Resolver cuellos de botella, contar con un grado suficiente de madurez y registrar demoras que tengan un costo para el conjunto del sistema serán los tres criterios que guiarán la priorización de una cartera de 20 proyectos energéticos en Chile. La estrategia busca agilizar inversiones cuya ejecución se encuentra condicionada, entre otros factores, por los tiempos de tramitación administrativa.
Durante Future Energy Summit (FES) Chile 2026, Fernanda Thompson, jefa de gabinete del subsecretario de Energía, identificó las áreas donde el Gobierno pretende concentrar sus esfuerzos: “Principalmente están en transmisión, almacenamiento y en la falta de infraestructura habilitante”.
Sin embargo, no bastará con que una iniciativa pertenezca a esos segmentos. La representante del Ministerio precisó que también se tendrá en cuenta su estado de desarrollo y el origen de los obstáculos que enfrenta.
“Debemos ver que el proyecto esté maduro, pero además que el atraso sea responsabilidad en parte del Estado”, sostuvo Thompson, antes de incorporar un tercer factor: “Que este retraso tenga un costo para todos”.
De esta manera, el Ejecutivo buscará dar prioridad administrativa a obras capaces de resolver restricciones relevantes para el sector eléctrico, especialmente cuando los procedimientos estatales hayan contribuido a postergar su materialización.
La medida forma parte de la Ruta Energética 2026–2030, que contempla entre sus compromisos reducir los plazos de tramitación de 20 iniciativas estratégicas. No obstante, la funcionaria no identificó durante el encuentro cuáles integrarán esa cartera ni precisó un cronograma individual de ejecución.
El desafío adquiere relevancia frente al volumen de infraestructura actualmente en desarrollo. Según el reporte del Ministerio de Energía correspondiente a septiembre de 2026, 48 obras de transmisión se encontraban en construcción, con inversiones declaradas por USD 3276 millones y una extensión de 2143 kilómetros de nuevas líneas.
Estas cifras dimensionan las necesidades de expansión de las redes eléctricas, uno de los segmentos señalados por Thompson entre las principales prioridades para destrabar capital y acompañar el crecimiento de la generación renovable.
Tres mecanismos para acelerar las inversiones
Además de definir qué proyectos recibirán atención prioritaria, el Gobierno trabaja sobre los procedimientos existentes para acortar los plazos de aprobación y facilitar el inicio de las obras.
La estrategia se desarrolla mediante el Comité de Ministros, el Comité Económico y la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, instrumentos que buscan agilizar distintas etapas sin depender exclusivamente de nuevas modificaciones legislativas.
Uno de los principales cambios se concentra en el funcionamiento del Comité de Ministros, encargado de resolver reclamaciones vinculadas con la evaluación ambiental.
“Por instrucción del presidente de la República, lo que se ha hecho es que este comité sesione todos los meses”, explicó Thompson.
Respecto de los resultados, aseguró que “los tiempos de resolución han disminuido por lo menos en un 40%”.
Como antecedente, durante la Cuenta Pública de junio de 2026, el Ejecutivo ya había informado una reducción del 45% en los plazos de resolución de reclamaciones y el destrabe de inversiones cercanas a USD 7000 millones a nivel nacional.
Otro de los puntos críticos identificados por la funcionaria es el período que transcurre entre la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y el comienzo efectivo de la construcción.
Allí interviene el Comité Económico, orientado a facilitar el avance de iniciativas que, pese a haber superado determinadas instancias de autorización, todavía enfrentan obstáculos para concretarse.
Por otra parte, Thompson destacó la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que apunta a simplificar procedimientos y disminuir los costos asociados a la obtención de permisos.
En particular, explicó que el Ministerio trabaja con la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI) para adecuar la tramitación de concesiones eléctricas e identificar aquellas que presentan menores niveles de riesgo.
Este mecanismo permitiría diferenciar las exigencias administrativas según las características de cada solicitud, en lugar de aplicar los mismos procedimientos a iniciativas con distintos grados de complejidad.
De cara a 2027, el Gobierno espera contar con indicadores que permitan comprobar si estas medidas efectivamente redujeron los tiempos de gestión y contribuyeron a acelerar la ejecución de las inversiones.
“Esperamos el próximo año poder ver cuántos fueron los días que efectivamente nos demoramos y poder comprobar que esto ha sido una política interministerial que ha funcionado”, afirmó Thompson.
El seguimiento de esos resultados será clave para determinar si la priorización administrativa logra traducirse en avances concretos, especialmente en transmisión y almacenamiento, donde las demoras pueden condicionar el desarrollo de nueva infraestructura eléctrica.
Por Matías Medinilla
Por Energía Estratégica
Por Ailén Pedrotti
