En 2011, Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) firmó un contrato para la compraventa de energía eólica con UTE, una empresa que pertenece al Gobierno de Uruguay.
Cuatro años más tarde, el Estado uruguayo analiza la recesión del contrato por incumplimientos de la empresa mendocina.
La posible caída del negocio se debe a que Impsa no cumplió con los tiempos pactados para la concreción de tres grandes obras eólicas.
Se trata de los parques Libertador I, II y III, que se encuentran en construcción en las zonas de Lavalleja y Maldonado y fueron diseñados para generar 65 megavatios (MW) en total.
Además, corre peligro otro contrato que fue firmado en abril de 2012.
En esa ocasión, Impsa anunció que "UTE adjudicó a Noukar SA (empresa subsidiaria de Impsa), un contrato de compraventa de energía por veinte años, promovido por el Gobierno uruguayo.
Tal adjudicación implicaba la construcción de Libertador IV, otro parque eólico ubicado en la misma zona de los anteriores y que generaría una potencia de 50 megavatios.
Estaba prevista una inversión de U$S 153 millones y la utilización de tecnología de Impsa Wind. Prórrogas y crisis Para el diario El País de Uruguay, es prácticamente un hecho la rescisión del contrato entre UTE e Impsa, pero no sería una decisión apresurada por parte de la firma uruguaya sino que es consecuencia de una serie de dificultades que se fueron presentando en los últimos años.
Como se sabe, Impsa cayó en default en setiembre del año pasado y debió recurrir a la ayuda del Estado para intentar estabilizar su situación financiera.
Fue justamente en ese mes que se venció uno de los plazos acordados con UTE y, hasta el momento, nada ha cambiado.
Según el contrato, el parque eólico Libertador I debía concluirse el 18 de setiembre del año pasado y se podía prorrogar hasta el 18 de marzo de este año.
En tanto, los parques Libertador II y III debían ser entregados el 1 de agosto de 2014, con posibilidad de prórroga al 1 de febrero de 2015.
En todos los casos, según los medios uruguayos, Impsa pidió las prórrogas permitidas, pero nunca cumplió con lo establecido.
Además, trascendió que una vez vencidas las prórrogas, Impsa propuso a la firma Global Energy Limitada como nuevo inversor del proyecto y pidió una nueva extensión de los plazos de las tres obras vencidas hasta el 30 de diciembre de 2016.
Por la cuarta obra (Libertador IV), Pescarmona solicitó que el vencimiento se fijara para junio de 2017.
A cambio de estos beneficios, Global Energy Limitada reduciría la tarifa del megavatio / hora de U$S 80 a U$S 60.
Sin embargo, UTE rechazó la oferta y todo parece indicar que en las próximas horas se rescindirá el contrato con Impsa.
Ya en setiembre de 2014 se divisaba poca predisposición del gobierno uruguayo para negociar.
El diario El Observador de ese país publicó en esa fecha una entrevista con Ramón Méndez, director Nacional de Energía del Ministerio de Industria de Uruguay (MIEM), quien anticipó que la rescisión del contrato con Impsa no representaría ninguna dificultad.
"La rescisión del contrato no nos afectaría porque en las últimas licitaciones se presentaron 24 empresas y hay un conjunto muy importante de firmas de primer nivel mundial que están buscando poder instalar parques eólicos en Uruguay", declaró el funcionario.
Por si fuera poco, Pescarmona deberá pagar entre U$S 4 millones y U$S 5 millones en concepto de garantía por el incumplimiento de los plazos acordados con UTE.
Fuentes cercanas a Impsa confirmaron la difícil situación que la compañía atraviesa en Uruguay, pero aseguraron que al menos hasta ayer no había llegado ningún comunicado oficial por parte de UTE rescindiendo el contrato. Fuente: Diario Los Andes.
Mariano Zalazar