La Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México aprobó tres permisos de generación de energía eléctrica a empresas que poseen proyectos renovables en diferentes entidades federativas del país, por un mínimo de 100 MW de capacidad. Los permisionarios beneficiados fueron Tampico Renewable Energy, que solicitó el permiso para su central de biomasa de 74 MW de potencia ubicada en Tamaulipas; la firma Piasa Ingenio Plan de San Luis con un proyecto de 20 MW de biogás San Luis Potosí; y para CFE Generación III. En este último caso, no se aclaró cuál de todos los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad podrá generar energía eléctrica, ya que la empresa productiva del estado presentó diversas solicitudes para sus parques renovables:
- La central hidroeléctrica de 6,4 MW en Yucatán
- La planta fotovoltaica de 443,52 MW en Sonora
En el caso del parque solar ESJ Renovable I (100 MW), que se ubica en el estado de Aguascalientes se establece el cambio en la condición primera y segunda, relativas a la ubicación y descripción de las instalaciones y al programa, inicio y terminación de obras, respectivamente.
Mientras que para las centrales eólicas Dolores Wind (279.3 MW en Nuevo León) y Parque Amistad II (100 MW - Coahuila), ambas pertenecientes a la firma Enel Green Power, se aprobó la modificación de la condición primera. Sin embargo, no fueron todas buenas noticias para el sector renovable, ya que el órgano regulador también rechazó el permiso de generación de energía eléctrica del permisionario México Lindo Solar PV II SA de CV para su proyecto fotovoltaico de 191.29 MW en Coahuila. Pero el hecho de que se vuelvan a aprobar algunos permisos resulta un tanto positivo en el sector, ya que a lo largo del año, la CRE denegó solicitudes fotovoltaicas y eólicas por más de 2 GW de varias empresas.Hecho que, de persistir,
incrementaría los costos de las renovables. Aunque cabe aclarar que estas medidas ocurrieron en la antesala de un panel energético entre México, Estados Unidos y Canadá por diferentes controversias vinculadas con el Tratado de Libre Comercio entre los tres países (T-MEC). Puntualmente, el Departamento de Comercio de Estados Unidos planteó que "no es seguro" que se mantengan los amparos existentes que detienen las reformas energéticas, por lo que el gobierno de Biden solicitó el procedimiento ante la posible falta de garantías por las afectaciones dadas contras las empresas de dicho país.