España dio un paso relevante para ordenar el crecimiento de los centros de datos y su impacto sobre el sistema eléctrico. El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que establece requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital para estas instalaciones, con especial atención a los grandes proyectos que demandan más de 10 MW de potencia eléctrica.
El núcleo de la nueva regulación está en el acceso y conexión a la red. A partir de ahora, los grandes centros de datos deberán demostrar que una parte sustancial de su consumo procede de generación renovable adicional y que existe una correlación horaria entre esa producción y la demanda de la instalación. El objetivo del Gobierno es evitar que un desarrollo acelerado de estos proyectos termine elevando el uso de centrales de gas en las horas en las que la generación renovable no sea suficiente, con el consiguiente impacto sobre los precios eléctricos.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, situó precisamente el foco en ese riesgo económico. Según uno de los escenarios manejados por el Ejecutivo, la ausencia de estas exigencias podría trasladar un impacto de hasta 5.000 millones de euros a las facturas y elevar en torno a un 25% el coste de la electricidad consumida por la industria.
Un 80% renovable medido hora a hora
La exigencia principal será acreditar que el 80% del consumo eléctrico procede de energía renovable con correlación horaria, es decir, que la producción renovable computada coincida con la demanda del centro en cada hora. Este requisito se mantendrá hasta que las renovables superen el 90% del mix eléctrico nacional.

Además, el decreto introduce un criterio de adicionalidad. La generación utilizada para justificar ese 80% deberá haberse incorporado al sistema, con carácter general, como máximo 36 meses antes de la entrada en funcionamiento del centro de datos, aunque se contemplan excepciones para instalaciones fotovoltaicas, determinadas plantas de biomasa y proyectos de repotenciación. También podrán computarse el autoconsumo, el almacenamiento y los contratos de suministro de más de seis años.
La medida introduce así una diferencia relevante respecto de un simple contrato renovable anual. Los nuevos proyectos deberán demostrar no solo que compran energía limpia, sino que esa energía es adicional y acompaña de forma temporal su perfil de consumo.
La flexibilidad abre una vía alternativa
El Real Decreto también reconoce que no todos los centros de datos tienen por qué comportarse como cargas completamente rígidas. Durante los cinco años posteriores a la aprobación de la norma, aquellos que participen en el Sistema de Reducción Automática de Potencia y acepten prioridad de desconexión podrán acogerse a un régimen alternativo.
Hasta finales de 2028 deberán acreditar un 60% de consumo renovable adicional durante las horas punta P1. A partir de entonces, el porcentaje aumentará al 70% y se aplicará tanto a las horas punta como a las horas llano, P1 y P2, hasta completar el quinquenio.
Esta posibilidad introduce de lleno la flexibilidad en el debate sobre la llegada de grandes demandas eléctricas. Frente a un modelo en el que los centros de datos consumen prácticamente de forma plana, el Gobierno busca premiar a aquellos proyectos capaces de adaptar parcialmente su operación a las necesidades del sistema y reducir potencia en momentos críticos.
Incumplir tendrá impacto económico y regulatorio
Las nuevas obligaciones no se limitarán al momento de obtener los permisos. El decreto establece mecanismos de comprobación durante la operación y prevé compensaciones automáticas en la factura eléctrica cuando existan desviaciones respecto de los compromisos asumidos.
Esos pagos serán proporcionales al grado de incumplimiento y se destinarán a financiar los mecanismos de capacidad del sistema eléctrico. Además, las sanciones podrán llegar a la suspensión durante tres años del derecho de acceso y conexión.
Los proyectos que ya se encuentran en tramitación dispondrán de seis meses para adaptarse a las nuevas condiciones, plazo que se reducirá a tres meses para aquellos que estén pendientes de la celebración de un concurso de acceso. También podrán renunciar a los derechos concedidos sin que se ejecuten las garantías depositadas.
Agua, eficiencia y transparencia también entran en la ecuación
La norma amplía además el foco más allá de la electricidad. Los centros de datos deberán cumplir exigencias de eficiencia hídrica y energética alineadas con la normativa europea y, mientras se completa el sistema comunitario de etiquetado, se aplicará un régimen transitorio con una WUE igual o inferior a 0,1 y una PUE igual o inferior a 1,25.
También se refuerzan las obligaciones de transparencia. Los centros de datos de más de 500 kW deberán remitir anualmente al MITECO información sobre eficiencia y sostenibilidad, mientras que los superiores a 1 MW tendrán que detallar además su grado de cumplimiento con las mejores prácticas del código de conducta europeo sobre eficiencia energética.
En paralelo, el decreto incorpora exigencias de soberanía digital para sistemas públicos de categoría alta, independientemente de la potencia del centro. Entre otras condiciones, los datos más sensibles deberán permanecer dentro del Espacio Económico Europeo y los operadores tendrán que controlar de forma efectiva los accesos desde terceros países durante tareas de soporte, mantenimiento o administración.
Con este marco, España intenta ordenar una expansión que seguirá requiriendo grandes cantidades de potencia, pero introduce una condición más exigente para quienes quieran acceder a la red. Los centros de datos ya no tendrán que demostrar únicamente que existe capacidad disponible, sino también que su consumo podrá integrarse sin trasladar costes adicionales al resto del sistema y que su demanda estará respaldada por nueva generación renovable o por un grado suficiente de flexibilidad.









