El parque eólico SunZia comenzó oficialmente sus operaciones a y se posicionó como la mayor instalación eólica de Estados Unidos. Con 3650 MW de capacidad y una inversión estimada en US$16.000 millones, el proyecto marca un nuevo hito para el sector de las energías renovables en Norteamérica.
La obra, cuya construcción fue anunciada en 2023, incluye 916 aerogeneradores y supera en tamaño y potencia a desarrollos emblemáticos como Alta Wind y Great Prairie. Según datos de la EIA, SunZia generará cerca del triple de electricidad que otros proyectos comparables y enviará la energía producida hacia Arizona y California mediante una línea de transmisión de alta tensión.
El proyecto que cambió el mapa energético de Nuevo México
La iniciativa de Pattern Energy distribuye sus turbinas en tres condados de Nuevo México: 242 equipos fueron instalados en San Miguel County y Lincoln County, mientras que otras 674 turbinas abastecerán a Lincoln County y Torrance County.
El sistema de transmisión y distribución fue diseñado e instalado por Hunter Armistead, que confirmó una inversión adicional de US$10.000 millones para completar la infraestructura asociada.
La inauguración también cerró un proceso de más de dos décadas de planificación, negociaciones regulatorias y desarrollo técnico para convertir una propuesta inicial en un proyecto comercialmente viable. Las comunidades de la región comenzarán a recibir el suministro este mismo verano.
Con la entrada de SunZia, la energía eólica alcanzará el 45% de la capacidad total instalada de Nuevo México, consolidándose como la principal fuente eléctrica del estado. La generación solar representará alrededor del 19%, nivel similar al del gas natural.
El salto es significativo: la capacidad eólica disponible para el período de mayor demanda veraniega pasará de 3997 MW a 7647 MW, según la EIA.
Pattern Energy calcula que el complejo aportará más de US$20.500 millones a la economía de Nuevo México entre efectos directos, indirectos e inducidos. Además, estima un impacto fiscal superior a US$1.300 millones, derivado de impuestos sobre ventas, uso, propiedad y pagos por tierras federales, estatales y privadas.