Cuatro senadores de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley bipartidista que busca reformar los procesos federales de concesión de permisos y acelerar el desarrollo de nueva infraestructura energética, en un contexto marcado por el crecimiento de la demanda eléctrica y las demoras que afectan a proyectos renovables.
La denominada Ley Bipartidista de Asequibilidad y Empleo Estadounidense de 2026 (BAAJA, por sus siglas en inglés) fue impulsada por los senadores republicanos Shelley Moore Capito y Mike Lee, junto con los demócratas Sheldon Whitehouse y Martin Heinrich.
La iniciativa apunta a acortar los tiempos administrativos sin abandonar las protecciones ambientales y contempla disposiciones específicas para proyectos de energía solar, eólica terrestre y marina, almacenamiento energético y transmisión eléctrica.
Uno de los puntos centrales aparece en la Sección 1402, que permitiría a los desarrolladores impugnar judicialmente decisiones de agencias federales cuando consideren que un permiso fue denegado indebidamente o sufrió demoras injustificadas.
Para hacerlo, los solicitantes deberían demostrar la existencia de un “patrón de trato discriminatorio” en los procesos de autorización.
La medida cobra especial relevancia para la industria renovable estadounidense, luego de que el aumento del escrutinio federal y la extensión de los procesos de permisos bajo la One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) pusieran en riesgo alrededor de 450 proyectos solares, equivalentes a varios GW de capacidad.
Según los datos citados, esos desarrollos representan el 36% de toda la nueva capacidad energética planificada en Estados Unidos.
A esto se suma el impacto económico derivado de proyectos que quedaron suspendidos, cancelados o reducidos.
Un análisis de E2 estimó que la cancelación, cierre o reducción de 216 proyectos de energía limpia entre enero de 2025 y mayo de 2026 significó una pérdida aproximada de USD 68.000 millones en inversión privada para la economía estadounidense.
La organización atribuyó estos retrocesos a cambios en las políticas federales, particularmente a la OBBBA, junto con restricciones más amplias sobre el desarrollo de energías limpias y los permisos para proyectos solares y eólicos.
Permisos federales afectaron unos 11 GW en 2025
El peso de las autorizaciones federales también quedó reflejado en un estudio realizado por Crux entre 50 desarrolladores de proyectos solares y eólicos y especialistas en obtención de permisos.
El relevamiento determinó que los requisitos federales incidieron sobre aproximadamente 11 GW de capacidad durante 2025, generando retrasos o cancelaciones.
Según el análisis, una parte importante de los desarrolladores comenzó incluso a seleccionar estratégicamente las ubicaciones de sus proyectos con el objetivo de evitar la aplicación de estos requisitos, una situación que los especialistas consideran una distorsión significativa del mercado.
Hasan Nazar, director de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Crux, sostuvo que la reforma podría aportar mayor previsibilidad al sistema federal de permisos, aunque advirtió que algunos componentes del acuerdo todavía permanecen abiertos.
“Algunos componentes del acuerdo siguen en proceso de definición, incluyendo la posibilidad de restablecer el orden habitual en la concesión de permisos para energía eólica y solar”, señaló.
La reforma también apunta a acelerar la transmisión
El proyecto no se limita a la generación renovable.
Entre sus disposiciones también figura la aceleración de la construcción de líneas eléctricas y de nueva capacidad de transmisión, con el objetivo de permitir la incorporación de más generación al sistema eléctrico.
Además, establece que los centros de datos deberán asumir la totalidad de los costos de transmisión asociados a su demanda.
“El pueblo estadounidense quiere facturas de energía más bajas y más energía limpia. Nuestro plan de reforma de permisos nos acerca mucho a ambos objetivos”, afirmó Whitehouse.
Y añadió: “Si logramos aprobar este proyecto de ley, inundaremos la red eléctrica con energía limpia y asequible, y haremos que los centros de datos empiecen a pagar lo que les corresponde”.
Desde la Asociación de Industrias de Energía Solar (SEIA) respaldaron la propuesta.
Su director ejecutivo, Tim Pawlenty, destacó que se trata del tipo de iniciativa bipartidista necesaria para responder al crecimiento del consumo eléctrico, contener los precios de la energía y facilitar la implementación de sistemas solares y de almacenamiento.
“Este es precisamente el tipo de acción bipartidista que Estados Unidos necesita para satisfacer la creciente demanda de energía, presionar a la baja los precios de la energía e implementar sistemas solares y de almacenamiento más asequibles y confiables para las familias y empresas estadounidenses”, sostuvo.
Cuestionamientos por las protecciones ambientales
La iniciativa, sin embargo, también despertó críticas.
El Centro de Derecho Ambiental del Sur (SELC) expresó preocupación por la posibilidad de que la reforma debilite las protecciones ambientales y facilite el desarrollo de nuevos proyectos de petróleo y gas.
La organización cuestionó además la política de la administración Trump hacia las tecnologías renovables.
“La administración Trump ha paralizado y obstaculizado ilegalmente el desarrollo de la energía eólica y solar, mientras que ha allanado el camino a los combustibles fósiles”, afirmó SELC.
Y agregó que las garantías de la Casa Blanca respecto de un eventual freno a las restricciones sobre proyectos solares y eólicos “deben tomarse con sumo escepticismo”.
El próximo paso será legislativo. Está previsto que el proyecto sea sometido a votación en el Senado después de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre de 2026.
En caso de obtener luz verde, deberá ser aprobado posteriormente por la Cámara de Representantes antes de llegar al presidente Donald Trump para su eventual promulgación.