Chile formalizó la aprobación del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023-2030 mediante el Decreto 76. Si bien la medida representa un avance institucional, el desafío más urgente para la industria sigue estando en convertir esa hoja de ruta en proyectos concretos y financiables.
“El cuello de botella más crítico se encuentra en la demanda internacional. Sin contratos de compra firmados (offtake agreements) es imposible conseguir financiamiento bancario, y sin certeza en los plazos de tramitación de permisos es inviable cerrar dichos contratos”, sostuvo Dr. Erwin Plett, managing partner de Low Carbon Chile, en diálogo con Energía Estratégica.
La definición marca el eje de fondo: el Plan puede ordenar acciones, responsabilidades institucionales, instrumentos financieros, permisos e infraestructura habilitante, pero no resuelve por sí solo la principal incertidumbre del negocio: quién comprará el hidrógeno verde y sus derivados, a qué precio y bajo qué condiciones contractuales.
Vale recordar que el documento ya había sido presentado en 2024 y ahora queda aprobado formalmente por decreto, en un contexto global de mayor cautela, revisión de plazos y búsqueda de demanda real.
Para Plett, el Plan “representó un hito colaborativo clave” y marca “un paso real hacia la concreción de la industria”, ya que establece 81 acciones específicas con plazos y ministerios responsables. No obstante, remarcó: “El verdadero examen para el país será transformar estas declaraciones políticas en inversiones corporativas tangibles”.
La incertidumbre no es exclusiva de Chile. La Agencia Internacional de Energía (IEA) advierte que la demanda mundial de hidrógeno llegó a casi 100 millones de toneladas en 2024, pero sigue concentrada en usos tradicionales como refinación e industria. Las nuevas aplicaciones —clave para traccionar el hidrógeno verde hacia sectores como acero, transporte marítimo, aviación o generación eléctrica— representaron menos del 1% del total.
Del lado de la oferta, el mercado también muestra una corrección de expectativas. Según la IEA, la producción potencial de hidrógeno de bajas emisiones anunciada para 2030 cayó de 49 a 37 millones de toneladas anuales, debido a cancelaciones y demoras de proyectos. Además, las iniciativas que alcanzaron decisión final de inversión representan apenas 9% del pipeline global hacia 2030.
La brecha aparece con mayor claridad en los contratos. En una actualización publicada en 2026, la entidad señaló que la mayoría de los acuerdos de compra firmados todavía son preliminares y que los contratos con condiciones vinculantes para proveedores y compradores representan menos de 2 millones de toneladas por año.
La misma preocupación aparece en análisis financieros recientes. Un paper del Oxford Institute for Energy Studies, publicado en enero de 2026, concluye que la bancabilidad de los proyectos de hidrógeno depende, sobre todo, de contar con contratos de offtake sólidos y de largo plazo, capaces de distribuir adecuadamente el riesgo de precio y volumen entre productores y compradores.
El plan reconoce la bancabilidad, pero no garantiza compradores
El propio Plan de Acción reconoce que la bancabilidad es uno de los puntos críticos para el despliegue de la industria. En el apartado de mecanismos económicos y financieros, advierte que los proyectos de hidrógeno y amoníaco verde aún no alcanzan su punto de equilibrio de rentabilidad, por lo que considera necesario acompañar los primeros desarrollos industriales con incentivos capaces de mitigar riesgos y mejorar su competitividad frente a los combustibles fósiles.
En esa línea, contempla instrumentos como la actualización del Crédito Verde de Corfo, una Facilidad Financiera H2V con respaldo estatal y apoyo de bancos multilaterales, y mecanismos de asistencia financiera orientados a asegurar la bancabilidad y sostenibilidad financiera de los proyectos.
La Facilidad Financiera H2V tendría un tamaño inicial de alrededor de US$1.000 millones y buscaría financiar iniciativas en distintas etapas de desarrollo. Además, el Plan prevé avanzar en instrumentos inspirados en H2Global, con el objetivo de vincular productores y demandantes y cerrar la brecha de precios entre producción y comercialización.
Sin embargo, ese reconocimiento también expone el límite de la hoja de ruta. Aunque los instrumentos públicos pueden mejorar el entorno de inversión y reducir riesgos financieros, no reemplazan la necesidad de contratos de compra firmados.
"Resulta estructuralmente insuficiente si se compara con la escala de los megaproyectos comerciales, que requieren miles de millones de dólares cada uno. Por lo tanto, su verdadero rol no es financiar la industria completa, sino otorgar las garantías financieras necesarias para viabilizar los primeros proyectos piloto a escala comercial”, subrayó.
Permisos, plazos y demanda local
Aunque la demanda internacional aparece como el bloqueo principal, el especialista alertó que la agenda local también enfrenta restricciones: “A nivel local, el problema se concentra en la confluencia de la permisología ambiental y la falta de infraestructura compartida en las regiones clave. La burocracia ha ralentizado la ejecución de obras básicas de conectividad, puertos y plantas desalinizadoras”.
A ello se suma una recalibración de plazos. Según Plett, la actualización de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y Derivados, publicada en marzo de 2026, conserva las metas cuantitativas originales, pero reconoce un cambio en los tiempos de maduración del mercado.
“Mantiene las metas cuantitativas originales, pero asume un desfase temporal de entre cinco y diez años”, afirmó.
Frente a ese escenario, el desarrollo de demanda local aparece como una vía para sostener los primeros proyectos, aunque no alcanza para reemplazar la escala exportadora. Las oportunidades iniciales podrían ubicarse en refinerías, minería, transporte de carga y ciertos procesos industriales.
“Las refinerías de petróleo estatales son el sector natural para absorber los primeros volúmenes, debido a sus procesos intensivos en el uso de hidrógeno gris. La gran minería del cobre es el otro candidato inmediato”, sostuvo.
Por último, la certificación internacional será otra condición para acceder a mercados exigentes.
“Sin un sistema de certificación trazable, el producto chileno no será reconocido legalmente como "verde" en los países de destino”, señaló el managing partner de Low Carbon Chile.