A días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el próximo presidente colombiano va a comenzar su mandato con una agenda energética crítica. SER Colombia advirtió que el país podría enfrentar un déficit estructural desde 2027 si el nuevo Gobierno no acelera decisiones regulatorias, financieras y de infraestructura para incorporar nueva capacidad y destrabar proyectos pendientes.
El contexto regulatorio agrega presión. La próxima administración no solo recibirá alertas sobre suficiencia energética, sino también decisiones estratégicas aún abiertas para el mercado eléctrico. Entre ellas aparece la subasta de cargo por confiabilidad, cuya adjudicación debía concretarse en marzo de 2026, y la esperada convocatoria de contratos de largo plazo para energías renovables, dos mecanismos seguidos de cerca por el sector porque definirán señales de inversión y expansión de oferta para los próximos años.
SER Colombia estimó que Colombia necesita incorporar al menos 6000 MW adicionales en los próximos cinco años, con inversiones cercanas a USD 5000 millones, para evitar que la expansión de la demanda supere la incorporación de nueva oferta. Si se ejecutan medidas regulatorias y operativas concretas, ese potencial podría ampliarse hasta 9500 MW nuevos, con un impacto estimado de hasta 7 billones de pesos en ahorro tarifario.
La expansión renovable ya existe sobre el papel, pero sigue enfrentando cuellos de botella estructurales. Más de 300 trámites permanecen represados, incluyendo procesos vinculados a transmisión, con demoras de hasta 2000 días, mientras 5086 MW continúan sin cierre financiero.
“Colombia no tiene un problema de falta de interés por parte del inversionista, sino de ejecución”, sostuvo Alexandra Hernández, presidenta ejecutiva de SER Colombia.
La hoja de ruta que deja el sector
SER Colombia pidió al próximo Ejecutivo que actúe desde el inicio del mandato. Entre las prioridades aparecen destrabar permisos en seis meses, acelerar conexiones, ampliar la infraestructura eléctrica, revisar señales del mercado mayorista y garantizar mayor estabilidad jurídica para recuperar confianza inversora.
La asociación también cuestionó ciertas intervenciones sobre la bolsa de energía, al considerar que redujeron incentivos para la contratación de largo plazo y afectaron la competitividad de nuevos desarrollos renovables. En paralelo, el almacenamiento energético quedó identificado como otra pieza clave dentro de la estrategia de confiabilidad, especialmente para cubrir horas críticas en un sistema cada vez más diversificado.
La agenda sectorial también incluyó barreras para pequeños productores. El gremio pidió acelerar esquemas de autogeneración, facilitar el ingreso de nuevos actores y actualizar mecanismos de contratación que respondan mejor a la realidad de las renovables.
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La asociación también planteó que el desarrollo de nueva infraestructura deberá convivir con procesos sociales y ambientales más ágiles, sin perder de vista la participación comunitaria, particularmente en regiones donde se concentra buena parte del portafolio renovable.
La advertencia del sector llega mientras Colombia se encamina a cerrar 2026 con más de 4200 MW de capacidad renovable instalada. De ese total, 2876 MW corresponden a proyectos de mediana y gran escala en operación comercial o pruebas, mientras que más de 1300 MW provienen de recursos distribuidos como autogeneración y minigranjas. A eso se sumarían 177 MW adicionales este año mediante 16 proyectos.
Con esa capacidad, Colombia podría cubrir el consumo eléctrico de Bogotá y su área metropolitana, donde viven 10,2 millones de personas, además de evitar emisiones equivalentes a sacar más de 265000 vehículos de circulación cada año.
A nivel territorial, el despliegue renovable ya se expandió en más de 20 departamentos, con actividad destacada en Atlántico, La Guajira, Cesar, Tolima, Cundinamarca, Córdoba, Magdalena, Meta y Norte de Santander. Solo Atlántico concentra 768,2 MW en construcción, mientras Tolima suma 349,4 MW, Cundinamarca 349,5 MW y Cesar 337,8 MW, consolidando nuevos polos energéticos fuera de los centros tradicionales.
El pipeline también muestra profundidad. 1043 MW están listos para iniciar construcción durante 2026, mientras 5843 MW adicionales permanecen en fases más tempranas de desarrollo. Parte de esos proyectos podría avanzar entre 2027 y 2029, aunque eso dependerá de que el ecosistema regulatorio y financiero acompañe.
“Las renovables dejaron de ser una conversación de futuro. Ya son una necesidad de competitividad y soberanía energética”, planteó Hernández.
Con proyectos identificados, capital interesado y capacidad técnica en expansión, la discusión para el próximo Gobierno pasa por la velocidad con la que logre convertir ese potencial en generación efectiva antes de que la presión sobre el sistema se traduzca en un problema de abastecimiento.