Semanas atrás, y tras varias reuniones de trabajo, los diputados nacionales Gustavo Bevilacqua (Frente Renovador), Juan Carlos Villalonga (PRO), Luís María Bardeggia y Néstor Tomassi (Bloque Justicialista) decidieron crear un proyecto de Ley común de Generación Distribuida unificando criterios.
La propuesta se constituyó tras la unificación de tres proyectos de Ley ya presentados -el de Bardeggia (5418-D-2015), el de Tomassi (0097 D-2016) y el de Villalonga (2965-D-2016)-, y se encuentra en etapa de borrador", sujeto a cambios que puedan surgir a partir de posteriores encuentros de trabajo.
En diálogo con energiaestrategica.com, el diputado oficialista señala que el hecho de sostener un equipo que se conforme por distintos bloques es central, porque garantiza pluralidad y consenso político para la promoción de la medida.
Villalonga revela que este amplio y heterogéneo grupo de trabajo sostiene "por lo menos 2 reuniones semanales con distintos actores", dinámica que apunta a fortalecer el proyecto de Ley, sobre todo en la práctica.
SEstamos en permanente diálogo con diferentes sectores.
Algunos reafirman líneas que están ya colocadas en el proyecto y otros plantean posibles incorporaciones, como es el caso de algunas distribuidoras", confía el diputado y destaca que hasta el momento las observaciones que se han indicado "no son disruptivas sino que se trata de aportes que vienen a nutrir el proyecto. Lea también: "Una columna de opinión sobre la importancia de regular la generación distribuida" "Cuando uno apenas se aproxima al tema de energía distribuida (mediante energías renovables), parece sencillo; ahora, cuando uno empieza a transitar el tema con todos los actores que deben intervenir, te das cuenta que son múltiples las miradas y negocios que giran en torno a esta política.
Desde comercializadores, distribuidoras, asociación de vecinos, son universos diferentes y complejos", caracteriza el legislador del PRO.
Villalonga resalta que la iniciativa cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de Energías Renovables del Ministerio de Energía y Minería, que conduce Sebastián Kind.
De hecho el funcionario expresó su voluntad de acompañar el proyecto a través de una carta (fechada el 29 de septiembre) dirigida a la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados, precedida por el ex ministro Julio de Vido, comprometiéndose en "analizar a la mayor brevedad posible" la propuesta.
No obstante, cuestiones de agenda impiden al área de Kind dedicarse a este tema.
Es que actualmente la Subsecretaría está fuertemente abocada a todo el proceso licitatorio de la Ronda 1 del Programa RenovAr, donde se adjudicaron un total de 29 proyectos por un total de 1.142 MW que activarán inversiones entre 1.800 y 2.000 millones de dólares.
Asimismo están trabajando en la próxima Ronda 1.5, que en 2 días presentará el nuevo pliego, y en la Ronda 2, anunciada por el ministro Juan José Aranguren en mayo del 2017.
En tanto, Villalonga subraya la buena predisposición del ex ministro de Planificación Federal kirchnerista: "Julio De Vido, por lo que ha conversado con nosotros, está esperándonos para que le digamos cuándo estamos dispuestos a tratar el proyecto. Lea también: "Las provincias esperan definiciones del Gobierno para avanzar con la reglamentación de la generación distribuida" "En definitiva, estamos trabajando para que en 2017 Argentina cuente con un marco regulatorio (de Generación Distribuida mediante energías renovables)", asegura el legislador del PRO.
"Buscamos que el texto de la Ley no cierre puertas a los distintos tipos de negocios que puedan llegar a surgir.
Y apuntamos a que el Ejecutivo tenga todas las herramientas para que pueda ir testeando los distintos modelos de cómo promoverla", explica el diputado al tiempo que resume: "La idea es que cuando la Ley salga, ya esté bastante avanzado lo que es el borrador del decreto reglamentario.
Es decir que cuando la Ley se apruebe, el ejecutivo ya tenga una interpretación de cómo lo va a operativizar. Lo más relevante del texto del borrador Artículo 14- Para los casos en que la potencia a instalar sea superior a la que tiene contratada el usuario o a 30 kW, el usuario deberá tramitar su autorización ante la Autoridad Regulatoria que corresponda según la jurisdicción del Distribuidor.
La Autoridad de Aplicación deberá disponer los mecanismos administrativos, técnicos y remunerativos para evaluar y establecer las condiciones para otorgar tales autorizaciones.
Asimismo la Autoridad de Aplicación fijará los lineamientos de esa tramitación por medio de la reglamentación y las normas complementarias de la presente ley. Artículo 15- Para los casos en que la potencia a instalar sea equivalente a la que tiene contratada el usuario para su consumo y al mismo tiempo, la misma sea igual o menor a 30kW, cada Distribuidor administrará la remuneración por la energía entregada a la red producto de la generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en base a los siguientes lineamientos:
- a) El usuario recibirá una Tarifa de Incentivo por cada kWh (kilowatthora) que entregue a la red de distribución.
El valor de la Tarifa de Incentivo será establecido por la Autoridad de Aplicación.
- b) El valor de la Tarifa de Incentivo de cada usuario será el fijado por la Autoridad de Aplicación al momento de la instalación del equipamiento de medición correspondiente el que se mantendrá por un plazo de 5 años.
- c) El Distribuidor reflejará en la facturación que usualmente emite por el servicio de energía eléctrica prestado al usuario, tanto el consumo como la energía volcada por el usuario a la red, así como los valores correspondientes a cada una de ellos.
El valor a pagar por el usuario será el neto de ambos montos.
Si existiese un excedente a favor del usuario, el mismo configurará un crédito para la facturación del período siguiente.
Cada 4 meses el Distribuidor retribuirá al usuario el saldo favorable que pudiera haberse acumulado.
- d) Transcurrido el plazo de 5 años mencionado en el inciso b), el valor de la energía entregada a la red de distribución por parte del usuario, será idéntico al valor que comercializa el Distribuidor.
La misma se establecerá en base a los criterios que la Autoridad de Aplicación disponga por medio de la reglamentación de la presente ley y sus normas complementarias.
Para esa revisión la Autoridad de Aplicación podrá aplicar criterios como valor de mercado. Lea también: "Asesores energéticos plantearán al Gobierno avanzar con la generación distribuida de renovables" La Autoridad de Aplicación realizará los pagos a los Distribuidores utilizando el "Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables" (FODER) creado por la Ley N° 27.191 u otras fuentes de financiamiento que la Autoridad de Aplicación considere adecuados utilizar.
Dichos pagos serán otorgados para cubrir el diferencial entre la Tarifa de Incentivo fijada por la Autoridad de Aplicación correspondiente a cada tipo de usuario según lo establecido en esta ley y el costo de la energía eléctrica que el Distribuidor paga por la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista.
Asimismo, el texto propone: "Elaborar conjuntamente con otros Ministerios políticas activas para promover la adquisición e instalación de equipamiento de generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables por parte de los usuarios, así como para la creación y radicación de empresas destinadas a fabricar y ensamblar equipamiento y/o insumos de generación distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
En caso de que la Tarifa de Incentivo sea $0 (cero pesos), el usuario pagará o recibirá, según corresponda de acuerdo a lo previsto en el Artículo 15 inciso c), el neto entre la energía consumida y la volcada a la red.
Por otra parte, desde la parte técnica, el proyecto fija que "el Distribuidor deberá implementar un mecanismo administrativo ágil para atender tales solicitudes.
"A efectos de autorizar la inyección de energía a la red, el Distribuidor realizará una evaluación técnica tanto de las condiciones de la red como del equipamiento del usuario, el que deberá ajustarse a la reglamentación y normas complementarias emitidas al respecto por la Autoridad de Aplicación.