La evaluación económica de nuevas obras de transmisión en Chile no reconoce suficientemente los beneficios asociados a la reducción de vertimientos renovables, la seguridad del suministro y la resiliencia de las redes, según cuestiona Transmisoras de Chile, que reclama modificar los criterios utilizados para definir las inversiones del sistema eléctrico.
“Proponemos además que las obras se evalúen como portafolio, porque hay proyectos que solos no se justifican y en conjunto sí”, afirmó Javier Tapia, director ejecutivo del gremio, en diálogo con Energía Estratégica.
La propuesta busca que la conveniencia de una infraestructura no dependa principalmente del ahorro de costos operacionales que produce de manera individual, sino que también contemple sus efectos sobre otras instalaciones y su contribución al desarrollo energético.
Para las empresas renovables, este cambio permitiría incorporar de manera más explícita el valor de ampliar la capacidad de transporte en zonas donde las restricciones de la red dificultan el aprovechamiento de la generación disponible.

Sin embargo, el representante gremial considera que la discusión debe ir más allá de modificar indicadores económicos.
“Necesitamos una planificación que no solo responda a la demanda actual, sino que considere cómo queremos que evolucione el sistema eléctrico en los próximos diez o veinte años”, sostuvo.
El reclamo llega en un escenario en que Chile busca acelerar el desarrollo de infraestructura cuyos procesos pueden extenderse entre siete y diez años desde la planificación hasta la puesta en servicio, según reconoció la Comisión Nacional de Energía (CNE) en julio de 2026.
Las dificultades para definir qué proyectos deben incorporarse a la planificación quedaron reflejadas en el proceso de expansión de la transmisión correspondiente a 2025.
En esa instancia, Colbún cuestionó la exclusión de la ampliación de la subestación Llullaillaco, vinculada al área de Jadresic, en el norte del país.
La compañía solicitó que se realizara una evaluación técnica y económica de la iniciativa o que se explicitaran los fundamentos regulatorios de su postergación.
Transelec también presentó observaciones respecto de soluciones previstas para la Región Metropolitana y el entorno de Jadresic, mientras que AES Andes objetó decisiones relacionadas con proyectos de expansión en esta última zona.
La CNE rechazó los planteos al considerar que las áreas involucradas presentan múltiples alternativas de infraestructura que deben analizarse conjuntamente antes de comprometer nuevos desarrollos.
En particular, el regulador identificó una elevada concentración de proyectos de generación, congestiones en corredores eléctricos e interacciones operativas que requieren estudiar soluciones estructurales.
Su posición fue que incorporar iniciativas aisladas, sin comparar sus efectos sobre el conjunto de la red, podría derivar en inversiones redundantes o económicamente ineficientes.
Las postergaciones, por lo tanto, no fueron atribuidas exclusivamente a la rentabilidad individual de las obras, sino a la necesidad de determinar qué combinaciones ofrecen mejores resultados para el sistema.
En relación con las dificultades que enfrentan los proyectos, Tapia adviertió que los obstáculos no se concentran únicamente en la etapa de evaluación.
“Tenemos dificultades de planificación, procesos licitatorios que no siempre logran concretarse y obstáculos durante la ejecución de las obras”, señaló.
El cambio que busca impulsar Transmisoras
Aunque la regulación chilena ya contempla evaluaciones conjuntas de alternativas complementarias o sustitutivas, el gremio considera necesario perfeccionar las metodologías utilizadas para valorar su contribución económica y operativa.
Entre los aspectos que propone incorporar se encuentran la continuidad del abastecimiento, la competencia, la descarbonización y la disminución de energía renovable desaprovechada por restricciones de transmisión.
Tapia también plantea introducir herramientas para considerar distintos escenarios futuros, especialmente ante la incertidumbre asociada a la expansión de la demanda y los cambios tecnológicos.
“Hoy se eligen las obras que se repiten en varios escenarios analizados por separado. La evidencia indica que el costo de quedarse corto es sistemáticamente mayor que el de anticiparse un poco”, explicó.
El argumento adquiere relevancia por los plazos que demanda concretar una línea o subestación de gran escala.
Durante ese período pueden modificarse las condiciones que originaron su planificación, particularmente ante la incorporación de sistemas de almacenamiento, nuevas centrales renovables y consumos asociados a minería, electrificación industrial o centros de datos.
En este sentido, el ejecutivo advirtió sobre las consecuencias de esperar a que esas necesidades se materialicen para iniciar el desarrollo de infraestructura.
“Si esperamos a que se materialicen las nuevas demandas de electrificación, minería o centros de datos para recién comenzar a planificar las redes, vamos a llegar tarde”, afirmó.
Una cartera de USD 319 millones y nuevas obras hacia 2029
El último Plan de Expansión 2025 publicado por la CNE contempla 23 obras por aproximadamente USD 319 millones, destinadas a aumentar la capacidad, seguridad y resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional.
Del total, cinco iniciativas corresponden a transmisión nacional, con inversiones cercanas a USD 95,8 millones, mientras que otras 18 pertenecen a infraestructura zonal, por alrededor de USD 223 millones.
La cartera incluye seis nuevas instalaciones y 17 ampliaciones de activos existentes.
Entre los desarrollos previstos figura la nueva subestación Teodoro Schmidt y su conexión mediante una línea de 110 kV hacia Río Toltén, en La Araucanía, con un presupuesto referencial de USD 50,4 millones.
También se contempla la incorporación de un compensador reactivo STATCOM en la subestación Polpaico de 500 kV, por aproximadamente USD 38 millones.
Según el cronograma oficial, las obras nuevas podrían comenzar a construirse durante el primer semestre de 2028, mientras que las ampliaciones iniciarían su ejecución a partir del primer semestre de 2029.
A estos compromisos se suma la adjudicación de 19 obras nuevas por USD 508 millones, anunciada por el Coordinador Eléctrico Nacional el 16 de noviembre.
Las iniciativas corresponden a dos licitaciones desarrolladas durante 2026 y constituyen una cartera distinta del Plan de Expansión 2025.
Entre ellas se encuentran nuevas instalaciones de 500 kV entre Maule y Ñuble, además de subestaciones y refuerzos destinados a atender el crecimiento de la demanda en distintas regiones.
Cambios que podrían implementarse antes de la reforma
Para Transmisoras de Chile, parte de las modificaciones reclamadas podría concretarse sin esperar la aprobación del proyecto de ley que el Gobierno prevé impulsar durante 2027.
Tapia explicó que la regulación vigente ya permite justificar inversiones mediante beneficios distintos del ahorro operativo, pero que faltan procedimientos metodológicos precisos para aplicar esas herramientas de manera sistemática.
“Hay oportunidades de mejora que no necesariamente requieren esperar una modificación legislativa, porque varias de las materias tratadas dependen de reglamentos, normas técnicas o de la metodología que aplican la CNE y el Coordinador”, precisó.
Entre las alternativas figuran el análisis multivalor, la evaluación de conjuntos de proyectos y una mayor consideración de la incertidumbre asociada a las proyecciones de generación y consumo.
El planteo forma parte de las discusiones de la Reforma de Redes Eléctricas, cuyo proceso participativo contempla mesas técnicas y encuentros regionales para recoger las posiciones de empresas, autoridades y otros actores.
El Ministerio de Energía prevé presentar en diciembre de 2026 una propuesta conceptual que servirá de base para el futuro proyecto legislativo.
En paralelo, el Coordinador publicó el 16 de noviembre el Diagnóstico del Uso Esperado del Sistema de Transmisión 2027, que analiza las necesidades de infraestructura hasta 2047 y recibirá observaciones hasta el 23 de noviembre.
Con estas instancias en marcha, el sector busca que las decisiones de expansión contemplen tanto las restricciones actuales de la red como las inversiones que podrían resultar necesarias para acompañar el crecimiento de las energías renovables y la demanda eléctrica.









