejorar el acceso a la información y reducir las asimetrías entre las autoridades, las comunidades y los potenciales desarrolladores.
La futura selección deberá coordinarse con la planificación de puertos, redes de transmisión e instalaciones terrestres de apoyo. Sin estas infraestructuras, incluso las áreas con buen recurso eólico podrían enfrentar dificultades para alcanzar condiciones competitivas.
La metodología contempla plazos de varios meses para completar los filtros y análisis. La identificación de regiones potenciales demandaría entre cuatro y cinco meses, mientras que el mapeo socioambiental, la definición de áreas de interés y la priorización final se desarrollarían parcialmente en paralelo.
El mercado mantiene la expectativa de que la primera subasta de áreas marítimas pueda celebrarse en 2027. No obstante, antes deberán completarse la selección de sectores, las consultas correspondientes y la definición de las condiciones económicas y contractuales de la ronda.
Brasil ya cuenta con un marco para ordenar su potencial eólico offshore, pero el siguiente paso será convertir esa metodología en áreas concretas y proyectos bancables. La publicación reduce una parte del riesgo regulatorio, aunque todavía quedan pendientes las zonas, el cronograma definitivo y el modelo con el que el país buscará atraer inversiones.