Generadores Independientes de Energía (GIE A.G.) plantea una transición gradual en los Decretos Supremos N°88 y N°125, actualmente en revisión por la Contraloría General de la República, para minimizar los efectos inminentes que alterarán las condiciones bajo las cuales se concretó el financiamiento para los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD).
El debate surge en un contexto en que los PMGD han adquirido un rol relevante en la matriz energética nacional, aportando cerca del 10% del sistema eléctrico y movilizando importantes inversiones en regiones. Sin embargo, la propuesta normativa podría afectar las condiciones bajo las cuales estos proyectos fueron desarrollados.
Análisis técnicos presentados al Ministerio de Energía indican que, de mantenerse el diseño actual de los decretos, el 65% de estas plantas de generación enfrentará dificultades para cumplir sus compromisos financieros, refiere Mauricio Utreras, director ejecutivo de Generadores Independientes de Energía (GIE A.G.). Este escenario implicaría aceleración del pago de deuda y eventual abandono de iniciativas energéticas en operación o desarrollo.
El impacto proyectado no sería menor: se estima que cerca de 690 centrales renovables podrían verse afectadas, junto con aproximadamente 20.000 empleos directos de difícil reemplazo y más de US$6.000 millones en inversiones, una cifra comparable al ajuste fiscal impulsado por el Gobierno.
Frente a este panorama, el representante de GIE indicó que, si bien existe consenso en la necesidad de modernizar la regulación del segmento, cualquier cambio debe implementarse con criterios de gradualidad. Esto permitiría resguardar la estabilidad del sistema, evitar distorsiones competitivas y mantener la confianza de los inversionistas.
Asimismo, destacó que aún existe margen para perfeccionar la propuesta antes de su toma de razón. “En particular, se han propuesto al Ministerio de Energía ajustes técnicos consensuados con la industria PMGD que buscan compatibilizar la modernización regulatoria con la sostenibilidad económica de los proyectos”.
La forma en que se aborden estas reformas sentará un precedente en materia de certeza jurídica y condiciones de inversión, elementos considerados esenciales para el desarrollo de infraestructura energética en el país.