España acaba de dar un paso relevante en la modernización de su parque de cogeneración industrial y, por primera vez, la biomasa tendrá un papel protagonista en este proceso.
El Consejo de Ministros aprobó el marco regulatorio que permitirá adjudicar 1200 MW de nueva capacidad de cogeneración mediante dos subastas de 600 MW cada una, previstas para 2026 y 2027. El objetivo es reemplazar instalaciones envejecidas por tecnologías más eficientes y con menor impacto ambiental, en línea con las metas de descarbonización establecidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.
La novedad más destacada es que las futuras convocatorias no estarán limitadas al gas natural. Por primera vez, las plantas de biomasa podrán competir por este régimen retributivo específico, ampliando las opciones tecnológicas para la industria y reforzando el papel de los combustibles renovables en el sistema energético español.
Biomasa gana espacio en la transición industrial
La inclusión de la biomasa responde a la búsqueda de soluciones que permitan reducir emisiones sin comprometer la competitividad de sectores industriales intensivos en energía.
Las nuevas instalaciones deberán cumplir estrictos criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones, mientras que las centrales que utilicen biomasa contarán con una vida útil regulatoria de hasta 20 años, significativamente superior a los 12 años contemplados para las instalaciones alimentadas con gas natural.
El Gobierno considera que la renovación del parque de cogeneración permitirá acelerar la descarbonización de la industria, mejorar la eficiencia energética y aportar mayor flexibilidad a un sistema eléctrico con una creciente participación de energías renovables.
Según las estimaciones oficiales, los 1200 MW que se incorporen mediante estas subastas evitarán la emisión de aproximadamente 8,4 millones de toneladas de CO₂ durante la vida regulatoria de las plantas.
Dos subastas para renovar la capacidad existente
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) organizará dos procesos competitivos, uno en 2026 y otro en 2027, con una potencia de 600 MW en cada convocatoria.
Las licitaciones estarán abiertas a instalaciones de biomasa, gas natural y proyectos que actualmente utilizan otros combustibles fósiles y que planteen una reconversión tecnológica hacia estas alternativas.
La ayuda económica asociada a las subastas ya recibió la autorización de la Comisión Europea bajo el esquema de ayudas de Estado, despejando uno de los principales requisitos regulatorios para su implementación.
Alta eficiencia y adaptación al nuevo sistema energético
Todas las instalaciones adjudicatarias deberán cumplir criterios de alta eficiencia energética, alcanzando ahorros de energía primaria superiores al 10%.
Además, las plantas de gas natural deberán estar preparadas para incorporar al menos un 10% de hidrógeno renovable en su consumo, una condición que busca facilitar la futura integración de combustibles bajos en carbono.
La normativa también establece límites de potencia de hasta 100 MW por instalación —15 MW en sistemas no peninsulares— y contempla doce categorías tecnológicas de referencia para organizar la participación en las subastas.
Para evitar una excesiva concentración de mercado, ninguna empresa podrá adjudicarse más del 50% de la capacidad ofertada en cada proceso.
Inversión industrial y respaldo al sistema eléctrico
Más allá del impacto ambiental, el Ejecutivo destaca el efecto económico que tendrá la renovación de equipos industriales vinculados a la cogeneración.
Las nuevas instalaciones permitirán modernizar activos productivos, incrementar la eficiencia de procesos industriales y aportar capacidad de respaldo en un contexto donde la generación renovable gana cada vez más peso dentro del mix energético.
El coste regulado asociado a los 1200 MW se estima entre 414 y 582 millones de euros anuales, aunque la cifra final dependerá de los descuentos obtenidos durante las subastas y de la evolución futura de los precios energéticos.
La organización de los procesos estará a cargo del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), mientras que la supervisión recaerá sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Un cambio de enfoque para la cogeneración
La decisión marca una nueva etapa para la cogeneración en España. Tradicionalmente asociada al gas natural, la tecnología comienza a abrirse a soluciones renovables capaces de aportar firmeza, eficiencia y reducción de emisiones.
En un escenario donde la electrificación avanza y las industrias buscan reducir su huella de carbono sin perder competitividad, la biomasa emerge como una de las alternativas que podrían ganar protagonismo en la próxima década.