España aprobó un nuevo marco regulatorio que obligará a los proveedores de combustibles a reducir progresivamente las emisiones del transporte y elevar la participación de energías renovables hasta 2040. La normativa también crea los e-credits, un sistema que permitirá certificar la electricidad limpia utilizada por los vehículos eléctricos y generar ingresos adicionales para los operadores de puntos de recarga.
El Real Decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de julio de 2026, establece por primera vez sendas diferenciadas para el transporte por carretera, la navegación de cabotaje y el ferrocarril no electrificado, además de incorporar las metas europeas previstas para la aviación.
En el segmento vial, los combustibles comercializados deberán alcanzar una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 17,6% en 2030 y del 30% en 2040. Las obligaciones recaerán sobre los proveedores y no sobre los usuarios finales, por lo que afectarán principalmente a operadores mayoristas de productos petrolíferos y GLP.
El marco también establece que los biocarburantes y el biogás avanzados, junto con el hidrógeno renovable y otros combustibles renovables de origen no biológico —conocidos como RFNBO—, deberán representar conjuntamente al menos el 8% de la energía suministrada en 2030 y el 22% en 2040.
La nueva regulación transpone al ordenamiento español la Directiva Europea de Energías Renovables revisada, conocida como DER III, y amplía el foco de la política de transporte. Ya no se limitará al biodiésel y al bioetanol, sino que incluirá electricidad renovable, hidrógeno y nuevos combustibles bajos en carbono.
Uno de los principales cambios será la introducción de los e-credits. Este mecanismo permitirá contabilizar la energía renovable consumida por los vehículos eléctricos y convertirla en certificados que podrán ser adquiridos por los proveedores de combustibles para cumplir sus obligaciones.
De esta forma, los operadores de estaciones de recarga podrán incorporar una nueva fuente de ingresos asociada a la electricidad suministrada. El sistema busca mejorar la rentabilidad de la infraestructura y acelerar su despliegue, además de reconocer la contribución de la movilidad eléctrica a la reducción de emisiones.
Junto con los proveedores obligados, la normativa contempla la participación de sujetos habilitados, entre ellos los productores de hidrógeno y otros RFNBO, así como los operadores de puntos de recarga. Estos agentes podrán solicitar certificados de energía renovable y venderlos dentro del nuevo mercado.
El decreto también introduce mecanismos de flexibilidad. En determinados casos, el hidrógeno renovable utilizado en la industria podrá computarse para el cumplimiento de los subobjetivos aplicables al transporte por carretera, siempre que proporcione una contribución equivalente a la descarbonización.
La navegación de cabotaje deberá reducir las emisiones asociadas a sus combustibles un 9% en 2030 y un 33% en 2040. Para el ferrocarril no electrificado, las metas se elevan desde el 10% en 2030 hasta el 50% en 2040.
En el transporte aéreo se aplicará la senda del Reglamento ReFuelEU Aviation, que exige una participación mínima de combustibles sostenibles del 6% en 2030 y del 34% en 2040.
Más control sobre la trazabilidad y sanciones por incumplimiento
El nuevo marco refuerza los requisitos de sostenibilidad y certificación para evitar que combustibles sin garantías ambientales sean comercializados como renovables.
Para ello, se creará un Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad que abarcará todas las etapas de la cadena de valor, desde el origen de las materias primas y la producción hasta la comercialización y el consumo final.
Los controles que actualmente se aplican al biodiésel y al bioetanol se extenderán al hidrógeno renovable, los combustibles sintéticos y otros productos de origen no biológico.
La norma también consolida el régimen sancionador. El incumplimiento de las obligaciones de reducción de emisiones o incorporación de renovables será considerado una infracción muy grave en los términos establecidos por la Ley de Hidrocarburos.
Además, el Gobierno reconocerá anualmente a las empresas que certifiquen los mayores volúmenes de energía renovable utilizada en el transporte mediante la entrega del distintivo de “líder en transición energética”.
El marco complementará las políticas de electrificación, transporte público y cambio modal. Su objetivo no es sustituir esas medidas, sino reducir las emisiones de la porción de la movilidad que continúe dependiendo de combustibles líquidos o gaseosos durante las próximas décadas.
Con las nuevas reglas, España busca ofrecer una señal de largo plazo a productores de biocombustibles avanzados, desarrolladores de hidrógeno renovable, operadores de recarga y proveedores energéticos. El resultado dependerá ahora de la capacidad del mercado para transformar las obligaciones regulatorias en inversión, nueva infraestructura y combustibles competitivos.