La segunda convocatoria del Programa Energías Renovables Innovadoras del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) alcanzó una dotación ampliada inicial de 368,5 millones de euros para el conjunto de España, distribuida entre cinco líneas de incentivos.
En esa primera asignación presupuestaria, 178,82 millones de euros correspondieron al Programa 1 de agrivoltaica; 41,29 millones al Programa 2 de fotovoltaica flotante; 64,01 millones al Programa 3 de integración en infraestructuras; 40,5 millones al Programa 4 de autoconsumo colectivo; y 43,88 millones al Programa 5 de bombas de calor renovables.
El presente análisis se centra en los cuatro programas eléctricos que combinan generación renovable y almacenamiento. La resolución analizada concede 382,3 millones de euros a 468 proyectos eléctricos que suman 1164,7 MW. La agrivoltaica absorbe 882,43 MW, mientras que la fotovoltaica flotante, la integración de renovables en infraestructuras y el autoconsumo colectivo reúnen conjuntamente otros 282,27 MW.
El documento oficial diferencia cinco programas y, dentro de la agrivoltaica, tres subprogramas definidos por la disposición de los módulos respecto de los cultivos. Todos los proyectos incluidos en las primeras cuatro categorías incorporan almacenamiento.
La agrivoltaica concentra tres de cada cuatro megavatios
El Programa 1 se consolida como la principal apuesta de la convocatoria, con 118 proyectos y una potencia total adjudicada de 882,43 MW. Las actuaciones reciben 234,03 millones de euros en ayudas y movilizarán una inversión de 747,62 millones.
La subvención media se sitúa en 1,98 millones de euros por proyecto, mientras que la inversión promedio alcanza 6,34 millones. La ayuda pública equivale aproximadamente al 31% del desembolso previsto, por lo que cada euro adjudicado moviliza más de tres euros de inversión.
El programa se divide en tres configuraciones. El subprograma 1.1 comprende instalaciones fotovoltaicas intercaladas con el cultivo. El 1.2 financia estructuras sobre la producción agrícola con alturas de entre dos y cuatro metros. El 1.3 se reserva para sistemas elevados a más de cuatro metros.
La primera modalidad concentra numerosos desarrollos de escala industrial. Entre ellos aparecen una planta de 61,64 MW en Montoro, Córdoba, y dos instalaciones próximas a 50 MW en Mansilla de las Mulas y Villamoratiel de las Matas, en León. La resolución también recoge proyectos agrivoltaicos intercalados en Cataluña, Comunitat Valenciana, Illes Balears, Aragón, Canarias y País Vasco.
Dentro del subprograma 1.2 destaca una actuación de 75 MW en Pozo de Guadalajara, junto con una instalación cercana a 50 MW en Alfajarín, Zaragoza. También figuran dos proyectos de Solaria en La Portella, Lleida, que suman cerca de 57 MW.
En la categoría de estructuras superiores a cuatro metros sobresalen una iniciativa de 52,03 MW en Jarafuel, Comunitat Valenciana; otra de 21,93 MW en Martos, Jaén; y un desarrollo de 20 MW en Sierra Engarcerán, Castellón.
La cartera combina así proyectos de gran escala con instalaciones inferiores a un megavatio. Esa diversidad permitirá evaluar distintos cultivos, alturas, sistemas de sombreado, operaciones agrícolas y esquemas de almacenamiento.
Entre los promotores con mayor número de adjudicaciones aparecen Eki Agrivoltaics, con cinco proyectos; Climventures, con cuatro; y Electra Caldense Distribució y Oleícola Berlangueña, con tres cada una.
También figuran Solaria, Enervilla Renovables, Denersa y Dargon Energy, con dos proyectos por compañía. En total, la categoría reúne 99 NIF beneficiarios únicos.
Cataluña lidera territorialmente con 30 proyectos, 221,40 MW y 52,30 millones de euros en ayudas. Le sigue la Comunitat Valenciana, con 24 iniciativas, 143,53 MW y 46,30 millones.
Castilla y León recibe 16 proyectos que suman 180,36 MW, mientras Andalucía alcanza 110,10 MW mediante ocho actuaciones. Castilla-La Mancha agrega 94,35 MW y Aragón otros 67,68 MW.
Las seis comunidades concentran más del 92% de la potencia agrivoltaica adjudicada. El reparto muestra, además, que el número de proyectos no determina necesariamente el liderazgo en capacidad: Castilla y León supera a la Comunitat Valenciana en megavatios pese a registrar ocho expedientes menos.
En conjunto, los 118 proyectos agrivoltaicos incorporan 1733,82 MWh de capacidad de almacenamiento. Esta cifra equivale a casi dos horas de almacenamiento por cada MW fotovoltaico adjudicado, aunque la relación varía de forma significativa según la configuración de las instalaciones.
El subprograma 1.1 concentra 1039,92 MWh, cerca del 60% del total agrivoltaico. Las estructuras de entre dos y cuatro metros del subprograma 1.2 aportan 291,98 MWh, mientras que los sistemas elevados a más de cuatro metros reúnen 401,92 MWh. Esta última categoría presenta la mayor intensidad relativa, con aproximadamente 3,18 MWh de almacenamiento por cada MW solar, frente a 2,07 MWh/MW en la modalidad intercalada y 1,15 MWh/MW en las estructuras de altura intermedia.
La fotovoltaica flotante recibe el mayor apoyo relativo
El Programa 2 financia instalaciones fotovoltaicas flotantes sobre embalses, balsas de riego y otras láminas de agua artificiales, siempre combinadas con sistemas de almacenamiento.
La línea adjudica 29 proyectos que totalizan 46,50 MW. Las actuaciones recibirán 37,11 millones de euros y movilizarán una inversión de 51,03 millones.
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La subvención cubre aproximadamente el 73% de la inversión, la mayor intensidad de ayuda entre las cuatro tecnologías analizadas. El apoyo medio alcanza 1,28 millones de euros por iniciativa, frente a una inversión promedio de 1,76 millones.
Entre las empresas vinculadas con las adjudicaciones aparecen Atlántica y Abengoa, además de sociedades, cooperativas y comunidades de regantes identificadas en la resolución por sus correspondientes NIF.
El listado incluye proyectos de 3,5 MW en Puerto Lápice, instalaciones de entre tres y 5,6 MW en Logrosán y una planta de seis MW en Écija. También incorpora desarrollos cercanos a 500 kW, orientados principalmente a balsas de riego y espacios hídricos artificiales.
Extremadura encabeza la distribución, con cinco proyectos, 13,41 MW y 10,86 millones de euros en ayudas. Andalucía contabiliza siete iniciativas y 11,83 MW.
Castilla-La Mancha suma siete MW, Cataluña 7,46 MW y la Comunitat Valenciana 2,50 MW. Región de Murcia, Castilla y León y Aragón completan el reparto.
Aunque la tecnología solo representa el 4% de la potencia analizada, absorbe casi el 10% de las ayudas. La diferencia refleja el carácter innovador de los sistemas flotantes, así como los costes asociados con estructuras, anclajes, operación sobre agua e integración del almacenamiento.
Renovables y baterías se integran en infraestructuras existentes
El Programa 3 adjudica 47 proyectos que combinan tecnologías fotovoltaicas, hidroeléctricas o eólicas con baterías en infraestructuras existentes.
La potencia total alcanza 165,69 MW, con 65,46 millones de euros en ayudas y una inversión prevista de 210,74 millones. Cada iniciativa recibe en promedio 1,39 millones, mientras que el desembolso medio se aproxima a 4,48 millones.
Greenvalis Energy lidera por cantidad de expedientes, con seis adjudicaciones. Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, obtiene cuatro.
También aparecen Iberdrola; la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla; Biotechnology Assets; L’Energètica; y Veolia España, con dos proyectos cada una.
La diversidad de beneficiarios evidencia el potencial de integrar generación y flexibilidad en redes de agua, instalaciones industriales, infraestructuras municipales y activos energéticos preexistentes.
Cataluña concentra 16 proyectos, 65,32 MW y 20,31 millones de euros en ayudas. Cantabria alcanza 30 MW mediante solo dos iniciativas, mientras Castilla y León suma 28,81 MW.
Asturias incorpora 11,62 MW; Castilla-La Mancha, 7,70 MW; y Aragón, 5,20 MW. La Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia, Extremadura, Murcia y Canarias completan la distribución.
Entre las actuaciones de mayor tamaño aparecen instalaciones de 20 MW en Cantabria, un proyecto de 20,55 MW en Olmedo y una actuación próxima a 28 MW en El Prat de Llobregat. La resolución también incluye proyectos hidroeléctricos en Villar del Buey y Alcolea de Tajo.
El autoconsumo colectivo domina en número de proyectos
El Programa 4 reúne el mayor volumen de expedientes: 274 proyectos, equivalentes al 59% de las iniciativas analizadas. Sin embargo, su potencia conjunta se limita a 70,08 MW.
Las actuaciones reciben 45,69 millones de euros y movilizan una inversión de 104 millones. La ayuda promedio es de 166.749 euros por proyecto, mientras que el desembolso medio alcanza aproximadamente 379.573 euros.
La menor escala responde al carácter distribuido del programa, dirigido a autoconsumo colectivo con almacenamiento y participación de consumidores vulnerables. La cartera incorpora ayuntamientos, cooperativas, comunidades energéticas y otros actores locales.
Entre las entidades con más adjudicaciones aparecen los NIF A74255282, con 69 proyectos; B25821356, con 40; y B26615617, con 29. También destacan P0800258F y A95758389, con ocho expedientes cada una.
Cataluña lidera con 129 proyectos, 27,83 MW y 15,68 millones de euros en ayudas. Extremadura registra 37 iniciativas y 11,36 MW, mientras Andalucía suma 26 proyectos y 9,10 MW.
La Comunitat Valenciana alcanza 34 expedientes y 7,31 MW. Madrid, pese a contar con solo tres iniciativas, agrega 5,48 MW.
Los resultados muestran dos modelos de despliegue. Por un lado, la agrivoltaica y la integración en infraestructuras concentran los mayores bloques de capacidad e inversión. Por otro, el autoconsumo colectivo prioriza la capilaridad territorial y la participación social, mientras la fotovoltaica flotante recibe un apoyo público proporcionalmente superior.
Con 882,43 MW, la agrivoltaica supera en más de tres veces la potencia conjunta de los otros tres programas eléctricos. El verdadero alcance de esta apuesta, sin embargo, dependerá de la ejecución de los proyectos, su compatibilidad con la producción agrícola y la capacidad de los sistemas de almacenamiento para aportar flexibilidad y mejorar la integración renovable.