El futuro del sistema eléctrico español enfrenta a las principales formaciones políticas a menos de dos semanas de las elecciones del 29 de noviembre. El despliegue de renovables, la integración del almacenamiento, la saturación de las redes y la continuidad del parque nuclear concentraron las diferencias entre el Partido Popular (PP), el Partido Socialista (PSOE), Vox y Frente Amplio.
Juan Diego Requena (PP), Marc Pons (PSOE), Julio Utrilla (Vox) y Mar González (Frente Amplio) confrontaron sus diagnósticos sobre los resultados de la transición energética y plantearon distintas estrategias para garantizar la seguridad de suministro y la competitividad industrial.
¿Qué dejó la discusión? El PP propuso un plan de choque de 12 a 18 meses para desbloquear los accesos a la red eléctrica; el PSOE ratificó el objetivo de alcanzar 22 GW de almacenamiento en 2030; Vox planteó que el Estado financie las infraestructuras que las compañías eléctricas no ejecuten, mientras Frente Amplio defendió aprovechar los excedentes solares para ofrecer tres horas diarias gratuitas de electricidad a los hogares.
El primer enfrentamiento surgió al evaluar los resultados de la expansión renovable. Juan Diego Requena cuestionó que el aumento de la potencia instalada haya estado acompañado de un crecimiento proporcional de la demanda eléctrica y advirtió sobre sus consecuencias económicas.

“La realidad objetiva de nuestro sistema eléctrico es que hay horas del día que vale cero la energía y otras horas del día que vale 180 o 200 euros”, afirmó el representante popular.
Según sus cifras, el sistema incorporó aproximadamente 51 GW fotovoltaicos y 10 GW eólicos, mientras persistían dificultades para aprovechar la producción. Como ejemplo, señaló que en determinados nudos de Extremadura los vertidos alcanzarían hasta el 70%, porcentaje que atribuyó a las limitaciones de consumo e integración.
Además, estimó en 5600 millones de euros el coste de los servicios de ajuste en 2026, vinculándolo con la necesidad de recurrir a tecnologías de respaldo para garantizar la estabilidad del sistema.
Marc Pons rechazó el balance presentado por el PP y defendió que la incorporación renovable permitió reducir la exposición española a las importaciones energéticas.
“España se ha ahorrado 23000 millones de euros en la compra de gas gracias a las renovables”, sostuvo, atribuyendo el cálculo a la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
El dirigente socialista vinculó esa evolución con una mayor capacidad para atraer inversiones industriales y reiteró los objetivos de alcanzar un 81% de generación eléctrica renovable y 22 GW de almacenamiento en 2030.
Sobre esta última meta, Pons precisó que España cuenta con unos 7,6 GW de almacenamiento hidroeléctrico y otros 7,5 GW correspondientes a proyectos beneficiarios de ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) o fondos FEDER.
El movimiento administrativo refleja el creciente interés por el almacenamiento en baterías (BESS), aunque todavía existe una distancia considerable entre los proyectos anunciados y la capacidad operativa. Según el Observatorio del PNIEC elaborado por Fedea, más de 11 GW de baterías disponían de permisos de acceso y conexión, mientras que la potencia efectivamente instalada apenas alcanzaba los 135 MW en marzo de 2026.
La actividad continuó durante el segundo semestre. Solo en el tercer trimestre, 99 proyectos de almacenamiento, por 1.925,3 MW, salieron a información pública, mientras que otros 996,3 MW obtuvieron autorización de construcción. A ello se sumaron durante octubre avances administrativos de al menos 928,81 MW de BESS, de los cuales 566,55 MW recibieron autorizaciones previas, de construcción o ambas.
El dinamismo también alcanza a la financiación pública. La convocatoria de fondos FEDER para almacenamiento movilizó ayudas por aproximadamente 840 millones de euros para proyectos que, según la selección provisional anunciada por el Gobierno, sumarían 2,4 GW de potencia y 8,9 GWh de capacidad.
Este escenario explica las expectativas sobre la próxima fase de despliegue, aunque la obtención de permisos y subvenciones no garantiza la entrada en operación de las instalaciones. El paso a construcción, la conexión efectiva y la viabilidad económica continúan condicionando el ritmo de incorporación de nueva capacidad.
“Hay apetito inversor para seguir incrementando almacenamiento y ese será uno de los grandes saltos que vamos a ver a partir de este 2027”, anticipó Pons.
Por su parte, Vox cuestionó la apuesta por las baterías químicas debido a sus costes y a una vida útil que considera limitada frente a la durabilidad de las infraestructuras hidroeléctricas. Utrilla defendió priorizar las centrales de bombeo reversible como tecnología para aprovechar excedentes renovables y aportar respaldo al suministro.
Frente Amplio vinculó el despliegue de baterías con una reducción directa del coste eléctrico para los consumidores. González propuso incorporar almacenamiento a los parques fotovoltaicos para aprovechar la producción excedentaria y trasladar sus beneficios a los hogares mediante tres horas diarias gratuitas de electricidad.
«Hay momentos en los que el sol produce muchísima energía y eso no se está viendo en la factura de la familia. Debería traducirse en una ventaja para la familia», sostuvo. La formación también defendió una tarifa social automática, un mínimo vital energético y medidas específicas para los consumidores vulnerables.
Pese a las diferencias sobre las tecnologías que deben garantizar la estabilidad del sistema, el mercado de capacidad quedó sin propuestas concretas.
En cambio, la discusión se concentró en los costes de los servicios de ajuste y el mantenimiento de la generación de respaldo. El PP cuestionó el retroceso de la cogeneración y reclamó que su aportación a la seguridad de suministro no quede relegada frente a los ciclos combinados de gas.
Vox también defendió preservar las tecnologías convencionales y propuso recuperar la exploración de recursos energéticos nacionales. Utrilla planteó derogar las restricciones introducidas por la Ley de Cambio Climático de 2021 sobre la investigación y explotación de hidrocarburos, incluido el gas, y mencionó además el potencial del uranio del subsuelo español.
Redes eléctricas: el bloqueo de accesos enfrenta dos modelos de inversión
La ejecución de infraestructuras concentró algunas de las propuestas más concretas del encuentro. Requena denunció retrasos en la planificación 2021-2026 y aseguró que únicamente se habían ejecutado 548 de los 1.803 kilómetros previstos en líneas de 400 kV y 367 de los 1.045 kilómetros de 220 kV.
El representante del PP también señaló que apenas entre el 6% y el 9% de las solicitudes de acceso obtienen respuesta favorable, según las referencias que presentó, y propuso un plan de choque de 12 a 18 meses para abordar los nudos que bloquean nuevos consumos industriales.
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“Cambiaremos el artículo 4 de la Ley del Sector Eléctrico y el sistema de planificación eléctrica. Vamos a dotarlo de dinamismo, de una planificación que será indicativa a largo plazo, pero de resolución inmediata y revisable año a año”, anunció.
Pons defendió la nueva planificación con horizonte 2030, para la que mencionó 17.900 millones de euros, y destacó el cambio de orientación hacia las necesidades de consumo.
“Por primera vez plantean la planificación no tan solo desde la evacuación de la generación, sino que buscan especialmente la capacidad de dar respuesta a la demanda”, afirmó.
Según detalló, el programa contempla 20 GW para industria, 6 GW para nuevos desarrollos urbanísticos y cerca de 2 GW para infraestructuras, especialmente la descarbonización de 21 puertos. También destacó 51 actuaciones vinculadas a compensadores síncronos para reforzar la estabilidad eléctrica.
Vox introdujo una alternativa de financiación: que el Estado asuma las inversiones cuando las compañías eléctricas no puedan o no quieran ejecutarlas.
“Tenemos la idea desde Vox de que eso tiene que ser un proyecto país, que esas infraestructuras deben ser financiadas por el Estado”, sostuvo Utrilla.
El representante también advirtió sobre las dificultades de conexión que afectan a promociones de viviendas y reclamó resolver los retrasos que obligan a algunas construcciones a depender de suministros provisionales.
Por su parte, González cuestionó que la aprobación de proyectos garantice su materialización. “Una planificación en papel no conecta una fábrica”, advirtió, antes de reclamar mayor transparencia sobre capacidad reservada, solicitudes denegadas y desarrollos que mantienen derechos de acceso sin ejecutarse.
Las interconexiones también formaron parte de la discusión. El PSOE defendió los avances del enlace eléctrico del Golfo de Vizcaya con Francia y las futuras conexiones de hidrógeno hacia Europa, mientras PP y Vox insistieron en superar el aislamiento energético peninsular y aprovechar la capacidad de generación para fortalecer la industria española.
Centros de datos o reindustrialización: quién tendrá prioridad en la red
La expansión de los centros de datos en España abrió un enfrentamiento entre PP y PSOE sobre el destino de la capacidad eléctrica disponible. Según los datos publicados por Red Eléctrica el 1 de octubre, estas instalaciones concentran 6.329 MW de acceso concedido a la red de transporte, el 34,2% del total nacional, frente a los 5.838 MW asignados a suministros industriales. Ninguno de esos 6.329 MW vinculados a centros de datos se encontraba todavía en servicio.
El interés inversor acompaña esa demanda. Amazon Web Services elevó a 33.700 millones de euros su programa de inversiones en Aragón hasta 2035, mientras que MERLIN-EDGED anunció en julio el desarrollo de Zaragoza-WIND, un complejo de 1.225 millones y 144 MW de potencia informática, diseñado para alcanzar un 87% de autoconsumo renovable mediante generación eólica y solar.
En este escenario, Juan Diego Requena defendió la atracción de infraestructuras digitales y proyectos vinculados a inteligencia artificial como motores económicos, y cuestionó las restricciones que podrían frenar su implantación. El PP anunció su rechazo al proyecto de real decreto sobre sostenibilidad de centros de datos y reclamó un marco alineado con las exigencias europeas de eficiencia energética y utilización del agua.
Marc Pons confrontó esa posición al cuestionar qué actividades deben recibir prioridad ante las limitaciones de acceso eléctrico.
“¿Queremos un país industrializado con industria potente o un país de centros de datos?”, planteó el representante socialista.
Su advertencia se produce mientras el Gobierno tramita una regulación que condiciona la conexión de estas instalaciones a criterios de sostenibilidad, adicionalidad renovable y eficiencia en el consumo de agua. El borrador contempla obligaciones para centros con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW, precisamente para evitar que su expansión comprometa la electrificación de otros sectores.
Pons defendió que los centros de datos puedan procurarse el 80% de su demanda energética y garanticen su viabilidad ambiental, especialmente en materia hídrica. El planteamiento busca limitar la presión sobre las redes y preservar capacidad para nuevas inversiones manufactureras.
Frente Amplio también cuestionó que la atracción de capital tecnológico deba traducirse automáticamente en prioridad de conexión.
“¿Qué produce un centro de datos? ¿Qué empleo deja? ¿Cuánta agua y electricidad va a consumir? ¿Quién paga su conexión? ¿Y qué retorno recibe el territorio?”, preguntó Mar González.
Nuclear y fiscalidad: prórrogas, cierre en 2035 y propuestas para reducir la factura
La continuidad del parque nuclear dividió a las formaciones. El PP propuso eliminar el calendario de cierre de las centrales, mientras Vox defendió mantener los reactores para garantizar generación firme y evitar los efectos industriales que atribuye al abandono nuclear alemán.
“No solo hace falta un mix energético que tenga energía nuclear. Es discutir a lo mejor el porcentaje, pero yo desde luego mantendría el parque que tenemos ahora mismo”, afirmó Julio Utrilla.
Marc Pons ratificó la posición del PSOE: “Mantenemos en nuestro programa electoral el cierre de las nucleares a 2035 con el calendario establecido en este momento, porque nuestra estrategia es apostar por las renovables y el almacenamiento”.
Frente Amplio cuestionó los costes de prolongar las centrales y advirtió sobre las restricciones operativas que pueden provocar las temperaturas extremas y la falta de agua para refrigeración, citando el caso francés.
En materia fiscal, el PP planteó eliminar el impuesto del 7% sobre la producción eléctrica, bonificar el 80% de los peajes industriales y destinar el 25% de los ingresos por CO₂ a compensar costes indirectos de la industria.
El PSOE propuso trasladar la fiscalidad hacia las emisiones contaminantes y retirar de la factura costes ajenos al suministro. Vox defendió reducir los impuestos energéticos y financiar determinadas políticas sociales con los Presupuestos Generales del Estado, mientras Frente Amplio planteó un IVA del 0% para consumos básicos y una tributación progresiva para los más elevados.









