La industria china de baterías llegó a 2026 corriendo dos carreras al mismo tiempo: fabricar cada vez más barato y conseguir que cada nueva generación de equipos entregara más valor durante su vida útil. La escala productiva empujó los precios hacia referencias que pocos años antes parecían difíciles de alcanzar, mientras el LFP seguía evolucionando y químicas como el ion-sodio comenzaban a buscar un lugar fuera del laboratorio.
Pero cuando buena parte del mercado ya miraba hacia 2027 esperando otra vuelta de tuerca en esa curva, la política fiscal china introdujo una presión en sentido contrario.
El retiro progresivo del beneficio aplicado a las exportaciones de baterías había reducido el tax rebate del 9% al 6% durante 2026 y dejó para el 1 de enero de 2027 la eliminación del porcentaje restante. Desde la óptica de CATL, ese último movimiento podía introducir una presión puntual sobre los costos de fabricación, aunque sin modificar la dirección que la compañía esperaba para los próximos años.
“Hay un pequeño incremento momentáneo, muy circunstancial, pero la tendencia creemos que va a seguir hacia la baja”, sostuvo Ricardo Garro, Director Comercial para Latinoamérica de CATL, durante el panel “Redes, almacenamiento y nueva generación para el Perú del futuro”, de Future Energy Summit Perú 2026.

La discusión, sin embargo, rápidamente dejó de limitarse a cuánto podía costar una batería el próximo año. El fabricante llevó el debate hacia una cuestión más amplia: qué variables empezarían a definir la rentabilidad de los BESS cuando el precio inicial dejara de explicar por sí solo la competitividad de un proyecto.
Y Perú apareció como un caso especialmente interesante para poner esa tesis a prueba.
Con un mercado todavía concentrado en las primeras aplicaciones de regulación de frecuencia, pero atravesado por una fuerte expansión renovable y necesidades crecientes de flexibilidad y red, el fabricante de origen asiático proyectó un escenario en el que las baterías podrían avanzar hacia mayores duraciones, nuevos servicios y volúmenes medidos ya no sólo en MW sino también en MWh.
El ajuste fiscal llegó justo cuando la industria había roto otra barrera de costos
Con el impacto fiscal ya incorporado al escenario de 2027, Garro puso el foco en la otra mitad de la ecuación. Según explicó, los costos de las baterías habían caído alrededor de un 90% en una década y el mercado ya comenzaba a perforar la referencia de los US$100/kWh, durante años considerada una de las grandes barreras para acelerar el almacenamiento.
Pero CATL evitó proyectar la próxima mejora de los BESS únicamente a partir de nuevas reducciones de precio. El ejecutivo sostuvo que la evolución del LFP había empezado a modificar variables decisivas para el rendimiento económico de los proyectos, especialmente la degradación y la capacidad disponible durante los primeros años de operación.
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“Cada vez más el avance tecnológico hace que los proyectos sean mejores, así sea que cueste lo mismo”, resumió Garro.
Ese cambio de enfoque llevaba el análisis desde cuánto costaba instalar cada kWh hacia cuánto valor podía generar el activo durante toda su vida útil. Un sistema capaz de conservar mayor capacidad por más tiempo podía mejorar su producción y sus ingresos aun cuando el desembolso inicial no registrara otra caída equivalente.
La estrategia reciente de CATL acompañaba ese movimiento. Durante 2026, la compañía había puesto en marcha en Xiamen un centro de validación de almacenamiento de diez hectáreas y cerca de US$440 millones de inversión, preparado para someter sistemas completos a condiciones de red, alta tensión, combustión, temperaturas extremas y compatibilidad electromagnética. El objetivo ya no pasaba únicamente por optimizar la celda, sino por comprobar cómo respondía una central a escala real antes de llegar al mercado.
En paralelo, el fabricante había abierto otra vía con el ion-sodio. Aunque las primeras referencias comerciales todavía mostraban valores superiores al LFP, Garro destacó su menor degradación y una vida útil que podía alcanzar los 30 años. La comparación volvía a empujar el debate hacia el mismo lugar: para CATL, el costo inicial empezaba a ser sólo una de las variables que definían la competitividad de un BESS.
Y esa lectura resultaba particularmente relevante para Perú, donde el almacenamiento recién comenzaba a ampliar su espacio más allá de los primeros servicios de frecuencia.
Perú apareció como el siguiente laboratorio comercial: de los primeros MW al GWh
La lectura adquiría especial relevancia en Perú, donde la escala del almacenamiento todavía contrastaba con el volumen renovable que buscaba ingresar al sistema.
El país acumula más de 22 GW solares y eólicos en distintas etapas de desarrollo, frente a poco más de 2,1 GW operativos, y sólo alrededor de 3,7 GW de esa cartera contaban con Concesión Definitiva de Generación. Esa distancia trasladaba la discusión desde cuántos proyectos existían hacia cómo integrarlos, darles firmeza y evitar que la expansión quedara condicionada por las limitaciones de red.
En ese escenario, los BESS empezaban a encontrar más espacio que el asociado exclusivamente a la regulación de frecuencia. Perú proyectaba un potencial cercano a 700 MW hacia 2030, mientras avanzaban desarrollos híbridos como Cotahuasi I, con 200 MW fotovoltaicos y almacenamiento, y otros proyectos incorporaban baterías tanto a nuevas centrales como a instalaciones existentes.
Al mismo tiempo, Osinergmin lanzó durante 2026 los procedimientos vinculados a regulación primaria y secundaria, mientras el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) discutía nuevas reglas para los servicios complementarios.
Fue sobre ese mercado todavía incipiente, pero con necesidades cada vez más concretas, donde CATL amplió su apuesta. Garro identificó oportunidades para que las baterías aportaran firmeza a la generación renovable y permitieran postergar determinadas inversiones en transmisión y distribución, dos aplicaciones capaces de llevar el negocio bastante más allá de los primeros servicios auxiliares.
“Hay una oportunidad muy grande de poder seguir implementando las baterías para múltiples otros usos, como lo es dar firmeza en proyectos renovables, proyectos standalone que pospongan inversiones de transmisión, de distribución”, planteó el ejecutivo.
La siguiente discusión, por lo tanto, ya no pasaba únicamente por cuánto almacenamiento podía instalar Perú, sino por qué duración y qué funciones tendrían esos sistemas. Y allí CATL elevó la escala: frente a una primera referencia cercana a 500 MW planteada durante el panel, Garro advirtió que el mercado internacional ya migraba hacia configuraciones de dos, cuatro y hasta ocho horas, abriendo la posibilidad de que el país comenzara a pensar su próxima etapa directamente en GWh.

