Costa Rica se encuentra en proceso de debate de una reforma estructural para su sector eléctrico que podría cambiar la forma en que se incorporan nuevos proyectos renovables: el expediente legislativo 23.414, denominado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, propone abrir el mercado a una mayor competencia regulada, con subastas para adjudicar nueva capacidad de generación, además de redefinir la operación y gobernanza del sistema.
La iniciativa plantea procesos para adjudicar capacidad eléctrica, bajo la premisa de que una mayor competencia permitiría incorporar proyectos más eficientes en costo y responder con mayor agilidad al crecimiento de la demanda.
El debate llega en un momento clave. Aunque Costa Rica mantiene una de las matrices eléctricas más limpias de América Latina, el desafío ya no pasa únicamente por sostener esa condición, sino por diversificar tecnologías, acompañar el crecimiento del consumo y asegurar competitividad a largo plazo.
Competencia y subastas: el principal giro del proyecto
El cambio económico más significativo del expediente está en el esquema de contratación.
La propuesta habilita un mercado mayorista con mayor participación de agentes públicos y privados, mientras la expansión del sistema incorporaría mecanismos competitivos para seleccionar proyectos con mejores condiciones técnicas y económicas.
Ese modelo supone un giro respecto del esquema tradicional costarricense, donde la planificación y ejecución de nueva capacidad han estado históricamente concentradas.
Desde ACOPE pidieron avanzar con la aprobación del expediente al considerar que Costa Rica enfrenta desafíos energéticos que requieren decisiones estructurales y visión de largo plazo.
“Una modernización responsable del sistema eléctrico puede convertirse en un elemento estratégico para atraer inversión, promover la innovación y consolidar la competitividad de Costa Rica”, afirmó María Fernanda Esquivel, presidenta de ACOPE.
Costa Rica no estaría discutiendo una herramienta inédita en la región, ya que países vecinos habrían adoptado técnicas similares. Recientemente, Panamá adjudicó su licitación renovable LPI ETESA 01-25 con precios altamente competitivos y predominio eólico, mientras que su siguiente proceso volvió a mostrar fuerte presión competitiva para nueva capacidad limpia.
Guatemala también consolidó uno de los procesos más relevantes de Centroamérica con la licitación PEG-5, que contempla más de 1500 MW, con fuerte protagonismo de solar más almacenamiento.
República Dominicana, por su parte, lanzó una licitación pública para incorporar hasta 600 MW renovables con almacenamiento obligatorio, reforzando el uso de procesos competitivos como herramienta de expansión.
En ese contexto, el expediente costarricense se inserta en una tendencia regional donde las subastas aparecen como mecanismo para incorporar nueva capacidad, contener costos y acelerar la diversificación tecnológica.
Una matriz renovable con margen para diversificarse
Costa Rica exhibe indicadores renovables difíciles de igualar en la región, pero eso no implica una diversificación homogénea entre tecnologías.
Según datos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el 97,3% de la demanda eléctrica nacional fue atendida con fuentes renovables en 2025, mientras que el 98,6% de la generación total provino de tecnologías limpias.
Sin embargo, la energía solar mantiene una participación marginal.
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Durante 2025, la tecnología fotovoltaica aportó 36,6 GWh sobre una producción nacional superior a 13352 GWh, equivalente a apenas 0,27% del total. La capacidad solar instalada alcanzó solo 15,5 MW, frente a una capacidad total del Sistema Eléctrico Nacional de 3658,6 MW.
La matriz sigue ampliamente dominada por la hidroelectricidad, seguida por eólica y geotermia, siendo que la primera aportó 9.568.471,8 MWh, mientras que la segunda alcanzó los 1.550.362,1 MWh.
Ese escenario explica parte del interés que genera la reforma entre actores del sector: una apertura competitiva podría facilitar el ingreso de nuevos desarrollos solares, almacenamiento y otros modelos de generación con menor presencia en el mix actual.
ECOSEN y la nueva arquitectura institucional
Otro de los pilares del expediente es la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN).
El proyecto propone constituir una entidad autónoma con independencia técnica y organizacional que asumiría funciones vinculadas a la operación del sistema, administración del mercado eléctrico nacional y coordinación con el mercado regional.
Entre sus atribuciones estarían el despacho económico, la planificación de expansión de generación y transmisión, la operación comercial y la coordinación técnica del sistema.
Para quienes respaldan la iniciativa, este rediseño permitiría una separación más clara entre operación técnica y participación comercial, con mayores estándares de transparencia y eficiencia.
La discusión legislativa también está atravesada por preocupaciones operativas concretas.
ACOPE advirtió que Costa Rica enfrenta una combinación de factores que elevan la presión sobre el sistema: crecimiento sostenido de la demanda, transición energética, competitividad industrial y efectos de la variabilidad climática sobre la matriz de generación.
El material técnico que acompaña la discusión del proyecto también apunta a un aumento estructural del consumo asociado a electrificación, expansión industrial y nuevas actividades intensivas en energía.
Bajo ese contexto, la discusión sobre apertura del mercado deja de ser exclusivamente regulatoria y empieza a cruzarse con la necesidad de acelerar decisiones de inversión.
El expediente 23.414 pone sobre la mesa una discusión de fondo sobre el modelo eléctrico costarricense, ya que propone mantener el principio de prioridad para la demanda nacional, preservar el rol regulado de distribución y abrir espacios de competencia en generación y comercialización bajo nuevas reglas.
Desde ACOPE sostienen que "postergar esta discusión puede profundizar limitaciones operativas y económicas del esquema actual".
En definitiva, el Congreso costarricense deberá definir ahora si el país avanza hacia un modelo con mayor competencia regulada para expandir su sistema eléctrico o mantiene una estructura que, pese a sus fortalezas renovables, enfrenta crecientes exigencias de escala, flexibilidad y diversificación tecnológica.