Brasil endureció las condiciones para participar en su primera subasta de reserva de capacidad destinada exclusivamente a sistemas de almacenamiento con baterías. La propuesta eleva las garantías financieras, restringe la transferencia de los proyectos adjudicados y refuerza los requisitos técnicos y societarios para reducir las ofertas especulativas.
La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) abrió una consulta pública que se desarrollará entre el 30 de julio y el 14 de septiembre para analizar las versiones preliminares de los pliegos y contratos.
El esquema contempla dos licitaciones: la primera se realizará el 2 de diciembre para proyectos que cumplan con el contenido local fijado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), mientras que la segunda tendrá lugar el 4 de diciembre y estará abierta a todos los sistemas de almacenamiento.
Los proyectos deberán contar con una potencia mínima de 30 MW, ofrecer una duración de cuatro horas y estar disponibles para el despacho centralizado del Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS). Los contratos tendrán una vigencia de 15 años y comenzarán el suministro el 1 de agosto de 2028.
Uno de los principales cambios será el aumento de los respaldos exigidos a los desarrolladores. La garantía de oferta se establecería en BRL 100000 por MW, mientras que la garantía de cumplimiento ascendería a BRL 1 millón por MW, tomando como referencia un costo de inversión de BRL 10 millones por MW instalado.
De esta manera, el respaldo para presentar una propuesta equivaldría al 1% de la inversión estimada y la garantía para ejecutar el proyecto representaría el 10%. La ANEEL busca excluir a participantes sin capacidad técnica o financiera suficiente y reducir el riesgo de que los activos adjudicados no lleguen a construirse.
Las bases también impedirían que los ganadores vendan o negocien los proyectos antes de su entrada en operación comercial. La restricción apunta a evitar que empresas obtengan contratos para transferirlos posteriormente, en lugar de desarrollar directamente los sistemas comprometidos.
La regulación propuesta incorpora, sin embargo, una mayor flexibilidad para la contratación tecnológica. Los desarrolladores podrán sustituir al proveedor de baterías declarado durante el registro por otro fabricante acreditado por el BNDES, siempre que mantengan el cumplimiento de las condiciones de contenido local.
La Asociación Brasileña de Soluciones de Almacenamiento de Energía (ABSAE) considera que esta posibilidad ampliará la competencia entre proveedores y reducirá el riesgo asociado a depender de un único fabricante durante todo el periodo de desarrollo.
La medida puede adquirir relevancia ante la evolución de los precios, la disponibilidad de equipos y el rápido avance tecnológico de las baterías. Entre el registro de los proyectos y su entrada en funcionamiento, prevista para agosto de 2028, los adjudicatarios podrían encontrar soluciones más competitivas que las consideradas inicialmente.
El borrador también introduce mayores exigencias de transparencia para los fondos de inversión. Aquellos que participen en las licitaciones deberán informar la identidad de todos los inversores con una participación de al menos el 5% y presentar una estructura societaria que permita identificar a los beneficiarios finales.
Además, no todos los sistemas instalados junto a otros activos eléctricos podrán competir. La propuesta excluye determinados BESS asociados a generadores que ya cuentan con contratos en el mercado regulado, proyectos de generación distribuida o instalaciones vinculadas al Programa de Incentivos para Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica (Proinfa).
Tampoco serían admitidos los sistemas conectados fuera de la red nacional de transmisión ni aquellos ubicados junto a otro proyecto independiente de almacenamiento. Las dos licitaciones se concentrarán, por tanto, en sistemas autónomos que puedan responder directamente a las instrucciones operativas del ONS.
El costo de las baterías sigue sin definición
A pesar del avance de las bases, el principal punto de controversia todavía no fue resuelto: cómo se distribuirá el costo de la contratación.
A diferencia de otros mecanismos del sector eléctrico brasileño, la legislación establece que los pagos por los sistemas de almacenamiento recaerán sobre las empresas generadoras y no directamente sobre los consumidores.
Las generadoras reclaman que la metodología se defina antes de las licitaciones de diciembre para poder calcular el impacto económico y regulatorio de la contratación. En paralelo, el sector impulsa una modificación de este esquema a través de una propuesta que se encuentra en discusión en el Congreso Nacional.
La ANEEL prevé continuar el debate durante los próximos meses, aunque reconoció que será difícil alcanzar una definición antes de publicar los pliegos definitivos.
La falta de claridad sobre este cargo se convierte así en una de las principales incertidumbres del proceso. Mientras los desarrolladores deberán presentar garantías más elevadas y demostrar capacidad para ejecutar los proyectos, las empresas que asumirían su costo todavía desconocen cuál será la base utilizada para distribuir los pagos.
Con las dos subastas previstas para diciembre, Brasil busca incorporar baterías de alta potencia capaces de responder durante cuatro horas a las necesidades del sistema eléctrico. El nuevo esquema marcará el debut del almacenamiento independiente como recurso de capacidad, pero su avance dependerá tanto de la solidez de los proyectos como de una definición económica que aún permanece pendiente.