Columna de opinión de Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles durante la gestión de Néstor Kirchner. Si tomamos en cuenta tanto lo que pagamos los usuarios como lo que paga el Estado en materia de subsidios, el costo de la energía es más alto respecto de las economías con las que competimos.
El Gobierno se aferraba a que las facturas de los usuarios eran bajas, como si los subsidios no los pagara nadie.
Las facturas de electricidad fuera de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires son bastante altas, a lo que hay que sumarle el subsidio que aporta el Estado al sistema mayorista eléctrico.
Los combustibles líquidos, desde la expropiación de YPF, subieron más que cualquier índice de precios.
Cuando el Gobierno anunció aumentos para la producción, transporte y distribución de gas natural, le mintió a la población diciendo que era una redistribución de subsidios.
La facturas que están recibiendo los usuarios contienen aumentos para distribuidoras y transportistas que nunca recibieron subsidios del Estado.
Todo este incremento que pagan los usuarios no se lo ahorra el Estado y aumenta el costo global de la energía.
Estas licenciatarias estuvieron más de diez años sin recibir ajustes de tarifas; en una economía inflacionaria, era lógico que éstas se ajustaran. ¿Por qué mentirle a la población? Sólo el incremento del gas natural en boca de pozo, que beneficiará a los productores, podrá reducir parcialmente los subsidios.
Cuando advertimos la magnitud del ajuste, primero se nos tildó de enemigos de la patria; luego el Gobierno advirtió que no tenía caso desmentir lo publicado por él mismo en el Boletín Oficial, y entonces trató de minimizar el impacto diciendo que los aumentos de precios sólo impactarían "en quienes calefaccionan sus piscinas.
Los usuarios con las facturas en la mano saben que el Gobierno, una vez más, les mintió.
Todos los usuarios residenciales del país (excepto en la Patagonia y la Puna) están recibiendo facturas con incrementos.
En el área metropolitana y GBA los aumentos de "tarifas puras" (sin impuestos y cargos tarifarios adicionales) van del 100% al 650%, en función del consumo de los usuarios.
En las facturas de los usuarios residenciales se incluye un cargo por la importación de gas natural, cuando ese gas lo consumen las usinas eléctricas y las industrias.
Así, los usuarios residenciales pagan un gas que no consumen, lo cual está generando la aparición de medidas judiciales que eximen a ciertos usuarios de ciertas regiones del pago de parte de sus facturas.
Ahora bien, como el Estado no tiene recursos suficientes ni crédito, debe emitir pesos sin respaldo para cubrir sus gastos, con lo cual los subsidios se terminan pagando con el impuesto inflacionario.
De esta forma, los sectores de menores ingresos (los más afectados por la inflación) terminan solventando los subsidios a la energía, que benefician a los sectores de ingresos medios y altos.
Así, una política pretendidamente progresista se termina financiando de modo regresivo, afectando justamente a quienes menos tienen.
Como el sistema energético se basa en subsidios otorgados por un Estado deficitario, los privados no invierten ante el riesgo de depender de un cliente (el Estado) que emite moneda para cubrir sus gastos.
Las únicas inversiones relevantes en el sector las hace el Estado y no alcanzan para cubrir la demanda.
El Gobierno no dio señales de precios para atraer inversiones cuando crecía el ingreso disponible de la población, y ahora se ve forzado a realizar ajustes por magnitudes importantes en el momento en el cual el ingreso real de la población está bajando.
Sobre llovido, mojado.
La Argentina puede aspirar a tener precios competitivos por su energía, pero la impericia del Gobierno al mantener durante tanto tiempo los subsidios a quienes no les corresponde terminó agotando a la Tesorería y expulsando la inversión privada.
La población empezó a sentir en sus bolsillos la caída de otro de los mitos del relato cristinista: el mito de la energía barata. *Ex subsecretario de Combustibles durante la gestión de Néstor Kirchner.