La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) formalizó dos pedidos al Gobierno para que contemple cambios en disposiciones y resoluciones puntuales que modifican y/o complementan normativa nacional relacionada al sector.
La primera de estas, ingresada al Ministerio de Hacienda, pone en consideración de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética que la situación económica actual complica el desarrollo previsto para generación distribuida.
Por ello, sería menester revisar los incentivos fiscales en este rubro.
Es preciso recordar que el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la red eléctrica pública (Ley 27.424), prevé una serie de instrumentos, incentivos y beneficios para apoyar al rubro, como ser certificado de crédito fiscal, amortización acelerada del impuesto a las ganancias, acceso a financiamiento de la inversión con tasas preferenciales, entre otros.
Este año, la Disposición 83/2018 agregó el procedimiento y los montos a asignar como beneficio promocional de Certificado de Crédito Fiscal.
Su anexo II fija un beneficio para "usuarios generadores" equivalente a quince pesos cada unidad de potencia expresada en vatios (15 $/W), otorgado hasta un máximo de un millón de pesos ($ 1.000.000).
De allí, los empresarios de CADER consideran que puntualmente deberían ser revisados tanto el valor inicial como el máximo por usuario.
De modo que se refuerce este instrumento fundamental para apalancar el crecimiento de la generación distribuida.
Por otro lado, el Comité de Energía Solar Térmica de CADER puso a consideración del Ministro de Producción y Trabajo tener flexibilidad frente al inicio de la obligatoriedad de la certificación de colectores solares y otros componentes asociados.
Pedido dirigido puntualmente a la Subsecretaría de Políticas de Mercado Interno.
Considerando la Resolución 520/2018 que plantea el procedimiento y los plazos para la evaluación de la conformidad de los productos, los empresarios advierten que la segunda etapa de implementación de esta medida (que debería ejecutarse este mes) tendría que tener una prórroga ya que, en principio no se contaría con laboratorios locales preparados para realizar ensayos pertinentes.
Según el anexo II, esa segunda etapa implicaría puntualmente la entrada en vigencia de la obligatoriedad de contar con una constancia de inicio del trámite de certificación.
Además de aquella prorroga, los empresarios solicitan que sea posible validar en el país a los equipos certificados bajo normas internacionales y contemplar la inclusión de la definición de "familia de productos" en la normativa para evitar tener que hacer ensayos por cada modelo que entre en el marco de la Res. 520.
Esta última carta ya reposa en el escritorio del funcionario competente para dar respuesta al pedido de los empresarios.
Según indica el historial de pases del expediente contenedor, esta solicitud con Nicolás D Odórico como destinatario llegó a la Subsecretaría de Políticas y Mercado Interno el pasado miércoles 3 de septiembre.
Mientras que la solicitud dirigida a Maximiliano Morrone aún no habría avanzado hasta las manos del funcionario, aún existiría el tiempo administrativo para que se realice la respuesta correspondiente.
Por Florencia Guglielmetti
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