Costa Rica entró en una etapa decisiva para definir el futuro de la reforma que podría transformar la estructura de su mercado eléctrico. El proyecto recibió el aval de la Asamblea Legislativa en primer debate, aunque todavía debe superar una segunda votación con una mayoría calificada de 38 diputados.
La principal amenaza es el vencimiento de su plazo legislativo en octubre. Si antes de esa fecha no se concreta el segundo debate ni se extiende formalmente la vigencia del expediente, la propuesta quedará archivada.
“La segunda votación es la que está pendiente. Si se realiza, entonces tendría aprobación la ley”, explicó la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) en diálogo con este medio.
El proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional fue aprobado en primer debate a finales de mayo. La votación alcanzó 27 apoyos, mientras que la instancia definitiva exige el respaldo de dos terceras partes de la Asamblea Legislativa, equivalentes a 38 de los 57 diputados.
ACOPE estimó que la propuesta reúne actualmente entre 30 y 31 respaldos, por lo que todavía necesitaría sumar entre siete y ocho legisladores para garantizar su aprobación.
“La segunda votación tendría que tener 38 votos. A este momento, el proyecto de ley tiene cerca de 30 o 31, pero no los 38”, precisó la asociación.
La falta de una mayoría asegurada impide que el expediente sea llevado de inmediato al segundo debate. Sus impulsores consideran que someterlo al Plenario sin contar previamente con los apoyos podría provocar su rechazo definitivo.
“Si se sometiera a votación y no se alcanzaran los 38 votos, el proyecto se muere, es decir, se archiva, porque es una condición necesaria”, advirtió ACOPE.
Ante este escenario, el Gobierno y las principales organizaciones empresariales intensificaron los contactos con las bancadas legislativas. Las gestiones apuntan a que los diputados revisen la propuesta y construyan el consenso necesario antes de llevarla nuevamente al recinto.
ACOPE señaló que, ante la falta de votos, el sector empresarial y el Poder Ejecutivo solicitaron de manera constante a las fracciones políticas que avanzaran en el análisis del texto y habilitaran su votación.
Las gestiones también fueron planteadas en espacios públicos y empresariales, entre ellos el Congreso Nacional de Energía organizado por la Cámara de Industrias de Costa Rica. Allí, representantes del sector analizaron el futuro del sistema eléctrico y las modificaciones regulatorias necesarias para atraer nuevas inversiones.
La principal dificultad está vinculada con la posición del Partido Liberación Nacional (PLN), una de las bancadas con mayor representación parlamentaria. Según ACOPE, ese bloque todavía no acompaña la iniciativa y sus votos resultan determinantes para alcanzar la mayoría calificada.
“No hemos logrado aún que la segunda fracción política más grande, que sería Liberación Nacional, dé su aval al proyecto y lo vote”, sostuvo la organización.
Desde el gremio consideraron que las alternativas promovidas por ese espacio político no ofrecen una respuesta integral a las necesidades del mercado eléctrico costarricense.
“Liberación Nacional ha venido diciendo consistentemente que todavía no está a favor del proyecto y que propone otras alternativas, pero estas pueden generar soluciones parciales”, agregó ACOPE.
El desacuerdo refleja el debate más amplio que atraviesa la reforma. Sus defensores argumentan que Costa Rica necesita modernizar su arquitectura institucional, ampliar la competencia y facilitar la incorporación de nuevas tecnologías.
Los sectores opositores, en cambio, advierten sobre un posible debilitamiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), del modelo solidario y de la regulación tarifaria.
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El inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa modificó el contexto político del expediente. Durante el periodo extraordinario, el Poder Ejecutivo determina cuáles son los proyectos convocados y discutidos.
En las sesiones ordinarias, las iniciativas incorporadas a la agenda legislativa pueden ser tratadas sin depender de una convocatoria específica del Gobierno.
“A partir de agosto pasamos a sesión ordinaria y eso quiere decir que todos los proyectos de ley entran en agenda. No necesitan ser convocados, sino que se ve todo lo que está incorporado”, explicó la asociación.
El cambio abrió una nueva posibilidad para que el expediente sea conocido por los legisladores. Sin embargo, su inclusión en la agenda no resuelve la falta de acuerdos ni garantiza que el texto sea sometido inmediatamente a votación.
La prioridad para el Gobierno y el sector empresarial será conseguir entre siete y ocho apoyos adicionales, de acuerdo con el cálculo de ACOPE, y evitar que el segundo debate se produzca sin tener asegurada la mayoría requerida.
A esa negociación se suma el vencimiento reglamentario. Los proyectos de ley cuentan con cuatro años para completar su tramitación, periodo que en este caso concluirá en octubre.
“Los proyectos de ley, según el reglamento de la Asamblea Legislativa, tienen un plazo de cuatro años para gestionarse y, en este caso particular, vence en octubre”, alertó ACOPE.
Si la Asamblea no aprueba la reforma antes de ese momento, los diputados todavía podrían extender el plazo del expediente. La prórroga, no obstante, también tendría que ser votada antes del vencimiento.
“Si no se vota en segundo debate antes del vencimiento o no se extiende el plazo antes de octubre, entonces también se archiva”, remarcó la organización.
Una reforma estructural para el mercado eléctrico
La iniciativa apunta a modificar uno de los esquemas eléctricos más centralizados de Centroamérica. Actualmente, el ICE mantiene un papel central en la generación, la operación y la planificación, además de actuar como comprador principal dentro del sistema.
Entre los cambios planteados se encuentra la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN), que administraría el mercado y asumiría tareas de planificación y coordinación. El texto también contempla un mercado mayorista y una mayor participación de generadores privados.
Costa Rica cuenta con una cobertura eléctrica cercana al 99,5% y una matriz basada en más del 95% de fuentes renovables. Sin embargo, todavía existe margen para ampliar la presencia de tecnologías como la solar y la eólica, además del despliegue de sistemas de almacenamiento.
Para el sector privado, un nuevo diseño de mercado podría habilitar desarrollos renovables, soluciones con baterías y nuevas inversiones, siempre que la regulación establezca mecanismos previsibles de contratación, reglas claras de acceso y condiciones de seguridad jurídica.
El resultado de la discusión también será relevante para la competitividad del país, la atención de una demanda eléctrica creciente, la electrificación del transporte y la eventual llegada de industrias con consumos intensivos.
El contenido de la propuesta no registró cambios recientes. El escenario político sí se modificó con el comienzo de las sesiones ordinarias, la persistencia de la brecha de votos y la proximidad del límite reglamentario.
“Estamos contra el reloj. Tenemos que apurar como país la discusión del segundo debate para que este proyecto no se archive en octubre”, enfatizó ACOPE.
Costa Rica dispone así de menos de tres meses para resolver uno de los debates regulatorios más relevantes de su sector energético. El futuro de la iniciativa dependerá de que sus promotores alcancen la mayoría calificada o, como alternativa, consigan extender su vigencia legislativa.
“El texto no ha cambiado, pero tenemos la carrera por el vencimiento del plazo en octubre, el inicio de las sesiones ordinarias y la falta de los votos necesarios para el segundo debate”, concluyó la asociación.