Daniel González renunció a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería de Argentina y rompió el silencio sobre su paso al costado del gobierno de Javier Milei.
El ya exfuncionario reveló que la decisión estaba conversada desde hacía meses con el ministro de Economía, Luis Caputo, pero que ambos acordaron postergarla para evitar especulaciones sobre una eventual crisis interna y completar una serie de compromisos estratégicos.
“Es un ciclo que se acaba. No soy una persona con una vocación política ni con mucha exposición, salvo este rol. Lo venimos hablando con Toto Caputo hace meses. Nos pareció que este era el momento y antes no. Teníamos que sacar la ley de zonas frías, además que la ley de biocombustibles ya tiene media sanción”, explicó González públicamente.
“También debíamos presentar el presupuesto, tuvimos participación en Argentina Week en París con muchas empresas, sumado a que debimos acelerar con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) porque estaban entrando cantidad de proyectos y queríamos evitar el efecto bola de nieve”, agregó.
La necesidad de completar esos compromisos postergó una desvinculación que ya había sido conversada con el titular del Palacio de Hacienda, entiendo que “ahora sí es [un momento] más razonable”.
Cabe recordar que pasaron poco más de dos años desde la designación oficial en el cargo (oficializada mediante el Decreto 811/2024, con vigencia desde el 28 de agosto 2024).
En aquel entonces, el ex CEO de YPF arribó al Ministerio de Economía para articular las políticas energéticas y mineras bajo la conducción de Caputo, con participación en la coordinación de inversiones, reformas regulatorias y decisiones estratégicas de ambas industrias.
“Fueron dos años y medio en el cargo. Y así como, para quien viene del sector privado es muy difícil dar el paso al sector público, aunque parezca contradictorio, es muy difícil irte”, reconoció
Si bien hasta el momento, no se anunció un reemplazante para la coordinación de ambas áreas, la no implicaría modificaciones en la orientación de las políticas vigentes ni otros cambios en pesos de renombre dentro de las áreas vinculadas.
Según pudo averiguar Energía Estratégica, tanto la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, y su par de Minería, Luis Lucero, permanecerán en sus funciones, al igual que aquellos equipos responsables del seguimiento del RIGI, una de las herramientas bastiones de la gestión de González.
Incluso, conforme a datos difundidos por el Ministerio de Economía, el RIGI registraba 16 proyectos aprobados por casi USD 30000 millones, a lo que se debe añadir otras 25 iniciativas en evaluación por alrededor de USD 111.000 millones (total de USD +140.000 millones y cerca de 197.000 empleos potenciales).
El balance energético: desregulación eléctrica y reformas pendientes
El ahora exsecretario de Coordinación de Energía y Minería de Argentina no fue ajeno a un análisis de su gestión e identificó la apertura del mercado y la menor intervención estatal en la formación de precios como los principales cambios introducidos en el sector.
“Lo mejor que hicimos en el sector energético fue corrernos, no intervenir y permitirle florecer al sector privado. No podemos intervenir más en el seteo de precios locales, los pone el mercado. Y el sector privado respondió enormemente”, afirmó.
Uno de los instrumentos centrales de esa transformación fue la Resolución SE 400/2025 en octubre del pasado año, la cual estableció las Reglas para la Normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y su Adaptación Progresiva; que bajo la mirada de González “revolucionó el sector”.
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¿Por qué? La normativa redefine el esquema de abastecimiento mediante una mayor participación de contratos bilaterales entre generadores, comercializadores y distribuidores, frente al modelo de contratación centralizada administrado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
En ese marco, se contempla que las distribuidoras cubran al menos el 75% de su demanda estacionalizada mediante acuerdos bilaterales, incorporando mayores responsabilidades comerciales y señales de precios en el abastecimiento.
La reforma tuvo continuidad esta semana con la publicación de la Resolución 293/2026, que acelera la liberalización del Mercado a Término (MAT) y amplía las posibilidades de contratación para centrales térmicas e hidroeléctricas existentes.
El nuevo cronograma incrementa los límites del 20% al 60% desde abril de 2027, al 80% en abril de 2028 y elimina las restricciones porcentuales en enero de 2029, adelantando un año la apertura total prevista inicialmente.
Para las energías renovables, la incorporación de mayor oferta convencional supone un cambio en las condiciones competitivas del mercado de contratos, debido a que las nuevas instalaciones deberán disputar acuerdos de suministro con centrales cuyas inversiones iniciales podrían encontrarse amortizadas.
Lo pendiente tras la salida de González
La Secretaría de Energía mantiene definiciones pendientes sobre el Servicio de Reserva de Confiabilidad Adicional (SerCA), diseñado para incorporar capacidad firme mediante una combinación de licitaciones y mecanismos de contratación privada.
Una de las alternativas evaluadas contempla articular convocatorias públicas con la dinámica del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER), que asigna prioridad de despacho a través de llamados trimestrales según la disponibilidad de transporte eléctrico.
Tettamanti había anticipado que la regulación podría publicarse en un plazo de 15 días y había estimado la necesidad de incorporar alrededor de 1000 MW anuales. Sin embargo, el diseño continúa en elaboración, con aspectos técnicos y comerciales todavía por definir.
A ello se suma la designación pendiente de autoridades del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE), organismo creado para unificar las funciones regulatorias que anteriormente ejercían el ENRE y el Enargas.
Pese a estos asuntos abiertos, González destacó la continuidad de la política energética y minera bajo la conducción presidencial: “Creo que a nivel energía y minería se está haciendo una transformación muy grande. Si no fuera por la línea que baja Milei, sería imposible, pero está poniendo a Argentina en un lugar distinto”.
No obstante, vale la pena aclarar que su paso por el Gobierno también estuvo atravesado por diferencias con funcionarios vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, particularmente sobre el financiamiento de obras de infraestructura eléctrica.
Uno de los principales contrapuntos se produjo alrededor del proyecto AMBA I, destinado a ampliar la capacidad de transporte y reforzar el abastecimiento del Área Metropolitana de Buenos Aires.
González había promovido a fines de 2024 una licitación mediante un mecanismo de remuneración por estampillado, pero la iniciativa no prosperó ante la oposición de otros sectores del Ejecutivo, y finalmente derivó en una convocatoria de concesión pública lanzada recién en agosto del presente año.
Incluso, el episodio expuso diferencias entre el Ministerio de Economía y la conducción de Energía Argentina S.A. (Enarsa). Sin embargo, González no atribuyó su renuncia a esas disputas y sostiene que la decisión había sido acordada previamente con Caputo.
De este modo, su salida deja vacante la coordinación de dos sectores estratégicos, mientras Economía mantiene en ejecución la normalización del mercado mayorista, la apertura de la contratación eléctrica y la evaluación de proyectos del RIGI.
Por Matías Medinilla
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Por Emilia Lardizabal
