La Cámara de Diputados de Argentina aprobó la media sanción al proyecto que extiende por 20 años la vigencia de la Ley N° 27.191 (régimen de fomento a las energías renovables).
De obtener aval en el Senado, el esquema permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2045, reemplazando el vencimiento previsto originalmente para fines de 2025.
La iniciativa representa un giro respecto de diciembre pasado, cuando el mismo cuerpo legislativo había rechazado la inclusión de esta prórroga dentro del Capítulo XI del Presupuesto 2026 impulsado por el Poder Ejecutivo.
El eje central del proyecto es la continuidad del artículo 17 de la norma sancionada en 2015, que garantiza que el acceso y uso de fuentes renovables no queden alcanzados por tributos específicos, cánones ni regalías en ningún nivel jurisdiccional: nacional, provincial, municipal o en la Ciudad de Buenos Aires.
Además de ese resguardo tributario, el régimen mantiene herramientas fiscales clave para el desarrollo del sector, como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, devolución anticipada del IVA, mayor plazo para computar quebrantos fiscales y certificados aplicables a impuestos nacionales.
Si bien el proyecto de ley en discusión no contempla una ampliación de la meta de participación renovable hoy fijada en el 20% al 31 de diciembre de 2025 , el pedido actual no apunta a beneficios adicionales ni ampliación de metas, sino a mantener la estructura tributaria vigente sin la imposición de nuevos impuestos.
Incluso, el impacto del régimen en la última década explica la relevancia del debate, ya que, en términos de capacidad instalada, Argentina cuenta actualmente con 8079 MW renovables operativos dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), excluyendo grandes hidroeléctricas de más de 50 MW.
De ese total, 4559 MW corresponden a energía eólica, 2680 MW a solar fotovoltaica, 339 MW a bioenergías y 501 MW a pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (proyectos menores a 50 MW)
Además, según datos de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables (CEA), la Ley 27.191 movilizó inversiones superiores a los USD 8.000 millones entre 2015 y 2025, período en el que la participación de estas tecnologías en la matriz eléctrica argentina escaló del 2% al 17%.
Ahora, la definición queda en manos del Senado, que deberá decidir si ratifica la continuidad de uno de los marcos regulatorios más determinantes para el crecimiento renovable en Argentina.