México prepara el terreno para una nueva ola eólica: proyectan 4000 MW bajo esquemas de inversión mixta

Con una industria eólica madura, talento especializado y una cadena de valor consolidada, México se encuentra ante el momento definitivo para acelerar su transición energética. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), el desafío del país radica en capitalizar los nuevos esquemas de inversión y herramientas regulatorias para detonar el crecimiento del sector y responder con velocidad a la creciente demanda de electricidad limpia en el territorio nacional.

Para profundizar en las reglas de esta nueva etapa, la AMDEE generó un espacio de análisis diseñado para examinar los tres pilares que reconfiguran el mercado eléctrico mexicano: la ejecución de la planeación vinculante, la viabilidad de los modelos de inversión mixta y el cumplimiento de las nuevas disposiciones sociales en las regiones con potencial de desarrollo. 

Mauricio Herrera, director adjunto de la AMDEE, explicó que México enfrenta una creciente demanda de electricidad limpia impulsada por el desarrollo industrial, la relocalización de cadenas productivas, la digitalización de la economía y la expansión de los centros de datos, lo que exige ampliar la capacidad de generación y fortalecer la infraestructura eléctrica del país.

Actualmente, la industria eólica mexicana suma 8131 MW de capacidad instalada, opera 76 parques eólicos distribuidos en 16 estados, genera más de 10 mil empleos y produce electricidad suficiente para abastecer aproximadamente 12.1 millones de hogares, evitando además la emisión de 9.59 millones de toneladas de CO₂ cada año.

Trazan la nueva ruta del sector eléctrico con planeación vinculante Para la AMDEE, la planeación vinculante, establecida en la Ley del Sector Eléctrico, no es solo un cambio de forma, sino el pilar estratégico para el futuro energético del país.

Al consolidar una visión de largo plazo que define con precisión las necesidades de generación, transmisión e infraestructura, este mecanismo se convierte en el medio para brindar certidumbre a las inversiones en energía limpia y asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Enrique Guzmán Lara, socio de ENIX, profundizó en los alcances de la planeación vinculante y de los nuevos esquemas de inversión mixta como instrumentos para acelerar el desarrollo de infraestructura eléctrica.

Explicó que estos mecanismos buscan alinear el crecimiento de la generación con las necesidades reales del Sistema Eléctrico Nacional, brindar mayor certidumbre a los proyectos y fortalecer la coordinación entre el Estado y la inversión privada para incorporar nueva capacidad de manera ordenada y eficiente.

Asimismo, se analizaron los avances de las convocatorias emitidas por las autoridades para nueva generación eléctrica y los esquemas de inversión mixta con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la información presentada, estas convocatorias podrían traducirse en 13 nuevos proyectos eólicos, con aproximadamente 4000 MW de nueva capacidad y una inversión estimada de entre 5000 y 6000 millones de dólares durante los próximos años.

Los especialistas coincidieron en que este proceso también requerirá inversiones oportunas en redes de transmisión y almacenamiento de energía para garantizar que la nueva capacidad pueda incorporarse de manera eficiente al Sistema Eléctrico Nacional. Por otro lado, se revisaron los principales alcances de las nuevas disposiciones regulatorias asociadas a la planeación vinculante y a los mecanismos de desarrollo mixto, destacando que estos instrumentos buscan otorgar mayor certidumbre a los procesos de inversión, alineando la participación pública y privada con las necesidades del sistema eléctrico nacional.

Proyectos eólicos de alto valor social

Gabriel Espejel, socio fundador de CARAL y anteriormente de CIIJA, presentó los principales cambios derivados de las nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE), las cuales fortalecen el componente social de los proyectos energéticos al establecer procesos más robustos de participación comunitaria, mecanismos de seguimiento, indicadores de impacto y estrategias de beneficios sociales compartidos. 

Durante su intervención explicó que la nueva regulación tiene como objetivo que los proyectos generen valor de largo plazo en las comunidades mediante acciones orientadas al desarrollo de capacidades locales, el fortalecimiento de cadenas productivas, la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad y la promoción de la justicia energética, entendida como un acceso más equitativo a los beneficios del desarrollo energético

“Los beneficios sociales compartidos no deben entenderse como compensaciones temporales, sino como herramientas para generar desarrollo estructural, fortalecer capacidades locales y construir relaciones de confianza de largo plazo. Los proyectos energéticos son más exitosos cuando las comunidades participan activamente en la definición de su propio desarrollo”, concluyó Espejel.