Hace poco más de un año, Ximena Rincón todavía ocupaba una banca en el Senado cuando firmó una carta que reclamaba abrir una renegociación voluntaria de los contratos de suministro eléctrico en Chile. La iniciativa había sido impulsada por Fundación Energía para Todos y terminó reuniendo alrededor de 12.000 adhesiones, entre ciudadanos y autoridades.
Meses después, Rincón llegó al Ministerio de Energía y aquella discusión pasó al terreno regulatorio. La nueva normativa incorporó una herramienta específica para que la Comisión Nacional de Energía (CNE), previo mandato de la cartera, pueda impulsar por única vez modificaciones voluntarias sobre contratos vigentes o la suscripción de nuevos acuerdos, con margen para revisar precio, plazo y otras condiciones.
Para Javier Piedra Fierro, director ejecutivo de Fundación Energía para Todos, el cambio tiene menos que ver con la aparición de una idea nueva que con la decisión de llevarla finalmente a la práctica.
“Hubo un Gobierno que quiso contactarse con las empresas para conversar y, de esa manera, poder llegar a acuerdos. Y hubo otro Gobierno que no, que su voluntad política no estaba puesta en activar este mecanismo”, sostuvo en diálogo con Energía Estratégica.
La discusión no comenzó con la nueva administración.
Un antecedente oficial del propio Ministerio de Energía muestra que, durante 2023, la CNE ya había revisado las condiciones de contratación del suministro regulado, incluyendo volúmenes, duración, precios y fórmulas de indexación.
En ese momento, el análisis detectó que 26% de la energía contratada para clientes regulados estaba asociada a fórmulas que utilizaban el precio del carbón como índice. De ese volumen, un 12% correspondía a contratos que terminaron en 2024, otro 3% vencía en 2027 y un 11% se extendía hasta 2032.
A partir de ese diagnóstico, el entonces secretario ejecutivo de la CNE recibió el encargo de explorar voluntariamente alternativas con las compañías que concentraban mayores volúmenes indexados a combustibles fósiles.
En agosto de 2023 hubo reuniones con AES Andes y Enel Generación. Las empresas manifestaron disposición a conversar, aunque advirtieron sobre los riesgos de modificar los acuerdos y finalmente no se concretaron cambios contractuales.
La propia respuesta oficial del Ministerio reconocía entonces una limitación relevante: el mecanismo previsto en el artículo 134 de la Ley General de Servicios Eléctricos solo podía ser iniciado por alguna de las partes contratantes —suministrador o distribuidora— y la autoridad no estaba facultada para activarlo.
Ese es uno de los cambios que adquiere relevancia con el nuevo marco: la CNE contará con una vía formal para impulsar el proceso, aunque seguirá sujeto a la voluntariedad de las partes.
Para Piedra Fierro, la negociación no debería interpretarse como una intervención extraordinaria sobre el mercado.
“La renegociación de contratos eléctricos es lo más común del mundo en el mundo eléctrico”, afirmó.
“Es un instrumento de mercado, no un instrumento de Estado. No es que el Estado vaya a expropiar o vaya a echar abajo un contrato, sino que esto es sentarse en la mesa a conversar a propósito de que han cambiado las condiciones desde que se firmó el contrato a la fecha”, agregó.
El ejecutivo también destacó que, hasta el momento, no observó una reacción negativa generalizada de las generadoras frente al mecanismo y recordó que este tipo de revisiones contractuales ya se utilizan habitualmente entre grandes consumidores.
“En Chile, toda la minería renegoció sus contratos eléctricos, que son muy similares a los que tienen los clientes regulados”, señaló.
La diferencia, esta vez, será que las conversaciones se desarrollarán bajo un paraguas legal específico. El mecanismo es voluntario y excepcional y permite intervenir sobre precio, extensión y condiciones de los contratos, en lugar de forzar unilateralmente una reapertura.
“Acá no se trata de perjudicar a la industria. Se trata de que, en este cambio tecnológico que hemos vivido a través de las energías renovables, los beneficiarios seamos todos”, planteó Piedra Fierro.
Después de los contratos, generación distribuida
Con la renegociación finalmente incorporada al marco regulatorio, Fundación Energía para Todos entiende que esa discusión puede dejar de concentrar su agenda y abrir paso a un nuevo frente: la generación distribuida.
Piedra Fierro puso particularmente el foco en el acceso residencial y en la necesidad de que la expansión de los sistemas solares deje de estar condicionada por la capacidad económica de cada hogar.
“Tenemos que ser capaces de hacer que los paneles solares no solo se queden en el sector oriente de la capital, sino que las capas medias de la sociedad también puedan comenzar a generar su propia energía y, de esa manera, ser actores a la hora de generar y gestionar su energía”, sostuvo.
El segmento atraviesa una expansión acelerada.
A mayo de 2026, Chile registraba 41.962 instalaciones bajo la Ley de Generación Distribuida y 501,8 MW de potencia acumulada, según la CNE. Frente al mismo período del año anterior, la cantidad de sistemas aumentó 35% y la capacidad instalada, 40%.
La propia Ruta Energética 2026-2030 presentada por el Gobierno establece como meta alcanzar 1 GW de generación distribuida bajo Net Billing hacia 2030, prácticamente duplicando la capacidad actual.
El documento también propone instalar 65.000 nuevos sistemas solares en segmentos residenciales, comerciales, agrícolas, industriales y públicos, entre otros.
Para Piedra Fierro, sin embargo, el desafío no consiste solamente en sumar potencia.
“Ahí todavía hay que pensar mejores políticas públicas de incentivo para el desarrollo de energía domiciliaria, de energía ciudadana”, advirtió.
El planteo toca además una discusión económica que irá ganando peso a medida que crezca la autogeneración.
“Hay que tenerlo súper claro: un kilowatt hora generado en una casa es un kilowatt hora que se deja de comprar a grandes generadoras. Y es un kilowatt hora que deja de pasar por redes de transmisión”, sostuvo.
El propio Ministerio reconoce este desafío. En su última Cuenta Pública señaló que, ante una incorporación masiva de generación distribuida residencial, será necesario evaluar sus efectos sobre los esquemas de tarificación y el uso de infraestructura de distribución y transmisión, con el objetivo de asegurar un desarrollo eficiente de la tecnología.
Para Piedra Fierro, los intereses contrapuestos son inevitables, pero no deberían postergar nuevamente la discusión.
“Siempre va a haber ganadores y perdedores, pero lo que hay que buscar es el bien mayor para los ciudadanos. Ese es el objetivo de la política pública”, concluyó.