La semana pasada, el Gobierno Iván Duque hizo un balance de los dos años de gestión al mando de Colombia.
Allí se mencionó el avance de la transición energética con la incorporación de energías renovables.
El objetivo de campaña de Duque era llegar al fin de su mandato, al 2022, con 1.500 MW de energías renovables.
Pero los buenos resultados de la subasta a largo plazo y de la de Cargo por Confiabilidad, sumado a iniciativas de privados, hace que las estimaciones oficiales hablen de 2.500 MW de energías renovables operativas para los próximos dos años y medio.
Se trata de 50 veces más de la capacidad instalada renovable que encontró su administración en 2018.
Pero ahora el gran desafío que ahora atraviesa la gestión es que los proyectos lleguen a su operatividad; es decir, empiecen a generar energía limpia.
Para iniciar el período de construcción, las empresas propietarias de las obras deberán obtener las licencias ambientales correspondientes y autorizaciones de los dueños de los territorios donde se emplazarán los proyectos.
Sobre este último punto se desplegó un manto de incertidumbres, principalmente sobre las seis centrales eólicas ubicadas en La Guajira, por 1.077 MW, que fueron adjudicadas en la subasta a largo plazo de energías renovables.
Lo mismo ocurre con la línea en 500 kV Colectora", medio desde el cual se despacharía la energía limpia generada desde el norte colombiano hacia los grandes centros de consumo.
Con la llegada del Coronavirus, las consultas previas (presenciales), necesarias para que las empresas puedan llegar a un entendimiento con la vasta comunidad Wayuu, dueña de buena parte de las tierras de La Guajira, se están postergando.
Las reuniones virtuales se descartaron dado lo engorroso de una negociación de esta envergadura detrás de una pantalla con comunidades originarias, que además están muy alejadas con el mundo digital.
Pero a esto se le suma un pedido de la Procuraduría General de la Nación al Ministerio de Minas y Energía, la UPME y otras entidades gubernamentales que, según pudo saber Energía Estratégica, básicamente advierte sobre la necesidad de que hasta tanto no se agoten los procedimientos de consulta pública, los proyectos eólicos y la línea Colectora queden suspendidas.
Cómo impactará esto en el desarrollo de los emprendimientos y cuándo se resolverá esta situación, son grandes incógnitas que ya generan preocupación en la industria de las renovables.
De acuerdo al compromiso adoptado por los adjudicatarios de los proyectos de la subasta a largo plazo, las centrales deberían ingresar en operación comercial en el 2022. 
Proyectos adjudicados en la subasta a largo plazo de renovables Pero por tratarse de contratos de tipo financiero, las empresas se pueden exceder de ese plazo siempre y cuando hagan entrega del volumen de energía comprometido en la convocatoria mediante otro mecanismo, sea a partir de un contrato de respaldo o del mercado spot.
De hecho, la previsión de muchas de las empresas con proyectos eólicos era entrar en operación comercial en marzo del 2023.
Una fuente del mercado consultada por este medio explica que lo ideal es que las centrales renovables comiencen a funcionar antes de enero del 2024.
Porque, de no hacerlo, la CREG podrá ejecutarles garantías sin afectar el contrato a largo plazo celebrado.
Otro factor de riesgo que se les agrega a estas centrales eólicas es la entrada en operaciones de la línea en 500 kV "Colectora Cuestecitas La Loma.
Sin la obra de transmisión, que recorrerá unos 470 kilómetros, la energía no podrá ser despachada a los grandes centros de consumo.
La fecha que Grupo Energía Bogotá -GEB-, concesionaria de la línea, tenía para terminar de montar el proyecto era noviembre del año 2022.
Sin embargo, según fuentes del sector, la obra quedará postergada al 2023. 
Los desafíos que trae aparejado la obra eléctrica Colectora.
Fuente: GEB