Massachusetts endureció las condiciones para el desarrollo de nuevos data centers y exigirá que las instalaciones con una demanda máxima superior a 25 MW cubran el 100% de su consumo anual con energía limpia.
La medida quedó formalizada mediante la Orden Ejecutiva 658, firmada por la gobernadora Maura Healey, y establece que los proyectos deberán demostrar el cumplimiento de esa obligación antes de obtener los permisos estatales.
El esquema contempla dos caminos. Los desarrolladores podrán garantizar suministro limpio suficiente para cubrir toda su demanda o, en caso de no cumplir plenamente con ese requisito, deberán realizar pagos a un Fondo de Protección para los Consumidores, cuyo objetivo será mitigar el impacto de los nuevos consumos sobre las tarifas eléctricas.
“Los centros de datos pueden costear su propia energía limpia e infraestructura, y nos aseguraremos de que así sea”, afirmó Rebecca Tepper, secretaria de Energía y Asuntos Ambientales de Massachusetts.
El nuevo marco se apoya en la política presentada por la administración estatal en junio de 2026, que ya planteaba que los centros de datos debían aportar o financiar suficiente generación limpia para cubrir el 100% de su demanda, priorizando el abastecimiento in situ cuando fuera posible.
La energía utilizada deberá cumplir con los criterios de elegibilidad del Estándar de Energía Limpia de Massachusetts.
El Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts deberá definir antes del 31 de diciembre de 2026 el mecanismo alternativo de pago para los proyectos que no alcancen el nivel exigido de suministro limpio.
Además, el Departamento de Servicios Públicos desarrollará tarifas específicas para grandes cargas con el objetivo de evitar que otros consumidores terminen financiando las ampliaciones de red o la infraestructura necesaria para abastecer a estos proyectos.
La orden también incorpora la evaluación de emisiones de gases de efecto invernadero de los data centers dentro del Plan de Energía Limpia y Clima del estado.
A eso se suman requisitos vinculados con protección de recursos hídricos y atmosféricos y una condición política adicional: ningún proyecto podrá obtener autorización estatal sin el respaldo de la comunidad donde pretenda instalarse.
Healey sintetizó ese criterio con una definición directa: “A menos que una comunidad diga que sí a un centro de datos, nosotros decimos que no”.
Más presión sobre el modelo energético de los data centers
La medida llega en un contexto de fuerte crecimiento de la demanda eléctrica asociada a inteligencia artificial y centros de datos en Estados Unidos.
Según el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, este tipo de instalaciones podría representar hasta el 9% de la generación eléctrica del país en 2030, frente a aproximadamente 4% de la carga total en 2023.
Ese aumento está obligando a los estados a revisar cómo se asignan los costos de nueva generación, transmisión y distribución necesarios para abastecer grandes consumos.
Massachusetts busca que esa expansión no se traduzca automáticamente en mayores costos para el resto de los usuarios.
La nueva normativa también eleva el nivel de exigencia frente al estándar general de energía limpia del estado. Mientras el esquema estatal establece una participación creciente de fuentes elegibles, los centros de datos alcanzados por la orden deberán cubrir la totalidad de su demanda anual con suministro limpio.
El enfoque se suma a otras medidas recientes adoptadas en Estados Unidos frente al crecimiento acelerado de estos proyectos. Texas avanzó con nuevas auditorías para grandes centros de datos, mientras que Nueva York frenó temporalmente desarrollos de 50 MW o más.
En paralelo, el debate empieza a extenderse a otros mercados. Australia prepara un marco que vincula el crecimiento de los data centers con nueva generación renovable y España analiza requisitos de consumo renovable con mayor granularidad horaria.
Con la Orden Ejecutiva 658, Massachusetts busca ir un paso más allá: condicionar la entrada de nuevas cargas de más de 25 MW al respaldo de energía limpia, limitar el traslado de costos a otros consumidores y obligar a los desarrolladores a asumir una mayor parte de la infraestructura que necesitan para operar.