La respuesta que obtuvo la licitación de baterías AlmaSADI difícilmente se replique en la convocatoria de transmisión para el proyecto AMBA I en Argentina.
Así lo anticipa la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), que observa la primera licitación del nuevo plan de transporte eléctrico como una prueba para determinar hasta dónde existe interés privado por asumir inversiones de largo plazo en la red eléctrica argentina.
“Entiendo que no será una licitación tipo AlmaSADI, que fue un boom de ofertas, pero que va a haber suficientes interesados como para que no quede desierta”, aseguró Marcelo Álvarez, presidente de CADER, en diálogo con Energía Estratégica.
La referencia tiene números detrás. AlmaSADI recibió inicialmente 235 ofertas técnicas de 37 empresas por más de 8300 MW, frente a un objetivo de incorporación de apenas 700 MW.
Tras la evaluación, 232 proyectos por 8230 MW llegaron a la apertura económica y finalmente fueron adjudicados 20 proyectos de cinco compañías por 700,5 MW, con una inversión estimada en USD 700 millones.
AMBA I plantea una ecuación distinta. La licitación nacional e internacional contempla la construcción, operación y mantenimiento de una infraestructura estimada en USD 800 millones, con aproximadamente 270 kilómetros de líneas en 500, 220 y 132 kV, una nueva estación transformadora en Plomer y obras complementarias. Su ejecución debería ampliar en alrededor de 2000 MW la capacidad de abastecimiento del área metropolitana.
Además, el contrato establece hasta 52 meses de construcción, mientras que la recuperación de la inversión se extenderá durante la concesión. La estructura contempla una eventual garantía del Banco Interamericano de Desarrollo por hasta 25 años y destinada a cubrir hasta seis meses de remuneración al concesionario, además de la posibilidad de que el adjudicatario solicite adhesión al RIGI.
“El modelo elegido de licitación genera un riesgo privado importante y se concentra para no tantos jugadores del área local”, sostuvo Álvarez.
Y agregó: “Lo más difícil es cuando hundís la inversión y no la amortizás en el período del gobierno vigente, sea este o el siguiente, y tenés que recuperar la inversión en períodos muy largos. La vulnerabilidad en Argentina es alta”.
AMBA I como prueba para las otras 15 obras
Para CADER, lo que ocurra en esta convocatoria tendrá relevancia más allá de la ampliación del sistema metropolitano.
“AMBA I es un laboratorio que va a ver cuántas empresas se presentan, si condicionan sus ofertas y las preguntas o sugerencias que hacen durante el proceso del pliego en la calle”, señaló Álvarez.
El primer indicador concreto llegará hacia la primera quincena de diciembre, cuando está prevista la presentación y apertura del Sobre N°1, correspondiente a la calificación técnica y financiera. La apertura económica y la adjudicación deberían completarse a comienzos de 2027.
La experiencia será particularmente relevante porque AMBA I inaugura un programa mucho mayor. El Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico comprende 16 proyectos, más de USD 6600 millones de inversión y 5610 kilómetros de nuevas líneas de 500 kV.
Frente a esa escala, Álvarez considera que avanzar sucesivamente con procesos individuales podría no ser suficiente para recuperar el atraso de infraestructura.
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“Dado que las obras, entre licitación, adjudicación, firma de contrato, financiamiento y ejecución, llevan cinco años siendo optimistas, hace falta licitar de manera más agrupada”, afirmó.
El esquema de AMBA I, según Álvarez, limita de entrada la cantidad de actores locales con capacidad financiera y técnica para asumir una obra de esta magnitud. Para CADER, ese condicionante debería pesar en el diseño de las próximas convocatorias.
“Esto también generaría interés de grupos del exterior, que probablemente no van a venir solamente por el tramo AMBA I, pero que, si se agruparan varios de los 16 tramos planeados, podrían encontrarlos atractivos. Eso generaría mayor competencia y podría bajar los precios”, explicó.
Transmisión para volver a abrir espacio a las renovables
La secuencia de las próximas licitaciones también será determinante para la expansión renovable. Entre las primeras obras que el Gobierno definió como prioritarias junto con AMBA I figuran la línea de 500 kV Río Diamante–Charlone–O'Higgins, destinada a ampliar la evacuación de generación de Cuyo y parte del Comahue, y el Corredor Sur Puerto Madryn–Choele Choel–Bahía Blanca, que reforzará la vinculación de Patagonia con el sistema troncal.
Este último ya avanzó un paso administrativo adicional durante julio con el proceso de consulta ambiental y social. El proyecto comprende dos líneas de extra alta tensión de 500 kV —Puerto Madryn–Choele Choel y Choele Choel–Bahía Blanca— y ampliaciones en las tres estaciones transformadoras involucradas.
“Los tramos que necesitamos son los que abren el paso a la energía eólica de la Patagonia y del sur de la provincia de Buenos Aires, y los vinculados al anillo del NOA y Cuyo”, señaló Álvarez.
El listado oficial de las 16 obras también incluye corredores como Rodeo–Chaparro–La Rioja Sur, Lavalle–Chumbicha y Chaparro–Antofagasta de la Sierra–Punta Cobos, además de otras expansiones en Patagonia, Buenos Aires, Centro y NEA.
Para el presidente de CADER, la falta de capacidad disponible obliga mientras tanto a desplazar parte del crecimiento renovable hacia otros segmentos.
“Queda algo de MATER, porque algunos nodos que hoy están reservados se van a liberar y relicitar, pero el MATER va de salida ya que queda muy poca capacidad disponible”, advirtió.
En ese escenario, proyecta que durante los próximos cinco años ganarán peso la demanda de la minería —mediante proyectos on-grid, off-grid e híbridos— y la generación conectada directamente a redes de distribución, incluyendo PPAs con grandes usuarios, distribuidoras y cooperativas.
La magnitud de la respuesta a AMBA I mostrará ahora si el esquema diseñado para reactivar la transmisión tiene capacidad para escalar desde una primera obra de USD 800 millones hacia una cartera que supera los USD 6600 millones. Para CADER, el desafío siguiente será que ese test no se convierta en una secuencia de licitaciones aisladas, sino en el punto de partida para acelerar los corredores que hoy condicionan la incorporación de nueva generación.
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