La Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER) presentó ante la Secretaría de Energía de la Nación, liderada por María Tettamanti, una serie de cambios regulatorios para acelerar la generación distribuida, destrabar inversiones privadas y evitar que grandes consumidores migren hacia contratos térmicos por las restricciones actuales.
Uno de los puntos centrales es la situación de los Grandes Usuarios de Distribuidora (GUDIs) que buscan pasar a categorías GUMA o GUME, ya que el esquema vigente les impide mantener una estrategia competitiva que combine autogeneración, inyección de excedentes y contratación renovable.
“El problema que generan los GUDIs es que están saliendo en estampida por el precio que les están pagando, incluso al doble del precio de lo que pagarían un PPA. Y cuando ven las restricciones, prefieren contractualizar con térmica por un año y luego volver a analizar qué conviene. Pero si hubiesen tenido generación distribuida como alternativa, hubiesen podido contractualizar doble”, explicó Marcelo Álvarez, presidente de CADER, en diálogo con Energía Estratégica.
Para la Cámara, este punto es el de mayor impacto potencial en megavatios y el único de los seis que requiere modificar la ley. Sin embargo, Álvarez considera que podría explorarse una salida más rápida mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
“La propuesta se orienta a que, el mercado de los GUDIs, que ahora está en estampida saliendo a contractualizar, no siga haciéndolo con térmica, sino que lo hagan con un mix de distribuida, generación on-site y contractualización en renovable en redes de distribución”, detalló el presidente de CADER
El planteo se conecta con un escenario de expansión que CADER ya discutió con las autoridades: alcanzar hasta 3,7 GW de generación distribuida en los próximos años mediante modificaciones regulatorias, sin necesidad de reformar todo el marco legal vigente.
Incluso, en una trayectoria de máxima penetración, el potencial escala hasta 5 GW hacia 2030, aunque ese nivel requeriría cambios regulatorios más profundos, entre ellos un eventual pasaje desde net-billing hacia net-metering.
“Con la Secretaría de Energía lo debatimos, ya que le permite no hacer tantas inversiones en infraestructura, motorizar la inversión de los privados, el crecimiento más rápido de generación distribuida y evitar el costo de tener que pagarle la demanda para que se desconecte en los momentos de pico de verano. Entonces es win-win por todos lados”, subrayó Álvarez.
En paralelo, el segundo bloque de cambios se concentra en el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La Cámara pide eliminar la inscripción previa en el RENPER, el RENPALMA o el Certificado de Usuario Generador como condición para acceder a los beneficios, sino que exista unna certificación de elegibilidad previa y vinculante al momento de presentar el proyecto.
“También se habló de poner la obra como parte del RIMI renovables. Ya se liberaron algunas posiciones arancelarias de los componentes principales pero no la obra”, complementó el entrevistado.
“Y el EPC, materiales menores, ingeniería, los costos en general instalar un sistema renovable distribuido es más o menos el 30% del total. Entonces debatimos proponer una metodología que sea la que ya está usando industria en otros sectores”, agregó.
Por eso, la Cámara propone incorporar esos costos con una salvaguarda: un tope equivalente al 50% del valor del equipamiento, para evitar sobrefacturación.
Asimismo, ante la Secretaría de Energía se presentó un cambio pensado para importaciones de componentes para generación distribuida, donde se solicita libre acceso al Mercado Único y Libre de Cambios para pagos anticipados y una clasificación aduanera individual para los componentes comercializados por importadores mayoristas.
Según el diagnóstico sectorial, la exigencia del documento de embarque obliga a financiar anticipos mediante cartas de crédito, incrementando el costo financiero que luego se traslada al precio final de los sistemas.
Ante dichas propuestas, el presidente de CADER destacó la predisposición oficial a analizar medidas que no comprometan recursos presupuestarios: “Todo lo que sea técnicamente promover la generación distribuida con costo cero para el gobierno, lo van a hacer. Porque tienen vocación de ir por ese lado”.
Ley de Transición Energética
La agenda con la Secretaría de Energía también incluyó el proyecto de Ley de Transición Energética que CADER trabaja desde hace dos años, a fin de generar una instancia específica para exponer sus implicancias regulatorias, financieras y sistémicas.
“Interesa que hagamos una especie de seminario con presentación de qué significa la ley de transición energética en términos de costos y restricciones. Nos abrieron la puerta para hacer la presentación de la ley de transición energética”, manifestó su presidente.
La Cámara sostiene que la iniciativa no implica un costo económico directo para el Estado, sino una modificación del marco regulatorio y un incremento de los compromisos vinculados a las contribuciones determinadas a nivel nacional.
La propuesta contempla siete capítulos y apunta a obtener estado parlamentario este año, aunque desde CADER admiten que podría avanzarse por etapas legislativas si no existiera consenso para aprobar todo el paquete.
Uno de los ejes es el costo del capital. De acuerdo con la información aportada por la Cámara, el financiamiento para infraestructura verde en Argentina se ubica en torno al 8% en dólares, equivalente al doble o más que en mercados vecinos como Chile.
El planteo busca conectar el marco de transición con competitividad del mercado eléctrico, creación de empleo, balanza comercial y atracción de capital externo.
“Se habló de generar una instancia de discusión con la ley de transición para que presentemos las oportunidades de abaratar el mercado eléctrico argentino, generar empleo, mejorar la balanza comercial y adicionar inversión externa”, concluyó Álvarez.