España comienza a poner cifras concretas a la apertura de las subastas de cogeneración a la biomasa anunciada en junio.
La propuesta de resolución publicada por la Secretaría de Estado de Energía reserva 95 MW de los 600 MW incluidos en la primera convocatoria para instalaciones que utilicen este combustible renovable.
De ese volumen, 65 MW estarán dirigidos a nuevas centrales de cogeneración con biomasa, mientras que otros 30 MW permitirán modernizar plantas de biomasa existentes, tanto instalaciones exclusivamente eléctricas como cogeneraciones.
La cifra representa aproximadamente el 15,8% de la potencia inicialmente ofertada. Los restantes 505 MW se distribuirán entre ocho productos asociados a nuevas instalaciones y modificaciones de cogeneraciones con gas natural.
La convocatoria todavía no es definitiva. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) abrió el trámite de audiencia e información pública, y los interesados podrán presentar alegaciones hasta el 15 de septiembre de 2026.
Si el calendario planteado no sufre modificaciones, la subasta se celebrará el 10 de diciembre, con la recepción de ofertas entre las 9:00 y las 11:00 horas y la publicación de los resultados provisionales antes de las 14:00.
65 MW para nuevas plantas y 30 MW para modernizaciones
La resolución divide los 600 MW en diez productos independientes, definidos según el combustible, el tipo de actuación y el tamaño de las instalaciones.
Para la biomasa se establecen dos categorías:
- 65 MW para nuevas instalaciones de cogeneración, vinculadas a la referencia retributiva ITR-0116.
- 30 MW para modificaciones de instalaciones existentes, vinculadas a la ITR-0117.
El primer producto permitirá construir centrales que produzcan conjuntamente electricidad y energía térmica útil a partir de biomasa. El segundo busca transformar o renovar instalaciones de biomasa exclusivamente eléctricas o cogeneraciones existentes para que cumplan las condiciones del nuevo régimen.
Aunque la orden reguladora contempla categorías de biomasa de hasta 100 MW, la propuesta de convocatoria fija un límite más estricto: cada instalación podrá recibir el régimen retributivo específico por un máximo de 25 MW.
Este tope impedirá que el cupo reservado quede concentrado en una única gran central. En la práctica, los 65 MW destinados a nueva capacidad necesitarán al menos tres proyectos para ser cubiertos completamente.
La limitación también se traslada a las ofertas. El tamaño máximo de cada tramo presentado será de 25 MW tanto para nuevas instalaciones como para modificaciones, aunque los participantes podrán formular tramos divisibles o indivisibles.
El cupo de biomasa podría llegar hasta 104,5 MW
La convocatoria permite que la potencia finalmente adjudicada supere en un 10% el cupo asignado a cada producto, cuando la inclusión del último tramo casado así lo requiera.
Por tanto, los 65 MW para nuevas plantas podrían alcanzar un máximo de 71,5 MW, mientras que los 30 MW para modernizaciones podrían elevarse hasta 33 MW.
En conjunto, la biomasa podría obtener hasta 104,5 MW, siempre que exista oferta suficiente y el proceso de casación active ese margen.
No obstante, la adjudicación dependerá del grado de competencia alcanzado. Para mantener el cupo completo, el volumen ofertado deberá superar al menos en un 20% la capacidad subastada en cada producto. Si no se alcanza esa proporción, el volumen adjudicable deberá reducirse hasta restablecer el nivel mínimo de competencia.
En el caso de la nueva biomasa, conservar los 65 MW exigirá ofertas por al menos 78 MW. Para las modificaciones, deberán presentarse como mínimo 36 MW.
La puja se decidirá sobre el coste de inversión reconocido
La subasta no establecerá directamente un precio por la electricidad generada. Los participantes competirán ofreciendo un porcentaje de reducción sobre el valor estándar de la inversión inicial reconocido para cada categoría.
El MITECO ha fijado como referencia:
- 4.914 euros/kW para nuevas cogeneraciones con biomasa.
- 3.440 euros/kW para modificaciones de instalaciones existentes.
Los desarrolladores deberán indicar cuánto están dispuestos a rebajar esos valores para obtener el régimen retributivo. Las propuestas se ordenarán de mayor a menor descuento y serán seleccionadas hasta cubrir el cupo disponible.
Se aplicará un sistema marginal: todos los tramos adjudicados dentro de un mismo producto recibirán el porcentaje de reducción correspondiente al último tramo casado.
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A partir de ese descuento se calculará el valor de inversión reconocido y, posteriormente, la retribución a la inversión de la instalación.
Los parámetros de referencia contemplan inicialmente una retribución a la inversión de 467.096 euros por MW para nuevas plantas de biomasa y de 326.968 euros por MW para modernizaciones. La retribución a la operación de partida asciende a 55,398 euros/MWh y 52,733 euros/MWh, respectivamente.
Estas cifras no constituyen el resultado definitivo que recibirá cada proyecto: se verán afectadas por el descuento obtenido en la subasta y por las revisiones de los parámetros regulados correspondientes.
El esquema toma como base una rentabilidad razonable del 7,09% para el periodo regulatorio 2026-2031.
Una vida regulatoria de 20 años
La biomasa contará con una ventaja temporal relevante frente a las cogeneraciones con gas natural.
Las plantas adjudicatarias tendrán una vida útil regulatoria de 20 años, frente a los doce años previstos para las instalaciones del subgrupo a.1.1 alimentadas con gas.
La normativa utiliza como referencia 4.869 horas eléctricas brutas equivalentes al año para las dos categorías de biomasa. También fija un mínimo anual de 1.950 horas para acceder íntegramente a la retribución correspondiente.
Para las modificaciones de centrales existentes se exige, además, una inversión elegible mínima de 740 euros por kW. Dentro de esa inversión podrán computarse la modernización o adquisición de calderas de biomasa, turbogeneradores de vapor, recuperadores de calor, equipos de postcombustión, sistemas de depuración y otros elementos directamente vinculados con el proceso de cogeneración.
En caso de que una instalación modificada ya perciba otro régimen retributivo específico, la entrada en el nuevo esquema supondrá la cancelación de la inscripción anterior. De este modo, una misma planta no podrá acumular ambas retribuciones.
Cinco años para poner las instalaciones en marcha
Los proyectos de biomasa dispondrán de un plazo máximo de 60 meses para cumplir los requisitos necesarios y quedar inscritos en el registro retributivo en estado de explotación.
El periodo comenzará a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la resolución de preasignación.
Esto diferencia a la biomasa de buena parte de las modificaciones de cogeneración con gas, que tendrán un plazo de 48 meses.
Las autorizaciones definitivas de explotación podrán situarse entre 2027 y 2032, según la fecha efectiva de ejecución de cada proyecto.
Para participar será necesario presentar ante OMIE una garantía de 20 euros por kW de la potencia por la que se solicite la calificación. Una oferta por 25 MW exigirá, por tanto, una garantía inicial de 500.000 euros.
Los adjudicatarios deberán constituir posteriormente otra garantía de 20 euros/kW para solicitar su inscripción en el registro de preasignación.
El gas conserva el grueso de la convocatoria
Pese a la entrada de la biomasa, la primera subasta seguirá estando ampliamente dominada por el gas natural.
De los 600 MW convocados, 425 MW estarán destinados a renovar cogeneraciones existentes que continúen utilizando gas, 77 MW permitirán construir nuevas instalaciones con ese combustible y otros 3 MW cubrirán transformaciones de categorías anteriores. En total, los ocho productos asociados al gas sumarán 505 MW.
La mayor partida individual será de 210 MW para modificaciones de plantas de entre 1 y 25 MW, seguida por 130 MW para instalaciones de entre 25 y 100 MW y 75 MW para determinadas reconversiones de tamaño medio.
Así, la apertura tecnológica anunciada en junio se materializa, aunque de manera acotada: la biomasa podrá competir por un régimen propio, pero accederá inicialmente a menos de uno de cada seis megavatios ofertados.
La segunda subasta, prevista para 2027, completará el marco de 1.200 MW aprobado por el Gobierno. La potencia que quede desierta en esta primera convocatoria podrá acumularse al proceso siguiente.
La prueba decisiva llegará en diciembre. Entonces se conocerá si los 95 MW reservados son suficientes para movilizar proyectos nuevos, si existe competencia para cubrirlos y, sobre todo, qué descuento exige el mercado para convertir la biomasa en una alternativa real dentro de la modernización de la cogeneración industrial española.
Fuentes normativas: , Orden TED/672/2026 y Real Decreto 530/2026.