Uruguay ya comenzó a trabajar en la construcción de un nuevo consenso político de largo plazo para definir su futuro energético. El proceso está en etapa de diagnóstico y articulación técnica, con participación de organismos públicos, empresas, actores sectoriales y representantes de distintos espacios partidarios.
“La situación de hoy es que el gobierno actual está trabajando en una consultoría para aunar diagnósticos de cara a una política energética 2050 y la está llevando adelante la Fundación Bariloche”, afirma Diego Oroño, presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (AUDER).
“Nos invitaron como AUDER a participar de la misma, participan todos los actores públicos, privados y de distintos partidos políticos”, señaló durante el streaming Fuera de Registro, de Mobility Portal, medio que forma parte del mismo grupo editorial que Energía Estratégica.
La intención oficial es que esa instancia técnica desemboque en una discusión parlamentaria que permita recuperar la lógica de política de Estado que caracterizó al histórico Acuerdo Multipartidario de Energía 2030.
El antecedente no es menor. El acuerdo alcanzado en 2010 durante la presidencia de José Mujica marcó el punto de partida de la transformación energética uruguaya y permitió movilizar más de USD 8000 millones en inversiones público-privadas, con un esquema en el que el Estado asumió el rol de coordinador y administrador de subastas.
Ahora, el desafío es diferente. Uruguay ya consolidó una matriz eléctrica altamente renovable, por lo que la nueva discusión apunta a resolver los próximos vectores de crecimiento: eficiencia energética, electrificación de nuevos consumos, integración regional y nuevas tecnologías.
Según el contexto definido por el propio Gobierno, la nueva política energética tendrá entre sus ejes principales el fortalecimiento de fuentes limpias y el desarrollo de mecanismos de cooperación eléctrica con países vecinos, incluyendo proyectos piloto para validar soluciones innovadoras.
Aunque el principal interrogante pasa por el escenario político, desde el sector renovable perciben margen para construir consensos.
“Sabemos que las contiendas políticas y las conversaciones a nivel político tienen un poco más de calor que quizá hace 15 años cuando se hizo el acuerdo multipartidario anterior. Pero cada vez que hablamos con alguien todo el mundo está de acuerdo de que hay que hacerlo y que es un activo fundamental para el país”, concluyó Oroño.
Si el proceso técnico logra consolidarse en una propuesta política concreta, Uruguay podría volver a establecer una hoja de ruta de largo plazo en un momento en que la previsibilidad regulatoria vuelve a ser determinante para atraer inversiones en transición energética.