En los últimos días el Gobierno nacional publicó dos determinaciones que dan mayores precisiones sobre las garantías de los beneficios fiscales que establece la Ley 27.191: el Decreto 882/16 y la Resolución 136/16.
En entrevista para energiaestrategica.com, Omar Díaz, Socio Responsable de Energías Renovables de KPMG Argentina, brinda precisiones al respecto. ¿Qué observación hace acerca del Decreto 882/16 sobre garantías para un correcto funcionamiento del cupo de beneficios fiscales que prevé la Ley 27.191? A través del Decreto PEN 882 (BO 22/7/16) se ha establecido ya para el primer año (ejercicio 2016) la suma de U$S 1.700.000.000 en concepto de cupo fiscal, que se transferirá al ejercicio 2017 en caso de no utilizarse.
Consideramos que es un paso muy importante asegurar el cupo fiscal para la aplicación de los beneficios fiscales. Algunos desarrolladores han tenido problemas con ciertos beneficios que brindaba la Ley 26.190, como con la Devolución Anticipada del IVA. ¿Qué garantiza que éste y otros beneficios fiscales sean ejecutados correctamente en el marco de la nueva Ley? Debemos recordar que los beneficios fiscales que establecía la Ley 26.190 no se hicieron efectivos por diversos motivos (por ejemplo: trámites interminables, falta de existencia de cupo fiscal, etc.). La nueva Ley prevé un cupo fiscal y, como mencionamos anteriormente, ya existe un monto asignado para el ejercicio 2016.
De esta manera, se otorga mayor claridad para la obtención de los beneficios fiscales. ¿Es decir que ya están garantizados? Sólo podremos hablar de certeza cuando los beneficios sean otorgados. ¿Todos los beneficios fiscales ya están instrumentados? Es preciso que se dicten las resoluciones de AFIP (DGI y DGA) para completar el marco regulatorio de los beneficios fiscales.
Por ejemplo, emitir las resoluciones con los plazos y procedimientos para la devolución anticipada del IVA (DGI); procedimiento para hacer efectiva la exención de derechos de importación de bienes que se afecten al proyecto de energías renovables (DGA), etc. La resolución 136 del MEM establece un cupo máximo de beneficios fiscales por tecnología por cada MW: Eólica 960.000 dólares; Solar Fotovoltaica 720.000 dólares; Biomasa (combustión y gasificación) 1.250.000 dólares; Biogás 2.500.000 dólares; PAH 1.500.000 dólares. ¿A su consideración, son cifras contundentes? Si bien falta tener algunas aclaraciones respecto de la aplicación de determinados beneficios fiscales (por ejemplo: forma de cálculo, etc.), nuestras estimaciones preliminares nos indican que los valores asignados serían, en principio, razonables. Asimismo hay que aclarar que con la reciente sanción de la Ley 27.260 (de Sinceramiento y Reforma Fiscal) algunos de los beneficios fiscales establecidos por la Ley 27.191 se han eliminados (por ejemplo: Impuesto sobre los dividendos).
Es por ello que para arribar a una conclusión definitiva, deben efectuarse mayores cálculos de detalle. Al respecto, la prórroga de la fecha de presentación de las ofertas al 5 de Septiembre resulta auspiciosa. Beneficios Fiscales de la Ley 27.191 En cuanto al mecanismo de promoción fiscal, el texto propone:
- a) Amortización acelerada del impuesto a las ganancias, a lo que se suma:
- b) Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- c) Exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
- d) Certificado Fiscal por el 20 % del componente nacional siempre que se integre un mínimo del 30%.
- e) Exención del impuesto sobre la distribución de dividendos (10%) ante la reinversión de utilidades.
- f) Exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017.
- g) No aplicación de tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales durante el régimen de fomento.
- h) Traslado de posibles aumentos fiscales a los precios de los contratos.
- i) Tratamiento para el despacho como central hidroeléctrica de pasada, lo que brinda prioridad de despacho a los proyectos.
- j) Aporte de la reserva de potencia soportado por todo el sistema.
- k) Límite de 113 us$/MWh promedio al precio de los contratos suscriptos por los Grandes Usuarios.
- l) Prioridad de acceso al financiamiento público (FODER) a proyectos con mayor integración de componente nacional.