España llega a las elecciones generales del 29 de noviembre con una transición energética que ha ganado velocidad en generación renovable, pero que todavía encuentra dificultades para trasladar ese crecimiento al conjunto de la economía.
Con ese escenario de fondo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó su programa electoral para 2026, en el que propone profundizar la electrificación, ampliar las infraestructuras eléctricas y consolidar las tecnologías limpias como motores de competitividad industrial.
La formación de Pedro Sánchez defiende la continuidad de la política energética desarrollada desde 2018, aunque incorpora nuevos compromisos para responder a un mercado donde la disponibilidad de capacidad de conexión, la gestión de la demanda y la seguridad del suministro tienen cada vez más protagonismo.
Pero ¿basta con seguir instalando renovables cuando las redes y la demanda no avanzan al mismo ritmo?

El interrogante atraviesa buena parte del programa socialista. Su objetivo de alcanzar un 81% de generación eléctrica renovable en 2030 obliga a acelerar el despliegue de nuevas instalaciones y, al mismo tiempo, resolver las limitaciones que condicionan su integración en el sistema.
Estas dificultades también aparecen en el análisis de los especialistas consultados por Energía Estratégica durante noviembre.
José Luis Bernal Albendín anticipó un mercado renovable a dos velocidades, en el que los proyectos maduros podrían mantener sus calendarios mientras aquellos sin conexiones definidas o ingresos suficientemente previsibles encontrarían mayores dificultades para alcanzar la decisión final de inversión.
Por su parte, Xavier López, de RMM Energy Advisors, identificó tres asuntos decisivos para el próximo Ejecutivo: las subastas del mercado de capacidad, el coste de los servicios de ajuste y la continuidad del parque nuclear.
El nuevo programa socialista aborda los tres ámbitos desde perspectivas diferentes, aunque no ofrece el mismo grado de concreción para cada uno.
Renovables al 81%: acelerar la generación sin perder de vista la demanda
El objetivo más ambicioso aparece en el horizonte de 2030, cuando pretende que el 81% de la electricidad generada en España proceda de fuentes renovables.
Para alcanzarlo, la formación propone priorizar las Zonas de Aceleración Renovable, buscando concentrar el desarrollo de proyectos en emplazamientos compatibles con la biodiversidad, las actividades agroganaderas y el consenso territorial.
La estrategia intenta responder a una dificultad que acompaña al crecimiento del sector: disponer de buenos recursos solares o eólicos no garantiza que un proyecto pueda desarrollarse sin conflictos de uso del suelo, retrasos administrativos o restricciones de evacuación.
Sin embargo, la nueva potencia de generación constituye solo una parte de la ecuación.
El PSOE también plantea extender el autoconsumo y la eficiencia energética en viviendas, edificios públicos, pequeñas y medianas empresas e industrias, con el propósito de aumentar el aprovechamiento de la electricidad renovable dentro de la economía española.
La apuesta consiste en producir más energía limpia, pero también en conseguir que haya más actividades capaces de consumirla.
La comparación con el programa electoral de 2023 muestra una continuidad en los objetivos generales. Entonces, los socialistas ya defendían la identificación de zonas adecuadas para nuevos proyectos, el autoconsumo colectivo y la reforma del mercado eléctrico europeo.
La novedad del documento de 2026 reside en una mayor vinculación entre la expansión renovable, la electrificación de los consumos y el desarrollo industrial.
En paralelo, la formación propone una hoja de ruta para abandonar progresivamente los combustibles fósiles, aunque sin establecer en este apartado un calendario sectorial detallado que permita anticipar cómo se produciría esa sustitución.
Redes eléctricas: la llave para destrabar la nueva inversión industrial
La disponibilidad de infraestructura aparece como uno de los puntos más relevantes del programa, especialmente para las industrias que necesitan ampliar su consumo eléctrico o instalarse en nuevos emplazamientos.
Se propone acelerar la ampliación y digitalización de las redes de transporte y distribución, incrementar su capacidad mediante nuevas inversiones y convocar concursos de acceso para proyectos considerados estratégicos.
La iniciativa contempla instalaciones industriales, tecnológicas y energéticas, además de desarrollos vinculados a la construcción de viviendas.
El planteamiento responde a un cambio de prioridades en el mercado eléctrico español. Durante años, buena parte de la discusión se concentró en cómo incorporar más generación renovable; ahora también resulta imprescindible determinar dónde podrá conectarse la nueva demanda.
De poco sirve disponer de electricidad competitiva si una fábrica, un centro de datos o una instalación industrial no consigue acceder a la potencia que necesita.
En ese sentido, el partido vincula la expansión de las infraestructuras con una futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica, destinada a respaldar las cadenas de valor nacionales y atraer inversiones vinculadas a la electrificación, las baterías, el hidrógeno y otras tecnologías limpias.
También propone movilizar 120.000 millones de euros mediante el Fondo España Crece para respaldar la modernización económica y productiva. Se trata de un instrumento de alcance general, no de una partida reservada exclusivamente al sector energético.
No obstante, el programa no establece plazos específicos para adjudicar nueva capacidad eléctrica ni compromete fechas concretas para la ejecución de las conexiones industriales.
La diferencia entre disponer de una reserva de capacidad y conseguir una conexión operativa seguirá siendo determinante para el calendario de inversiones.
Almacenamiento y bombeo: más flexibilidad, pero ¿con qué ingresos?
El crecimiento renovable obliga a prestar atención a lo que sucede cuando el viento disminuye, desaparece la producción solar o la generación supera temporalmente la demanda.
Para responder a estas situaciones, el PSOE propone acelerar el desarrollo del almacenamiento energético, impulsar la gestión de la demanda y aprobar un plan nacional de bombeo hidroeléctrico.
El documento también contempla ampliar las interconexiones internacionales, una herramienta que permitiría reforzar los intercambios de electricidad y aprovechar mejor los recursos disponibles en distintos mercados.
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Se trata de una evolución respecto de 2023, cuando el programa socialista ya incluía el almacenamiento, la gestión de la demanda y el hidrógeno renovable entre las tecnologías necesarias para avanzar en la descarbonización.
La nueva propuesta incorpora expresamente un plan nacional para el bombeo, aunque no concreta su capacidad objetivo, los proyectos prioritarios ni los mecanismos de financiación.
Para las baterías, la incertidumbre es principalmente económica.
El respaldo político a la tecnología no resuelve por sí solo la necesidad de construir modelos de ingresos que permitan recuperar la inversión y garantizar la rentabilidad de los proyectos.
En ese contexto, el mercado de capacidad constituye una de las principales definiciones pendientes para la próxima legislatura.
El mecanismo fue creado mediante la Orden TED/966/2026, publicada en septiembre, pero su desarrollo operativo y la convocatoria de las primeras subastas siguen siendo cuestiones relevantes para los promotores.
En sus declaraciones previas a Energía Estratégica, José Luis Bernal Albendín consideró posible una primera convocatoria durante 2027, aunque advirtió que el calendario no estaba asegurado.
Xavier López también había señalado la importancia de concretar las condiciones económicas y operativas de las subastas, especialmente para determinar qué tecnologías podrán participar y bajo qué obligaciones.
El programa electoral del PSOE apuesta por acelerar el almacenamiento, pero no fija un calendario para las subastas de capacidad ni define nuevas condiciones de remuneración para las baterías o el bombeo.
Esa ausencia deja una cuestión importante para los inversores: cómo se traducirá el impulso político a la flexibilidad en señales económicas capaces de sostener nuevas decisiones de inversión.
Nuclear: continuidad del calendario y una diferencia de fondo con el PP
Mientras el almacenamiento busca ganar espacio en el sistema, la continuidad de las centrales nucleares vuelve a situarse en el centro del debate energético.
El PSOE mantiene su compromiso de completar el cierre progresivo del parque nuclear hasta 2035, acompañado de proyectos de transición justa para las comarcas afectadas y medidas destinadas a preservar las capacidades tecnológicas y profesionales del sector.
La posición contrasta con la del Partido Popular, que propone eliminar el calendario de cierre de las centrales y tramitar extensiones de su vida útil durante los primeros cien días de Gobierno, siempre sujetas a las autorizaciones correspondientes.
La diferencia es especialmente relevante para la planificación del sistema, ya que afecta a la disponibilidad futura de generación gestionable y al ritmo al que deberán incorporarse nuevas alternativas de respaldo.
El debate tampoco parte de cero.
En agosto, el Gobierno autorizó prolongar la operación de las dos unidades de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, introduciendo una modificación concreta en el horizonte operativo de esa instalación sin abandonar el objetivo general de cierre del parque.
En el programa socialista de 2023 ya figuraba el desmantelamiento ordenado y progresivo de las nucleares, acompañado de la planificación para gestionar los residuos radiactivos.
Por tanto, la orientación política no cambia sustancialmente en 2026, aunque su aplicación deberá convivir con una mayor penetración renovable, nuevas necesidades de flexibilidad y exigencias reforzadas en materia de seguridad del suministro.
¿Podrá España sostener ese calendario sin encarecer los servicios de respaldo y ajuste que necesita el sistema eléctrico?
La respuesta dependerá, entre otros factores, de la entrada efectiva de almacenamiento, la ampliación de las interconexiones y el comportamiento de la demanda.
Hidrógeno, industria y factura eléctrica: las otras piezas del programa
La estrategia socialista también busca reforzar la posición de España como centro europeo de producción y distribución de energía limpia.
Para ello, plantea acelerar la extensión de una red troncal de gasoductos preparados para transportar hidrógeno verde y fortalecer las interconexiones estratégicas con Francia.
La propuesta se integra en una política industrial que pretende desarrollar capacidades nacionales de fabricación de equipos renovables, almacenamiento y acero verde, apoyándose en investigación, transferencia tecnológica y compra pública innovadora.
A ello se suma una nueva Ley de Minas orientada a mejorar la gestión de materias primas minerales y una mayor apuesta por el reciclaje de paneles solares, palas eólicas y baterías para recuperar recursos críticos.
El componente económico también alcanza al consumidor final.
El PSOE propone defender la reforma del mercado eléctrico europeo para trasladar los beneficios de las renovables a hogares y empresas, así como reorientar la fiscalidad para reducir costes y barreras a las tecnologías limpias.
Sin embargo, el documento no especifica qué tributos modificaría ni el alcance económico de esas medidas.
La protección social completa esta orientación mediante el despliegue del Plan Social para el Clima, dirigido a hogares vulnerables, microempresas y usuarios del transporte afectados por los costes de la transición.
Frente al programa de 2023, que ya relacionaba las renovables con la reducción de la factura energética y las oportunidades industriales, el de 2026 amplía esa estrategia hacia las redes, las cadenas de suministro y la autonomía tecnológica.
El PSOE plantea así una continuidad de sus políticas de descarbonización, con nuevas herramientas para reforzar la industria y absorber una mayor producción renovable.
Para el sector energético, las próximas decisiones estarán en la ejecución: cuándo estará disponible la nueva capacidad de conexión, cómo se remunerará la flexibilidad y qué condiciones permitirán transformar los objetivos de electrificación en proyectos financiables.









